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Al final la casta eran las políticas de Género

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La motosierra goza de perfecta salud y anduvo de paseo por Santo Tomé y Gálvez. Ambos municipios recibieron el 2024 ajustando en la planta de trabajadores con despidos masivos. En Santo Tomé echaron a la mitad de la coordinación de Género y Diversidad. En Gálvez el recorte se llevó puestas a 56 personas, entre las que están dos trabajadoras trans de planta que habían ingresado por la ordenanza de Cupo Laboral Trans. Ambos municipios, gracias a los reclamos gremiales, revirtieron parcialmente sus decisiones.
Victoria Stéfano

Una manifestante lleva la consigna "Ni una menos" escrita en la espalda. Autora: Gise Curioni

El 29 de diciembre pasado 53 trabajadores del municipio de Santo Tomé fueron notificados de palabra sobre su cesantía laboral a partir del 31 del mismo mes. En esta situación se encontraron también, el pasado lunes, 56 personas que prestaban servicios en el municipio de Gálvez, en el centro-sur de la provincia.

En el municipio santotomesino el impacto alcanza a los equipos que prestan asistencia a víctimas de violencias por motivos de género y a diversidades sexuales. El intendente Miguel Weiss Ackerley (Cambiemos), explicó a través de su cuenta de Instagram que, según él, lo que sucedió es que el 31 de diciembre de 2023 culminaban esas contrataciones y la municipalidad procedió simplemente a avisar a los cesanteados en un "gesto de buena fe".

Las y los despedidos, junto a familiares, se presentaron en la oficina del intendente para pedir explicaciones al respecto. Luego de la reunión Weiss Ackerley publicó un reel dando su versión de la situación remarcando "que no es la manera de reclamar" y agregó que "vinieron de manera violenta", "golpeando muebles" y que "hubo faltantes de elementos".

El mismo día se había reunido con Asteom, el gremio de trabajadores municipales santotomesinos, por la misma causa, y se comprometió a recibirlos el martes 2 de enero, luego de una asamblea con los trabajadores, pero no los recibió.

Asteom hizo una presentación por escrito a la intendencia con copia al Ministerio de Trabajo, que inmediatamente los convocó a una audiencia de conciliación para el jueves 4. El viernes el municipio acercó la propuesta de reincorporar a cinco de los 53 despedidos, lo que el gremio señala como insuficiente y se comprometieron a presentar una propuesta superadora al miércoles siguiente. Por fuera de las audiencias, el municipio, intempestivamente, convocó a cinco de los despedidos, ninguno de la coordinación de Género, para que reanudaran sus tareas, incumpliendo con la legislación que prevé estas negociaciones en el marco del Ministerio de Trabajo provincial.

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En lo operativo, el martes 9 las y los trabajadores despedidos se acercaron a sus espacios de trabajo y comprobaron que efectivamente ya no figuraban en los registros como tales. Entre tanto, el municipio le prohibió al gremio acercarse a los espacios laborales, amenazando con "descuento de días y presentismo a todos los trabajadores que adhieran al paro" y la solicitud a jefes de área de "listados de quienes adhieren y quienes no adhieren al paro en los lugares de trabajo", según declaró a Periódicas Gabriel Benassi, secretario general adjunto de Asteom.

Los trabajadores y trabajadoras sostienen que ninguno de los contratos cesados tienen menos de seis meses, otro de los argumentos sostenidos por Weiss Ackerley. En cuanto a las trabajadoras de la coordinación de Género y Diversidad, específicamente, las profesionales son una psicóloga con siete años de servicio y dos abogadas que alcanzan los cuatro. Tan solo el año pasado esa oficina brindó un total de 1372 atenciones y sostuvieron 493 acompañamientos a mujeres y diversidades sexuales.

Sin escrúpulos

Las medidas del ejecutivo municipal entran en colisión directa con dos normativas, la ordenanza de 2018 que crea un Área de Género en el marco del gobierno de la localidad, y la ordenanza de 2021 que dispone de cinco vacancias de planta permanente para darle estabilidad a las trabajadoras que se desempeñan en esa dependencia.

En los hechos las trabajadoras fueron notificadas de su despido por una de sus compañeras, mientras el municipio desconoce los pasos administrativos de renovación automática que rige a las órdenes de trabajo, la instancia previa a la planta, que es la situación en la que se encontraban estas trabajadoras.

De momento el equipo que sigue en pie cuenta con dos trabajadoras sociales y una psicóloga, que divide su jornada entre la contención a víctimas por violencias por motivos de género y el servicio de niñez del municipio santotomesino. Se suspendieron los contraturnos, que eran la oportunidad ideal para que las personas LGBT pudieran acercarse sin mayores inconvenientes al espacio para solicitar asistencia y acompañamiento, y el teléfono de guardia institucional quedó en manos de Andrea Mansilla, secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental del municipio, integrante del espacio político evangélico Inspirar, del diputado provincial antiderechos Juan Argarañaz.

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El martes fue convocada desde dicha Secretaría una de las trabajadoras despedidas que tiene vínculos con la organización evangelista que integra Mansilla. Durante el encuentro le ofrecieron reincorporarse como trabajadora dentro de la Coordinación, espacio que había integrado en 2018, tras lo que se desempeñó en otra área del municipio.

Finalmente este jueves, gracias a los reclamos gremiales y la organización de los trabajadores, desde la Secretaría de Desarrollo Humano de la localidad se pusieron en contacto con tres de las cuatro trabajadoras cesanteadas para su reincorporación.

Autora: Priscila Pereyra

En Gálvez

En la localidad de Gálvez fueron 56 los trabajadores y trabajadoras de programas y de planta permanente que el lunes 8 recibieron la notificación formal de su cesantía. Mariano Busso (Unión Cívica Radical) basa su decisión en la supuesta "ilegalidad" en la que se dieron esos procedimientos administrativos.

La nueva gestión había anunciado una revisión de la antigüedad de efectivización de los pases a planta, pero fue totalmente sorpresiva la espontaneidad y el alcance de la decisión.

Dentro de las personas despedidas están dos trabajadoras que habían ingresado a planta en 2023, en el marco de la ordenanza municipal de adhesión al Cupo Laboral Trans establecido por ley en la provincia, que fue aprobada en 2022.

Desde Seom Galvez, el gremio de trabajadores municipales de esa ciudad, se impulsaron medidas de fuerza y reclamos bajo la órbita del Ministerio de Trabajo provincial, al tiempo que se impulsó la discusión sobre un proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo que deja sin efecto los ingresos a planta del municipio durante un año y prevé una emergencia económica para la ciudad.

Avances

Tras la última audiencia celebrada este lunes entre el Seom, el Ministerio de Trabajo y el Ejecutivo municipal, las partes avanzaron en buenos términos hacia un acuerdo para reincorporar a los trabajadores y trabajadoras despedidos bajo la figura de contratados, según revelaron a Periódicas fuentes gremiales.

La reunión para firmar el compromiso entre las partes está prevista para la semana que viene, cuando se producirán también las reincorporaciones y la reanudación de tareas.