Este miércoles se hizo oficial el decreto que lleva la firma de gobernador Maximiliano Pullaro que deja sin efecto el pase a planta efectuado en diciembre. Ayer se realizó una conferencia de prensa para visibilizar la situación y exigir la toma posesión de los cargos. Se trata de un claro retroceso en materia de políticas de género en la provincia. Otros 130 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación también fueron desvinculados.
Este miércoles por la mañana se hizo público el Decreto N°0012 que deja sin efecto el Decreto N°2873/23 que firmara el pasado 6 de diciembre el entonces gobernador Omar Perotti. De esta manera, 24 trabajadoras y trabajadores del anterior Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad (actualmente Secretaría) que habían pasado a planta permanente transitoria fueron dejados sin trabajo. Lo mismo ocurrió con 130 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación.
Según el decreto, la Comisión Revisora aconsejó dejar sin efecto los pases a planta justificando que“los 24 trabajadores y trabajadoras no tomaron posesión del cargo, en consecuencia no se los puede considerar aún como planta permanente”.
Otra de las justificaciones es que Walter Agosto, ex titular de la cartera económica provincial, no firmó el decreto de pase a planta: “No contó con la firma del ministro de Economía, que según la mirada de la comisión revisora es obligatoria para estos casos”, reza el decreto que los deja sin efecto.
Por último, expresa que esos empleados y empleadas “no tenían vínculo previo con la Provincia, en tanto habían ingresado en el marco de un convenio con la Universidad de Rafaela, por lo cual no les correspondería el pase a planta”.
La voz de las trabajadoras y trabajadores
Un día antes de conocerse este decreto, los trabajadores y las trabajadoras realizaron en una conferencia de prensa ante la alarmante situación que viven 24 de elles. El pasado 12 de enero fueron informados de manera informal que debería dejar de acudir a su lugar de trabajo. Vale resaltar que todos ellos pasaron a planta permanente con carácter provisorio mediante el cumplimiento del Decreto N° 2873/23 por la Dirección General de Administración y que integran los equipos de Ley Micaela y Masculinidades. La convocatoria fue acompañada por los gremios estatales Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y se desarrolló en la sede de la Secretaría en Santa Fe (Corrientes 2879).
Al respecto, Carolina Falbo de ATE, manifestó que "los compañeros vienen trabajando en modalidad contrato con la Universidad Nacional de Rafaela (UnRaf), estuvimos remando para que salga el pase a planta cuando siempre estuvieron dadas las condiciones, recién el 7 de diciembre salió el decreto. Aún no tomaron posesión de sus cargos y es lo que estamos reclamando. El 29 de diciembre un grupo de compañeros presentó el pedido de toma de posesión, los trabajadores vienen todos los días, cumplen las mismas funciones que venían desarrollando y con el contrato vigente al 15 de diciembre que es lo que la paritaria exigía. El 9 de enero se hizo el pedido por telegrama, aún no tuvimos respuestas y, en ese tramo, presentamos tres recursos de amparo en Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto".
Y agregó: "Esto es muy grave, desconocer la ley paritaria hoy [afecta] la toma de posesión de los compañeros, pero mañana puede ser no reconocer la cláusula de revisión. Es importante que todos tomemos conciencia porque estamos perdiendo derechos. Muchas somos militantes feministas y que el Ministerio se degradó, no es por nada que las políticas que tengan que ver con género y diversidad se degraden a Secretaría. A raíz de eso, se está vaciando la Secretaría". Carolina agregó que esto repercute en "dos programas importantes de prevención que son Ley Micaela, Masculinidades. Comenzará a verse el recorte de esta derecha que viene por los trabajadores".
