La Legislatura de la Provincia de Santa Fe decidió suspender por seis meses más y sin goce de sueldo al fiscal Aldo Gerosa por su mal desempeño en el caso de abuso sexual que cometió Marcelo Galaz, ex secretario privado del senador nacional Dionisio Scarpin. La diputada acusadora Erica Hynes había propuesto la destitución.
En una primera instancia, la Comisión de Acuerdos tenía la opción de hacer lugar al pedido de la diputada acusadora Erica Hynes de destituir del fiscal Aldo Gerosa y así lograr una sanción ejemplar. Pero emitió un único dictamen en el que propuso la extensión de la suspensión. Finalmente, este jueves los legisladores santafesinos votaron una medida que -como manifestaron en el recinto- “tiene sabor a poco”. Pero ante la posibilidad de que no hubiera sanción alguna para el fiscal que benefició a un abusador, eligieron lo que parece ser un punto medio: suspendieron a Gerosa por 180 días más y sin goce de sueldo, con la extricta prohibición de acercarse a cualquier oficina pública del Ministerio Público de la Acusación por el plazo de la sanción.
La medida se debe al mal desempeño del fiscal en el caso de abuso sexual que cometió Marcelo Galaz, ex secretario privado del senador nacional Dionisio Scarpin. A finales de abril, Galaz fue condenado en un juicio abreviado a siete años de prisión por abusar de una niña de su familia. Tanto la sobreviviente como su familia y organizaciones feministas de Reconquista, denunciaron la complicidad del fiscal para alterar el curso normal de la investigación. Indicaron que Gerosa y el senador Orfilio Marcón se encontraron para hablar de la causa y de la aspiración del fiscal de convertirse en juez. "Mi abusador llega muy tranquilo [al juicio] sabiendo que usted [Marcón] y los amigos del poder lo protegen", explicó la sobreviviente en un posteo en redes sociales.
La destitución que no fue
Previo a la votación del dictamen de Acuerdos, la diputada Erica Hynes tomó la palabra y explicó por qué era necesaria la destitución del fiscal de su cargo, tal como lo había solicitado. “Esta era una causa muy sensible que requería de especial pericia y de buena calidad del servicio del fiscal por varios motivos: por tratarse de un abuso sexual intrafamiliar contra quien era una niña y también porque ocurrieron en una localidad de tamaño mediano donde todas las personas se conocen y se hace muy difícil mantener la confidencialidad y preservar la identidad de la víctima”, comenzó la diputada. “También porque el acusado, hoy condenado, era en ese momento un funcionario público y muy conocido en la región”, agregó.
Luego, explicó por qué confirmaron el mal accionar del fiscal luego de analizar documentación, videos de audiencias, audios y publicaciones en medios de comunicación. “Se puede notar un quiebre en la estrategia de la fiscalía”, narró Hynes. En el primer tramo de la causa, el fiscal Gerosa había pedido 32 años de prisión para Galaz tras imputarlo como autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por causar daño grave en la salud mental de la niña y promoción de la corrupción de menores.
La diputada destacó que en este momento el fiscal actuó con empatía y mostrando el acompañamiento de la fiscalía a la sobreviviente. “Incluso propuso que la declaración fuera en Cámara Gesell para preservar a la joven a pesar de que ya era mayor de edad”, recordó la legisladora. Luego de la imputación, el fiscal pidió la medida cautelar y a Galaz se le impuso la prisión preventiva por los peligros procesales.
Luego de los primeros meses de la prisión preventiva, se comenzaron a notar cambios y hechos que vulneraron a la sobreviviente. En primer lugar se revisó la medida cautelar y se le otorgó la prisión domiciliaria. “En realidad fue una libertad con restricciones porque Galaz no tenía tobillera ni la prohibición de desplazarse, le dieron una aplicación para el celular en la que tenía que indicar los traslados”, explicó.
La diputada acusadora también remarcó que el 10 de noviembre de 2022 el fiscal Gerosa propuso la firma de un juicio abreviado por seis años de prisión para Galaz en el que también modificó la calificación de los hechos. La sobreviviente lo había aceptado pero después se arrepintió y no lo firmó. “En esta instancia la joven no es informada correctamente pero además se siembran dudas por parte de la fiscalía sobre su posible desempeño en el juicio oral, es decir, respecto a si iba a poder ser convincente su relato”, señaló.
Además de remarcar otras irregularidades en la forma de relacionarse del fiscal con la sobreviviente, Hynes indicó que hay pruebas de que Gerosa atravesaba una situación de estrés laboral y de enojo. “El fiscal regional declaró que Gerosa no supo manejar el problema y estaba enojado porque no pudo ser juez y por eso ocurrió todo esto”, detalló y recuperó un testimonio de Gerosa en los medios en el que nombra a “la política santafesina” y la relaciona con el delito.
