Dos denuncias contra el fiscal de delitos sexuales Aldo Gerosa, que fue reincorporado en junio, acusaciones contra el fiscal regional por dilataciones en otra causa de abuso y un funcionario del MPA que responde que las demoras en una investigación se deben a que “la víctima nunca concurrió a quejarse”. Ante todo eso, la fiscala general del MPA envió a una fiscala de GEFAS a supervisar todas las investigaciones.
Todas las causas sobre delitos sexuales que se tramitan en Reconquista serán revisadas. Esto se debe, según explicó la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) María Cecilia Vranicich, a las “crisis en desempeños y procesos” que se denunciaron en la Unidad Fiscal Cuarta. Es que Aldo Gerosa, el fiscal encargado de la dependencia de delitos sexuales, fue suspendido por un año y, antes de que se termine el plazo de sanción, recibió otra denuncia. Además, el propio fiscal regional Rubén Martínez fue apartado de una investigación por abuso sexual por demorar cuatro años en avanzar con su trabajo.
Vranicich dispuso que la fiscala Alejandra Del Río Ayala supervise por 90 días todas las causas que están en curso en la Unidad de Delitos Sexuales. Deberá “abordar cada una de las investigaciones sobre casos de delitos contra la integridad sexual con perspectiva de género y perspectiva de víctimas (ley 14.181) y una proyección sobre la resolución de los mismos”, según aclaró la fiscala general del MPA.
“Es de público conocimiento que en la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo fiscales en relación a investigaciones de delitos contra la integridad sexual”, indicó Vranicich.
“Uno de los lineamientos de persecución penal priorizados por la Fiscalía General es el de los delitos relacionados a la situación de las víctimas: femicidios, violencias de género y sexuales, delitos que afecten a niños, niñas y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad y delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar”, sostuvo. Por ese motivo, la encargada será la fiscala Del Río Ayala, de larga trayectoria en la investigación de este tipo de delitos y quien integró la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) desde su surgimiento.
Según establece la resolución, la fiscala deberá estudiar los legajos de investigación relacionados a la temática y efectuar una proyección de resolución sobre cada investigación y, en su caso, solicitar instrucciones particulares a la fiscala general. Contará con el apoyo de la Fiscalía General, a través de la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos, la Secretaría General y la Administración General.
El MPA informó que además de esta supervisión, también se realizan tareas de monitoreo sobre la dependencia como parte de la Auditoría General de Gestión.
Gerosa reincorporado
El fiscal Aldo Gerosa era quien estaba a cargo de la Unidad de Delitos Sexuales de Reconquista y los diputados y senadores santafesinos decidieron suspenderlo durante un año de su puesto tras una auditoría del fiscal Leandro Mai y una investigación que demostró su mal accionar en una causa por abuso sexual en la que favoreció al abusador que terminó con un juicio abreviado y una pena mínima.
En este punto, es importante destacar que los legisladores tenían la posibilidad de darle una sanción más severa, como la destitución que había propuesto la diputada acusadora Erica Hynes. Sin embargo, optaron por una medida más leve y lo sancionaron primero por seis meses y luego por otros seis meses más y sin goce de sueldo.
Como estaba previsto, este 1 de junio finalizó la sanción para Gerosa y el fiscal volvió a su puesto de trabajo en la Unidad Regional Cuarta, pero con la prohibición de investigar casos relacionados a delitos sexuales. Incluso si es el fiscal de turno, no puede interceder en este tipo de causas.
Pero más allá de la primera causa y su sanción, antes de terminar el plazo de suspensión Gerosa recibió otra denuncia. Esta vez por parte del diputado Fabián Palo Oliver ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Diputados, en la que se lo acusa por el “incumplimiento de funciones” al llevar adelante un mecanismo para encubrir al abusador, algo similar a lo que ocurrió con el caso anterior.
Tanto la denuncia de Palo Oliver a Gerosa como una nueva denuncia efectuada contra la fiscalía de Reconquista por demoras en una investigación, también sobre abuso sexual, son actualmente analizadas por el fiscal auditor Leandro Mai.
La denuncia contra el fiscal regional
La tercera acusación en la Unidad Fiscal Cuarta es específicamente contra el fiscal regional Rubén Martínez. El 22 de mayo, Natalí Romero, una vecina de Reconquista lo denunció por una causa que “está parada hace cuatro o cinco años”. Se trata de una denuncia que fue efectuada en 2020, por la que N.A.G. fue imputado y era investigado por abusar de las dos hijas de su pareja cuando eran menores de edad. “Luego de que radicara la denuncia por las demoras, la causa se volvió a mover”, indicó Romero en diálogo con Reconquista Hoy y agregó que “el imputado era el albañil del senador Ofilio Marcón”.
Por esa causa, en 2020 solo se realizaron las imputaciones y se concretaron las declaraciones en Cámara Gesell de las niñas menores de edad. Pero desde entonces no se hizo nada más, incluso reclaman que las sobrevivientes debieron seguir conviviendo con el supuesto abusador.
Tras conocerse esta situación, Martínez fue suspendido e inhabilitado para actuar en esta causa y quedó a cargo Jorge Nessier, como fiscal regional.
Al respecto, Martínez aclaró que antes de ser fiscal regional había estado a cargo de esa denuncia, por lo que su apartamiento “corresponde” y es “algo habitual dentro del funcionamiento del MPA”. Sostuvo que es normal que haya gente disconforme con el trabajo de un fiscal pero indicó que en este caso “la víctima nunca concurrió a quejarse”. En la misma entrevista que brindó al medio Reconquista Hoy pidió que “las víctimas que tienen algún tipo de queja se presenten ante el fiscal y con copia de ese escrito al regional para que ese expediente se priorice".
