El fiscal de Reconquista Aldo Gerosa es investigado por su actuación en la causa en la que Marcelo Galaz, ex secretario privado del senador nacional Dionisio Scarpín, fue condenado por abusar de una niña de su familia. Organizaciones feministas denuncian encubrimiento, aprietes y hostigamiento a la sobreviviente.
Intempestivas suspensiones de audiencias, amenazas, maltratos, reuniones sin explicación y sospechosos llamados telefónicos, irregularidades y revictimización de una sobreviviente de abuso sexual. Todo eso denuncian que ocurrió en la causa que investigó a Marcelo Galaz, ex secretario privado del senador nacional Dionisio Scarpin, que a fines de abril fue condenado en juicio abreviado a siete años de prisión por abusar de una niña de su familia.
Tras firmarse el acuerdo entre partes, la sobreviviente –que ahora es mayor de edad– hizo una publicación en sus redes sociales en la que denunció la intromisión del senador provincial Orfilio Marcón ("ahijado" político de Dionisio Scarpin) en la causa que se le siguió a Galaz, como así también la complicidad del fiscal Aldo Gerosa para alterar el curso normal de la investigación. “Se supone que existe la independencia de poderes, por lo cual el legislativo y el judicial no deberían ni conocerse", manifestó la sobreviviente en sus redes sociales. Seguidamente relata que el fiscal Gerosa y Marcón se encontraron para hablar de la causa y de la aspiración del fiscal de convertirse en juez. "Mi abusador llega muy tranquilo [al juicio] sabiendo que usted [Marcón] y los amigos del poder lo protegen", explicó.
Frente a todo lo ocurrido, 25 organizaciones feministas santafesinas emitieron un comunicado para manifestar su malestar con el accionar de la Justicia en complicidad con los demás poderes del Estado en pos de evitar el juicio justo a Galaz. “Se pusieron en funcionamiento vínculos entre los tres poderes del Estado en busca de garantizar la impunidad”, reclamaron. En esa línea, se sumaron al pedido de apartamiento y juicio político al fiscal Aldo Gerosa.
La causa y la condena abreviada
A finales de abril, Marcelo Galaz fue condenado a siete años de prisión en un juicio abreviado en el que admitió haber abusado sexualmente de la niña cuando ella tenía entre cuatro y 10 años y le pidió "disculpas" por los hechos cometidos desde el 2000 hasta el 2006. El acuerdo también incluyó el pago de una indemnización de 6 millones de pesos que el condenado debió saldar a medias el día de la firma del abreviado y que debería terminar de pagar el próximo 29 de mayo, cuando estaba previsto que el juez Santiago Benegas homologara el acuerdo.
En el primer tramo de la causa, el fiscal Gerosa había pedido 32 años de prisión para Galaz tras imputarlo como autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por causar daño grave en la salud mental de la niña y promoción de la corrupción de menores. Finalmente, para cerrar el acuerdo abreviado en siete años de prisión, la Fiscalía accedió al cambio de calificación eliminando los agravantes.
La enorme disparidad entre la primera condena pretendida (32 años de prisión) y la finalmente aceptada llama poderosamente la atención, tanto como todas las irregularidades y hechos cuestionables que ocurrieron durante el trámite de la causa y que fueron y son denunciados por la sobreviviente, su familia y las organizaciones feministas de la región.
“Él llegó al juicio caminando, como cualquier ciudadano común y con la mitad de la indemnización en su poder”, indicó Valeria Niemes, integrante de la Mesa Por Mí, Por Vos, Por Todes Avellaneda, en diálogo con Periódicas. Además, recordó que Galaz transitó la mayor parte de la causa en libertad, beneficiado por cuestiones que atendían a su “salud mental”. “La Justicia libera a una persona que está siendo investigada por hechos gravísimos, pero como tiene poder político y económico, termina recibiendo privilegios”, reclamó.
La intromisión del senador Orfilio Marcón
Además de señalar la actuación de Gerosa, tanto la denunciante como la Mesa que acompañó a la joven en la primera parte de la investigación, pusieron el foco en los vínculos de Galaz con el senador por el departamento General Obligado Orfilio Marcón –quien comparte espacio político con el condenado– y denunciaron su intervención para suspender el juicio y lograr un acuerdo abreviado antes del comienzo de la campaña política de las elecciones venideras.
La sobreviviente envió cartas a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad de Santa Fe para denunciar las comunicaciones entre Gerosa y Marcón, así como también hizo diversas publicaciones en redes sociales en las que hace públicas las denuncias y pruebas de encuentros y llamados telefónicos entre el fiscal y el senador.
“Me dirijo a ustedes para informarles que el senador Orfilio Marcón mantenía contacto y pedía información sobre el proceso a quien era el fiscal de la causa, Aldo Gerosa. Ambos, aunque de diferente manera, reconocieron públicamente que esta comunicación existía por dos motivos: las aspiraciones a juez del fiscal y el interés del senador en que la causa termine en un juicio abreviado”, afirmó en el documento. “En una ocasión, el fiscal Gerosa me hace referencia a que estaba ‘recibiendo llamadas de la política’ y después me nombra puntualmente al senador Marcón”, indicó en la carta.
Ya en diciembre del año pasado la sobreviviente había denunciado la presión que Marcón ejercía sobre el fiscal Gerosa, cuando en una publicación de Instagram hizo referencia a lo ocurrido el 10 de noviembre de 2022, un día antes de la fecha establecida para el juicio oral contra el ex secretario privado de Dionisio Scarpin.