Finalmente, en marzo de 2023 y con otro fiscal a cargo, la joven firmó un abreviado por siete años de prisión para su abusador y un resarcimiento económico. “Vemos una causa que inició correctamente, se desvió del camino y empezó a haber cada vez más vulneración de los intereses de la víctima”, expuso la diputada. En esa línea, sostuvo que no hay que confundir la resiliencia y fortaleza de la joven que, acompañada de muchas personas, logró reponerse, sino juzgar el rol malo e insuficiente del Estado que por medio de la fiscalía no le pudo brindar justicia”.
La votación
La Legislatura votó el dictamen de la Comisión de Acuerdos de suspender por seis meses más a Gerosa. Lo hizo con 11 votos afirmativos y cuatro abstenciones de senadores. Además obtuvo 38 votos afirmativos de los diputados. Hynes se abstuvo.
Previo a la votación y la intervención de la diputada acusadora, el diputado Rubén Pirola había solicitado la abstención del bloque justicialista, pero luego de un cuarto intermedio anunció la reformulación de la moción de abstención. “El análisis de las normas hace que quien hoy está acusado quede sin sanción en el caso de que no haya mayoría de votos”, indicó. De esa manera comunicó su abstención y la de Sosa, Rosconi y Traferri. “Queremos dejar nuestra posición política expresada sobre las contradicciones de la oposición, futuro oficialismo, en el trato de causas que tenemos que evaluar”, comenzó y luego indicó que tienen “mayores coincidencias con lo que manifestó la diputada acusadora que con el dictamen que consensuaron en Acuerdos”.
El senador Gramajo apuntó que la sanción de seis meses es grave si se suman a las cuatro meses de suspensión que lleva Gerosa. “En muchas ocasiones hemos cedido para llegar a un consenso y mostrar a la comunidad que esta Comisión está a la altura de las circunstancias”, indicó y agregó que “creemos que acá se hace justicia”. Por lo tanto, anunció su voto afirmativo y el de los senadores Calvo, Baucero y Rabbia. Para que el accionar de Gerosa “no quede en una impunidad”, justificó.
Tras la votación, el diputado Palo Oliver indicó que el tipo de sanción que correspondía era la destitución y que la suspensión tiene “sabor a poco”. “La justicia debe lograr la reparación para las víctimas de cualquier tipo de delito, ni hablar en casos tan atroces como el abuso sexual en el ámbito familiar en reiteradas ocasiones”, describió. “La legislatura debe discutir el alcance de los abreviados, nunca deben ser beneficio para el condenado y perjuicio para la vícima”, añadió. También advirtió sobre la figura del fiscal regional Martínez, quien fue “parte de la cadena y el entramado para beneficiar a Galaz”. Afirmó que no hay dudas de que el cambio de actitud de la fiscalía “tuvo que ver con lo que aparece detrás de las bambalinas y es el objetivo de beneficiar a un abusador sexual”.
Para Oliver el Estado está en deuda con la sobreviviente y por eso le pidió disculpas. “Me animo a decirle que nos debe perdonar, porque el Estado santafesino no estuvo a la altura, hoy nos perdimos una nueva oportuidad de hacer justicia”, concluyó.
La diputada Lucila De Ponti comunicó la adhesión a las palabras de Oliver e indicó que el acompañamiento al dictamen de Acuerdos es porque entienden que debe haber una sanción, más allá de que el relato de la acusadora Hynes dejó claro que la suspensión es insuficiente. “Me pregunto con qué altura moral, con qué competencia moral Gerosa va a volver a ejercer sus funciones y llevar adelante una investigación en la fiscalía regional de Reconquista”, opinó.
El diputado Mayoráz remarcó el procedimiento viciado no solo por parte de Gerosa, sino por el fiscal regional y dos jueces que homologaron el juicio abreviado contra Galaz. Por otro lado, sostuvo que la fiscalía no debe ser la encargada de proteger a la víctima sino el ente defensor de la sobreviviente, que fue quien le recomendó firmar el juicio abreviado. “Más allá de esta sanción debemos revisar los procedimientos, las leyes y las capacitaciones de género a fiscales que deben tener más empatía con las víctimas”, indicó.
Por último, la diputada Agustina Donnet de Igualdad y Participación indicó que adhieren a los dichos de la diputada acusadora y que no comprende “por qué no se está votando la destitución si hay sobradas muestras del mal desempeño del fiscal”. Sostuvo que ambos cuerpos legislativos deberán tomar nota para que esto no vuelva a suceder y para cerrar le dirigió algunas palabras a la sobreviviente que denunció a Galaz: “Le quiero mandar un abrazo y decirle que es una persona muy valiente”.
Autora:Thamina Habichayn