Desde los sindicalismos
Por su parte, el secretario General Adjunto de ATE, Marcelo Delfor, expresó que "el viernes estuvimos reunidos con algunos compañeros y nos comentaron de la decisión que les anunció de manera verbal la secretaria Alicia Tate de que no vengan a trabajar el día de ayer, ellos vinieron igual. Hicimos tres presentaciones, en la de Venado Tuerto la jueza declaró admisible el recurso de amparo. Es decir, habilitó la feria, corrió la vista hacia la Provincia, que tiene 48 horas para responder. Después de la respuesta de la Provincia, el juez tiene cinco días hábiles para determinar si le da o no el amparo al compañero de Venado Tuerto. De darlo, le tienen que dar la toma de posesión y eso generaría un antecedente muy importante para todos y todas. En el caso de Santa Fe, el juez Palacios se declaró incompetente y planteó que la vía es por lo contencioso y administrativo y no por lo laboral".
"Acá hubo una decisión política y un incumplimiento de los compañeros de la parte administrativa de no acatar un decreto vigente. Lo que tenemos que hacer es visibilizar, estar en alerta, sostener el estado de asamblea", expresó Carlos Albes de ATE. A su vez, sostuvo que dejar sin efecto una paritaria "es un hecho gravísimo pero, además, los compañeros son de carne y hueso".
Ver esta publicación en Instagram
Una de las trabajadoras sostuvo que "esto es un derrotero para las organizaciones sindicales, deja un precedente tremendo ante un panorama provincial y nacional, 200 trabajadores, 200 familias, se quedan sin estabilidad laboral en un contexto dificilísimo. La cláusula gatillo, las paritarias, condiciones laborales; si 200 trabajadores se quedan sin poder darle de comer a sus familias, qué sigue. Qué nos espera a nosotras y nosotros que estamos al frente de esta batalla que viene para largo. Si esta es la primera que perdemos, cuáles serán las próximas que perderemos todos y todas. Hoy tenemos nombre y apellido, todos pueden saber quiénes somos, de qué trabajamos, qué títulos tenemos; quiénes son los que siguen, no nos dejen solos y solas les pedimos, venimos de un gran desgaste y somos siempre los que estamos en la calle poniendo el cuerpo. Agradecemos a los compañeros y compañeras que hoy están acá acompañando. Tenemos que tener cuidado de lo que puede llegar a venir para nuestra provincia y a nivel nacional, pero primero defendamos esta trinchera que es la más cercana".
Variable de ajuste
Las trabajadoras y los trabajadores afectados emitieron previamente un comunicado expresando su profunda preocupación por la situación que atraviesan al verse interrumpida su continuidad laboral y, además, por tratarse de “una clara decisión de ajuste sobre las políticas de género, un retroceso sobre los derechos conquistados en la provincia de Santa Fe y un gran golpe para las personas que ejecutan estas tareas en el marco de una brutal crisis como contexto”.
Asimismo, aclaran que pese a que “los equipos llevan más de un mes de trabajo y cumplimiento de tareas en las sedes designadas sin percibir ningún tipo de salario y ni reglas claras para continuar con la línea de políticas públicas claves para el desarrollo de esta Secretaría (ex Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad), un proceso que inició en el año 2020, en el marco del Plan de Promoción de Derechos y Empoderamiento de Mujeres y Población LGTBIQ+ (Decreto reglamentario N° 079/20) y que posteriormente se fue fortaleciendo con la implementación de Ley N° 13.891 (Decreto reglamentario N° 192/20) de adhesión a la Ley Nacional de Capacitación Obligatoria en la Temática de Género y Violencia de Género N° 27.499, y el Decreto de creación del Programa Masculinidades por la Igualdad N° 1851/22”.
También sostienen en el que texto que se reconoce “en esta decisión y este maltrato un claro retroceso institucional, un síntoma claro de un gobierno que pretende descartar como variable de ajuste a trabajadores y trabajadoras que a través de sus tareas y conocimiento garantizan la continuidad de políticas públicas con perspectiva de género para la erradicación de la violencia por motivos de género y la discriminación contra las personas LGBT+”.
Por último, aseguran que “las estrategias para abordar las problemáticas y proyectos de prevención se ejecutan con más presencia del Estado, con más institucionalidad de género, y con más inversión de presupuesto. Bregamos por la continuidad de estos programas, que no son más que el modo de defender nuestros derechos y el respeto por nuestros trabajadores y trabajadoras”.
