Tras conocerse la condena por abuso hacia una menor por parte del kinesiólogo Mariano Scali, entre algunos de sus colegas y familiares surgieron "preocupaciones" y reclamos a la justicia. Cuál fue la postura del colegio que los agrupa y qué dice la fiscal del caso, Alejandra Del Río Ayala.
El 4 de abril de 2018, el kinesiólogo Mariano Scali de 29 años abusó de una menor en una clínica céntrica de la ciudad de Santa Fe donde prestaba servicio. El hecho fue judicializado y en octubre de 2019 se dictó la condena a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la profesión. El 13 de mayo de este año, la justicia en segunda instancia confirmó la sentencia que lo considera culpable de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una paciente menor de edad.
¿Qué ocurre en un ámbito profesional cuando dentro de su seno se verifica un hecho como el relatado? En este caso, conocida la ratificación de la condena, algunos kinesiólogos manifestaron “preocupación y miedo” y elevaron una nota al Colegio que los agrupa. En ella manifestaron la necesidad de poder trabajar “cómodos y tranquilos” e hicieron referencia a una profesión que los encuentra “muy expuestos”. Después de una reunión virtual con los firmantes del petitorio, el colegio elaboró 'Recomendaciones generales en la atención de pacientes'. La actitud del organismo ante el delito cometido por uno de sus asociados resulta, cuanto menos, llamativa.
Preocupaciones y recomendaciones
La sentencia del caso Scali despertó inquietudes en sus colegas, expresadas en medios periodísticos y a través de pedidos a la institución que los nuclea. En diálogo con Periódicas, Javier Ragogna, director del Colegio de Kinesiólogos de Santa Fe señaló que el órgano se mantuvo al margen del proceso y que fueron respetuosos de la justicia.
En relación a las recomendaciones elaboradas, Ragogna buscó explicar: “En base a esa comunicación y a esa reunión que se tuvo, posteriormente se hicieron algunos lineamientos que son muy básicos que se dieron en una circular interna del colegio, como dando recomendaciones para el trabajo tranquilo de la profesión. Básicamente cosas muy claras, muy concisas, muy sencillas y obviamente que guarden el secreto profesional. Por ejemplo, recomendaciones de atender a menores con un mayor presente para que, insisto, el profesional desarrolle su actividad en forma cómoda y no verdaderamente asustado”.
Entre las recomendaciones también se menciona "procurar que las personas sean atendidas por profesionales del mismo sexo" y que "cuando las maniobras kinésicas se deban realizar en proximidad con zonas íntimas de las personas, previo a la atención se consignará claramente en el consentimiento informado el tipo de manipulaciones a realizar y las zonas involucradas".
Por su parte, en una entrevista radial, Eduardo Eberhardt, kinesiólogo y uno de los profesionales que manifestaron su preocupación al Colegio, se mostró interesado en contar con un “amparo” que los cubra legalmente en casos como el llevado ante la justicia. “Nosotros en la profesión estamos muy expuestos -manifestó- por distintas técnicas que uno aplica”.
Para Eberhardt, en el caso sólo tuvo peso “el testimonio de la otra persona y se presta a malintencionar capaz el hecho o lo que sea, entonces esa es nuestra preocupación”. El kinesiólogo manifestó haber seguido el proceso de cerca y dijo tener su propia opinión “más allá de lo que decidió la justicia”. ¿Usted cree que no hubo abuso?, le preguntaron los periodistas. “En mi opinión, no”, respondió.
En los últimos días a estas declaraciones se sumaron notas en diarios locales de un grupo autodenominado Movimiento Profesionales Víctimas de Denuncias Falsas que considera que fiscales y jueces "toman sólo la palabra de las denunciantes como valoración de la verdad".
Cabe destacarse que la condena a Scali fue firmada por el tribunal oral a cargo de Nicolas Falkenberg, Jorge Patrizi y Pablo Busaniche. Los camaristas Fernando Gentile Bersano, Pablo Mudry y Alejandro Tizón, en segunda instancia, ratificaron la sentencia. Por unanimidad, seis jueces encontraron evidencias suficientes para dictar el fallo de prisión e inhabilitación profesional.
