Se trata de una denuncia que ingresó a la Legislatura sobre las irregularidades de Gerosa en un caso de abuso sexual en Reconquista, iniciado en 2014 y finalizado en 2022 con un juicio abreviado y condena a tres años.
Aldo Gerosa fue sancionado por la Legislatura en diciembre. La Comisión de Acuerdos no hizo lugar al pedido de destitución, pero sí extendió la suspensión por seis meses y sin goce de sueldo. De esa manera, debería cumplir un año de suspensión. Ahora se le suma una nueva denuncia por su accionar en otro caso de abuso sexual en el norte santafesino. Señalan que el mecanismo para encubrir al abusador fue similar al utilizado en el caso Galaz.
Gerosa se desempeñaba como fiscal a cargo de la Unidad Especial de Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Reconquista. En esta nueva denuncia que envió el diputado Palo Oliver a la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Diputados se lo acusa por “incumplimiento de funciones”, además de remarcar que se trata de una “conducta repetita”.
El caso
Nuevamente se cuestiona el accionar del fiscal ante una denuncia por abuso sexual en Reconquista. Una madre denunció a quien era su pareja por abusar de su hija menor de edad en 2014, cuando la niña tenía 13 años. El hecho, según las denuncias, ocurrió en la casa donde todos convivían.
Al tomar conocimiento de la denuncia, el fiscal recolectó las pruebas. Entre ellas, exámenes médicos realizados a la niña y los testimonios de ella y su madre. Desde ese momento, es decir, desde el inicio de la investigación, el accionar de Gerosa no tuvo en cuenta la perspectiva de género. Un ejemplo claro: la entrevista a la menor de edad fue realizada en la comisaría, por policías varones y sin la intervención de psicólogas que pudieran brindar la contención necesaria en un caso de violencia sexual contra una niña de 13 años.
Lo más llamativo es que la audiencia imputativa se realizó tres años después, en octubre de 2017. Durante todo el tiempo que pasó desde la denuncia hasta la imputación, existieron indicios de un mal accionar de la fiscalía.
Imputación lenta
En primer lugar, el fiscal no ordenó ninguna medida contra el hombre denunciado. No fue a prisión preventiva y no tuvo medida de distancia. Por lo tanto, durante esos tres años, se pudo contactar libremente con la sobreviviente y su madre. De hecho, amenazó y amedrentó en varias oportunidades a las mujeres. Incluso llego a ir a la casa donde vivía la niña y donde había cometido los delitos contra ella.
En septiembre de 2015, se solicitó la asistencia psicológica para la niña, pero no se le concedió. En 2016, psicólogas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dieron cuenta de la veracidad del relato de la sobreviviente. En agosto de 2017, Gerosa imputó a la madre de la niña -quien denunció el hecho- como partícipe secundaria de los delitos, aún cuando todavía no se había imputado a la ex pareja.
Recién en octubre de 2017, el hombre denunciado fue imputado pero no quedó en prisión preventiva. Solamente se le puso una medida de distancia por la que no podía ver ni comunicarse con la niña y la madre. En 2020 todas las instancias se habían superado y estaba todo preparado para que comenzara el juicio. En ese momento, Gerosa adelantó que pediría entre 15 y 16 años para el acusado por haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual simple, ambos agravados por el aprovechamiento de la situación de convivencia con la niña.
“Primero demoró la prueba, mientras la denunciante y su grupo familiar recibían presiones políticas para no proseguir con la denuncia”, aclara el documento enviado a Diputados. Y en otro momento se indica que la niña y su madre también fueron amenazadas por quién era el presidente comunal de Los Laureles.
Abreviado para beneficiar al abusador
La segunda declaración de la sobreviviente se realizó el 1 de marzo de 2017 en Cámara Gesell. Ese testimonio se tomó en cuenta para la imputativa y las audiencias previas al juicio. El debate podía comenzar en 2020, sin embargo se fijó una primera fecha para marzo de 2022 y finalmente comenzó en diciembre de ese año. Para esa fecha, la sobreviviente ya era mayor de edad, por lo que debió declarar una vez más ante los jueces y el acusado.
En ese momento y en esas circunstancias propiciadas por la actuación de la fiscalía, Gerosa lanzó la propuesta de un juicio abreviado que le brindara a la joven la posibilidad de no declarar. Además, sostuvo que el acuerdo sería por nueve o diez años de prisión. “Modificó la plataforma fáctica del caso, suprimió la acusación del abuso con acceso carnal y solicitó condena por abuso sexual simple con una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una indemnización de pesos dos millones y medio ($ 2.500.000,00)”, indica la denuncia que presentó Oliver. Al igual que en el caso Galaz, el abusador terminó recibiendo una pena mucho menor a la que le correspondería en un juicio oral.
Además de la disminución en el monto de la pena, se revictimizó a la persona denunciante hasta el cansancio para que termine aceptando cualquier condena posible. “La misma victima, ya mayor de edad, ha manifestado cansancio con la continuidad de esta investigación por su indefinición y la constante revictimizacion que esto le ocasiona y la victima puede decidir (por estar en condiciones de edad e intelectuales) sobre la manera de resolver este, su conflicto, con significación jurídico penal", aclara la denuncia. Y sostiene que Gerosa “ha transformado al procedimiento abreviado en un mecanismo de impunidad apalancado por actores de la política del norte provincial. Es la amenaza más grande para cualquier víctima, como así también para el servicio de justicia provincial”.
Ante una nueva investigación con irregularidades, Oliver remitió la denuncia a la Legislatura y solicitó que se retire el expediente completo del caso en cuestión para tener en sus manos todos los datos. Además, se solicitó la intervención de la Auditoría General de Gestión del MPA.
El antecedente Galaz
La causa anterior por la que se investigó a Gerosa tuvo como protagonista a Marcelo Galaz, ex secretario privado del senador nacional Dionisio Scarpin. En abril de 2023, fue condenado en un juicio abreviado a siete años de prisión por abusar de una niña de su familia.
Intempestivas suspensiones de audiencias, amenazas, maltratos, reuniones sin explicación y sospechosos llamados telefónicos, irregularidades y revictimización de una sobreviviente de abuso sexual. Todo eso denunciaron tanto la sobreviviente, como su familia y organizaciones feministas de Reconquista. Indicaron, también, que hubo accionar de Gerosa para alterar el curso normal de la investigación y que se vinculó con un senador para hablar de la causa y de su aspiración de convertirse en juez.
Por esa causa, la Legislatura lo había suspendido por seis meses en una primera instancia. Luego, la Comisión de Acuerdos agregó seis meses más de suspensión sin goce de sueldo. Previamente y en reiteradas oportunidades, la diputada acusadora Erica Hynes había propuesto destituir al fiscal Gerosa y así lograr una sanción ejemplar.
Autora: Thamina Habichayn