"El 11 de noviembre comenzaba el juicio. Desde hacía meses venía preparándome para llegar lo mejor posible. Lógicamente, me sentía asustada y nerviosa, pero también enormemente aliviada porque comenzaba a cerrarse ese infierno. ¡Qué tonta fui!", lamentó.
Y siguió: “La mañana de ese lluvioso 10 de noviembre salí del Poder Judicial y un rato después, por ‘coincidencias de la vida’ llegó su buen amigo el senador. Enseguida me avisaron que se suspendía el juicio. En ese momento no me dijeron por qué, de hecho, me enteré por los medios del motivo”, reclamó. En el mismo posteo, reveló que esa noche Galaz hizo una fiesta en su casa para celebrar la suspensión del juicio, y más adelante, denunció que el senador Orfilio Marcón participó del evento.
Maltratos y cambios sobre la marcha: las actuaciones de la Fiscalía
Desde la Mesa Por Mí, Por Vos, Por Todes Avellaneda acompañaron a la sobreviviente durante la primera parte de la investigación. Ella se acercó para pedir ayuda y asesoramiento cuando comenzó la investigación, tras realizar la denuncia. Una vez avanzada la causa, tanto la denunciante como las integrantes de la organización feminista hicieron hincapié en las irregulares actuaciones del fiscal Gerosa.
Previo al juicio abreviado y ante las dudas sobre las actuaciones del fiscal, la denunciante y la Mesa se reunieron con la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, Lucila Puyol, que les recomendó elevar una nota al fiscal regional y al fiscal general. “En marzo de este año, ella envió las cartas pidiendo el apartamiento del fiscal Gerosa”, explicó Niemes.
El fiscal regional Rubén Martínez "se reunió con la denunciante y la convenció de que no era conveniente el cambio de fiscal porque iba a retrasar el proceso, aunque sí le indicó que asignaría a otro fiscal –Juan Marichal– para que trabajara junto a Gerosa en el caso”, explicó la integrante de la Mesa. “Esto es algo que no debería pasar, ¿por qué la víctima tiene que comprender los tiempos de la Justicia?”, cuestionó.
Finalmente, la familia de la denunciante decidió asesorarse con un abogado, que les recomendó continuar su camino tomando distancia de la Mesa. “Notamos nuestro corrimiento y lo respetamos, pero luego nos enteramos de que habían firmado este acuerdo abreviado”, relató Niemes. Además, contó que el día del acuerdo, el fiscal Gerosa no se presentó en la audiencia, sino que estuvo presente Marichal.
Desde la organización expresaron que respetan la decisión de la denunciante, pero también advirtieron que “llega a acordar un juicio abreviado forzada por todo lo ocurrido”. Para Niemes, la causa se manejó sin perspectiva de género. “Le implantaron la duda: le dijeron que había posibilidades de que no ganara un juicio oral y la enfrentaron a la interrogación”, destacó. El deterioro de la salud mental, el cansancio, la decepción y el agotamiento son factores que influyeron en la denunciante.
La actuación del MPA Reconquista, en la mira
El 17 de mayo, el diputado Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de comunicación para que la Cámara de Diputados requiera de manera oficial al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que informe sobre la investigación de las actuaciones del fiscal regional Rubén Martínez y de los fiscales Gerosa y Marichal. Señaló que habría una supuesta red de protección de Galaz, denunció una serie de hechos graves desde el punto de vista institucional y pidió explicaciones por la intervención del senador provincial Orfilio Marcón en el caso.
Días más tarde, Leandro Mai, el auditor del MPA, ingresó un informe a la Legislatura sobre el accionar de Gerosa en la causa y solicitó abrir un proceso y aplicar la sanción necesaria. Entre los cuestionamientos del auditor, están el otorgamiento de la prisión domiciliaria, los malos tratos para con la denunciante y el acuerdo abreviado.
El juez que aceptó el acuerdo, también cuestionado
Otro capítulo en la investigación se abrió luego de las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, quien a finales de abril confirmó que iba a analizar las actuaciones del juez Santiago Banegas quien dio el visto bueno al acuerdo abreviado. “Queremos ver las responsabilidades del magistrado al aprobar un acuerdo de partes de este tipo”, señaló en declaraciones mediáticas.
También en diálogo con la prensa, el juez Banegas indicó que iba a correrse del caso en el que debía decidir sobre la legalidad del acuerdo abreviado entre las partes. “(La decisión de Barraguire) me coloca en una encrucijada de la que no puedo salir indemne, careciendo de libertad para fallar conforme a mi leal saber y entender. Es por ello que corresponde inhibirme”, argumentó el magistrado, y aseguró que los dichos del procurador lo condicionaban a la hora de dictar sentencia y lo ponían bajo “presiones indebidas”.
Esto genera una nueva dilación en la causa. El acuerdo entre partes debía homologarse este 29 de mayo, algo que ya no va a suceder, al menos en la fecha prevista.
La sobreviviente lo dijo en más de una oportunidad y en el abreviado también, ella agradeció a Banegas porque fue el único que la escuchó y atendió”, remarcó Niemes, integrante de la Mesa, y advirtió que ahora se está revisando tanto la actuación del juez como del fiscal. “¿Qué pasa si esto vuelve a foja cero? ¿Ella (la sobreviviente) tiene que volver a someterse a todo esto?”, fustigó.
Autora: Thamina Habichayn