Los estereotipos en los juicios de abuso
Consultada sobre la condena a Scali y las repercusiones dentro de los colegas, la fiscal interviniente Alejandra del Río Ayala señaló: “Dicen 'no queremos que nos pase más esto'. Esto no fue un error, no fue descuido ni mala praxis. Esto fue un abuso sexual. En el abuso sexual hay una intención del abusador de vulnerar la integridad sexual de una persona a través de un sinnúmero de modalidades”.
La fiscal destacó el hecho de que la existencia de delito hubiera sido dictaminada por un tribunal y confirmada en segunda instancia. Sobre las dudas planteadas desde la profesión del hombre condenado y las particularidades de la misma, señaló que “no hay consentimiento válido en la práctica médica que después pueda dispensar una cuestión penal si se comete un delito”.
Sobre la ausencia de testigos directos o el hecho de que la víctima no pidiera auxilio en el momento, ambas situaciones marcadas por colegas de Scali, la fiscal expresó: “No hubo testigos directos porque en el espacio en el que ocurrió estaban solos. Hay un montón de cuestiones que juegan de manera muy particular para que una persona reacciones de una manera u otra. No hay una reacción esperable, lógica o que responda a una realidad determinada. Cada uno reacciona como puede”. Y en relación con la afirmación de que nadie escuchó ni vio nada, señaló: “Es lógico porque son delitos que ocurren en la intimidad”.
En su explicación, la fiscal subrayó que todo lo relatado por la víctima fue probado y que las lesiones verificadas por profesionales médicos son concordantes con lo descripto. Según manifestó, el caso Scali no marcó un antes y un después en relación a lo que es el relato de la víctima y su valoración sino que hubo una prueba contundente. “En todos los casos de abusos los defensores plantean más o menos lo mismo: 'Con un relato se condena'. Falso. Son muchas las causas que se desestiman y no se desestiman porque no le creemos a la víctima. Se desestiman porque no se encuentra la prueba suficiente como para arribar al grado de certeza que exige una condena (...) Una tiene la obligación, porque lo dice el código, de llevar los casos que puede probar. ¿Cuál es la prueba? ¿El relato de la víctima? No. Si fuera sólo el relato de la víctima tendría que llevar absolutamente todos los casos y listo, tendríamos a media ciudad condenada. Todos los días entran casos y muchos de ellos son muy graves".
La postura de quienes mostraron descreimiento y preocupación por el resultado del juicio, tuvo entre sus ejes el hecho de que el acusado haya sido un profesional. "Es recontra prejuicioso pensar que porque él es profesional no es un abusador. No hay un perfil del abusador”. expresó Del Río Ayala. En relación a los estereotipos que suelen aparecer en este tipo de juicios, señaló que la fiscalía está trabajando por cambiar esa mirada.
Otros criterios y una propuesta
Poco antes de la publicación de esta nota, llegó a Periódicas la postura diferenciada de un grupo de más de 20 kinesiólogos y kinesiólogas de la ciudad. Estos profesionales presentaron al Colegio que los representa sus discrepancias con las declaraciones antes dadas a conocer por colegas sobre el caso Scali y la profesión. “Manifestamos nuestra preocupación por el hecho de relacionar lo sucedido con los riesgos a los que estamos expuestos. Planteamos que esa relación es a nuestro criterio mal intencionada, peligrosa, irresponsable y perjudicial para quienes ejercen con ética profesional, respeto y cuidado hacia las personas que concurren a la consulta”.
Los firmantes destacaron que el hecho cometido por Scali no tiene que ver con el normal desempeño de su rol y buscaron diferenciarse de las expresiones públicas de algunos colegas. “Consideramos como única víctima a la menor abusada” señalaron.
Como propuesta sugirieron organizar formaciones en temas de género y violencia contra las mujeres dirigidos a kinesiólogos de la institución. En respuesta, el Colegio aclaró que no le corresponde a la institución “expedirse en controversia o apoyo a manifestaciones personales sobre un caso penal”. Y quedaron a disposición para considerar la propuesta de capacitación en género mencionada en la nota.
Casos de violencia machista judicializados son los temas que convocan a esta dupla a trabajar en equipo.