La primera denuncia a Gerosa
Gerosa fue suspendido tras una primera denuncia por su mal accionar en una causa que tuvo como protagonista a Marcelo Galaz, ex secretario privado del senador nacional Dionisio Scarpin. En abril de 2023, Galaz fue condenado en un juicio abreviado a siete años de prisión por abusar de una niña de su familia.
Intempestivas suspensiones de audiencias, amenazas, maltratos, reuniones sin explicación y sospechosos llamados telefónicos, irregularidades y revictimización de una sobreviviente de abuso sexual. Todo eso denunciaron tanto la sobreviviente, como su familia y organizaciones feministas de Reconquista. Indicaron, también, que hubo accionar de Gerosa para alterar el curso normal de la investigación y que se vinculó con el senador Ofilio Marcón para hablar de la causa y de su aspiración de convertirse en juez.
La segunda denuncia a Gerosa
Esta segunda denuncia se trata de una investigación que comenzó en 2017 cuando una madre de Reconquista denunció a quien era su pareja por abusar de su hija menor de edad en 2014, cuando la niña tenía 13 años. El hecho, según las denuncias, ocurrió en la casa donde todos convivían.
Al tomar conocimiento de la denuncia, el fiscal Gerosa recolectó las pruebas. Entre ellas, exámenes médicos realizados a la niña y los testimonios de ella y su madre. Desde ese momento, es decir, desde el inicio de la investigación, el accionar de Gerosa no tuvo en cuenta la perspectiva de género. Un ejemplo claro: la entrevista a la menor de edad fue realizada en la comisaría, por policías varones y sin la intervención de psicólogas que pudieran brindar la contención necesaria en un caso de violencia sexual contra una niña de 13 años.
Lo más llamativo es que la audiencia imputativa se realizó tres años después, en octubre de 2017. Durante todo el tiempo que pasó desde la denuncia hasta la imputación, existieron indicios de un mal accionar de la fiscalía.
En primer lugar, el fiscal no ordenó ninguna medida contra el hombre denunciado. No fue a prisión preventiva y no tuvo medida de distancia. Por lo tanto, durante esos tres años, se pudo contactar libremente con la sobreviviente y su madre. De hecho, amenazó y amedrentó en varias oportunidades a las mujeres. Incluso llego a ir a la casa donde vivía la niña y donde había cometido los delitos contra ella.
En septiembre de 2015, se solicitó la asistencia psicológica para la niña, pero no se le concedió. En 2016, psicólogas del MPA dieron cuenta de la veracidad del relato de la sobreviviente. En agosto de 2017, Gerosa imputó a la madre de la niña -quien denunció el hecho- como partícipe secundaria de los delitos, aún cuando todavía no se había imputado a la ex pareja.
Recién en octubre de 2017, el hombre denunciado fue imputado pero no quedó en prisión preventiva. Solamente se le puso una medida de distancia por la que no podía ver ni comunicarse con la niña y la madre. En 2020 todas las instancias se habían superado y estaba todo preparado para que comenzara el juicio. En ese momento, Gerosa adelantó que pediría entre 15 y 16 años para el acusado por haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual simple, ambos agravados por el aprovechamiento de la situación de convivencia con la niña.
“Primero demoró la prueba, mientras la denunciante y su grupo familiar recibían presiones políticas para no proseguir con la denuncia”, aclara el documento enviado por Palo Oliver a la Cámara de Diputados. Y en otro momento se indica que la niña y su madre también fueron amenazadas por quién era el presidente comunal de Los Laureles.
La segunda declaración de la sobreviviente se realizó el 1 de marzo de 2017 en Cámara Gesell. Ese testimonio se tomó en cuenta para la imputativa y las audiencias previas al juicio. El debate podía comenzar en 2020, sin embargo se fijó una primera fecha para marzo de 2022 y finalmente comenzó en diciembre de ese año. Para esa fecha, la sobreviviente ya era mayor de edad, por lo que debió declarar una vez más ante los jueces y el acusado.
En ese momento y en esas circunstancias propiciadas por la actuación de la fiscalía, Gerosa lanzó la propuesta de un juicio abreviado que le brindara a la joven la posibilidad de no declarar. Además, sostuvo que el acuerdo sería por nueve o diez años de prisión. “Modificó la plataforma fáctica del caso, suprimió la acusación del abuso con acceso carnal y solicitó condena por abuso sexual simple con una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una indemnización de pesos dos millones y medio ($ 2.500.000,00)”, indica la denuncia que presentó Oliver. Al igual que en el caso Galaz, el abusador terminó recibiendo una pena mucho menor a la que le correspondería en un juicio oral.
Además de la disminución en el monto de la pena, se revictimizó a la persona denunciante hasta el cansancio para que termine aceptando cualquier condena posible. “La misma victima, ya mayor de edad, ha manifestado cansancio con la continuidad de esta investigación por su indefinición y la constante revictimizacion que esto le ocasiona y la victima puede decidir (por estar en condiciones de edad e intelectuales) sobre la manera de resolver este, su conflicto, con significación jurídico penal", aclara la denuncia. Y sostiene que Gerosa “ha transformado al procedimiento abreviado en un mecanismo de impunidad apalancado por actores de la política del norte provincial. Es la amenaza más grande para cualquier víctima, como así también para el servicio de justicia provincial”.
Escribe. Se especializa en policiales y judiciales.
