Además de la imposición de una pena y la prohibición de contacto con la víctima, fue obligado a publicar la condena en su perfil de Facebook.
Una docente santafesina denunció en más de una oportunidad que su ex pareja, un bonaerense al que había conocido por Facebook durante la cuarentena y con quién mantuvo una relación sentimental, comenzó a extorsionarla luego de que ella decidiera dejarlo. La amenaza constante de divulgar información privada convirtió su vida en “un infierno”, algo en lo que hizo hincapié cuando se presentó ante la justicia en la audiencia de la que resultó la prisión preventiva para el hombre.
Este miércoles 21 de diciembre, Sergio Omar Pogonza (63) fue condenado como autor de “tentativa de extorsión”, delito cometido en un contexto de violencia de género. A través de un juicio abreviado, aceptó su culpa, la pena de tres años de prisión en suspenso y las múltiples restricciones a su libertad comprendidas en el acuerdo.
El juez penal Gustavo Urdiales fue quien condenó al técnico en electrónica, tras admitir el procedimiento presentado por la fiscala Alejandra Del Río Ayala y el defensor público Nicolás Mosconi. El proceso breve contó con la conformidad de C.M., la denunciante, y de quienes la acompañaron durante el proceso: la abogada Jaquelina Bussi y la trabajadora social María de los Ángeles Pais, integrantes del estudio jurídico social Lazos.
Hostigamiento
M.C. conoció a Pogonza a través de la red social Facebook, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. Su relación comenzó de forma virtual hasta que la situación epidemiológica mejoró y, con el levantamiento de las restricciones, empezaron a encontrarse personalmente. Fue en ese marco de confianza que la docente, al haberse roto su celular, decidió enviárselo a él para que lo reparara y le facilitó, a tal efecto, la clave de desbloqueo.
En septiembre 2022, la mujer decidió cortar el vínculo. Fue entonces cuando Pogonza comenzó a amenazarla y extorsionarla. Accedió a la nube, desde donde descargó imágenes, videos íntimos e información sensible de M.C, le informó que poseía estos archivos y empezó a exigirle dinero.
Como tenía el celular de la mujer, también tuvo acceso a los contactos y amenazó con difundir estos archivos personales en sus ámbitos familiares, especialmente a su hijo, y laborales, a directivos y estudiantes. La extorsión se fue agravando y se prolongó hasta noviembre.
La primera denuncia realizada por la víctima terminó desestimada. Fue entonces que acudió al estudio Lazos, donde recibió asesoramiento y acompañamiento. Radicaron una nueva denuncia, con la que se aportaron pruebas y se encuadró el accionar de Pogonza en el delito de “extorsión” en contexto de violencia de género.
Allanamiento y detención
La causa comenzó a tramitarse en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), pero luego fue remitida a la Oficina de Delitos Informáticos. El hostigamiento se agravó al punto de que los padecimientos de la víctima comenzaron a manifestarse físicamente y su salud mental se vio gravemente afectada.
Se realizó un allanamiento en el domicilio de Pogonza, en la ciudad bonaerense de Don Torcuato, en el que se lo detuvo y se secuestraron equipos. Tras ser trasladado a Santa Fe, el fiscal Agustín Nigro lo imputó, y el domingo 27 de noviembre el juez Luis Octavio Silva ordenó que permaneciera en prisión preventiva.
Durante esa audiencia, el magistrado escuchó a C.M., quien le relató las consecuencias que el accionar de su ex pareja había tenido en su vida cotidiana y en su salud. Ante la mención por parte de la defensa de que el caso podría cerrarse a través de una probation, Silva recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado expresamente previsto que, conforme a la Convención de Belém do Pará, el Estado Argentino tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo hecho de violencia de género”.
“Acá estamos ante un claro caso de violencia de género”, consideró el juez, tras lo cual citó un fallo en el que la CSJN “ha mantenido una postura reacia a la realización de una probation en este tipo de casos”.
Perspectiva de género
La representante legal de C.M. hizo hincapié en que durante la primera parte de la investigación, “se advirtieron cuestiones en donde el fiscal Nigro no estaba actuando con perspectiva de género, por lo que se hizo un planteo a la Fiscalía Regional. La respuesta fue favorable, y la causa se pasó a la Unidad Gefas, de donde no debería haber salido”.
Con el aval de la denunciante, este miércoles se presentó el acuerdo de juicio abreviado. El juez Gustavo Urdiales condenó a Pogonza, ordenó su libertad y le impuso una serie de restricciones: prohibición de contacto por cualquier medio con la víctima, una medida de distancia de 1000 metros para con ella y su lugar de trabajo, la prohibición de ingresar a la ciudad de Santa Fe, la realización de un taller de reeducación emocional y la obligación de publicar la condena en su perfil de Facebook.
