Un abogado penalista de la ciudad de San Jorge fue denunciado en julio de 2020 por abusar sexualmente de sus dos hijas cuando eran menores de edad. Esperan el juicio hace tres años y en noviembre se vence la prisión preventiva, por lo que temen que quede en libertad. Abusos, amenazas y uso de poder en la ciudad más poblada del departamento San Martín.
En julio de 2020, la hija del medio de un reconocido abogado penalista de San Jorge decidió hablar y denunciar a su padre por abusar de ella cuando tenía 14 años. Meses más tarde su hermana mayor también denunció los abusos que su padre había cometido cuando ella era más chica. Desde noviembre de 2020 el hombre se encuentra en prisión preventiva en la alcaidía de la Unidad Regional XVIII de Sastre. Hace tres años que esperan que sea juzgado pero no lograron llegar a esa instancia. En el medio, las niñas, su hermano y su madre sufrieron amenazas constantes por parte del imputado y sus familiares.
En dos meses, el 10 de noviembre de 2023, se vencerá el plazo de la prisión preventiva. Por eso, la familia de las sobrevivientes y la organización feminista Las Chuecas de San Jorge reclaman el inicio del juicio. Al caso lo investigó inicialmente la ex fiscal y ahora jueza
Celeste Minniti, pero luego quedó en manos de Matías Broggi y Luciana Escobar Cello, quienes el lunes pasado insistieron con el pedido de fijación de fecha de inicio de juicio a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
“Hace tres años que está en el mismo lugar, nunca lo trasladaron cuando a todas las demás personas que pasaron por la alaidía ya los llevaron al penal, él sigue trabajando, tiene una impunidad terrible”, dijo Mariana, su ex pareja desde 2014 y madre de las denunciantes. En
diálogo con Periódicas, la mujer señaló que al temor por la libertad del abogado se le suman las amenazas constantes que sufren hace tres años por parte de la familia de su ex marido.
“A pesar de que a la investigación la dirigen fiscales de Santa Fe, el juicio se tiene que realizar acá”, dijo la madre y contó que hace unas semanas habló con la OGJ local . “Llamé para preguntar si había novedades y me respondieron que era re difícil conseguir tres jueces para llevar adelante el juicio, que en dos meses es imposible que lo hagan”, advirtio preocupada.
Durante la primera instancia de la investigación, Mariana fue asesorada por abogados de Santa Fe porque en San Jorge nadie quería ayudarla. “Yo creo que tenían miedo porque mi ex marido es abogado y toda su familia también, conocen a mucha gente”, lamentó. Más adelante, ella se negó a la firma de un juicio abreviado con el imputado y, luego de eso, los abogados dejaron de asesorarla.
Los abusos sexuales
Mariana se separó del imputado en 2014 tras vivir situaciones de violencia y amenazas. La primera de sus hijas que le contó sobre los abusos fue la del medio. “Desde 2019, cuando yo pedí una cuota alimentaria al padre de mis hijos, ellos quedaron obligados a pasar tiempo con él porque pidió un régimen de visitas”, explicó la madre.
Los dos niños menores debían visitarlo cada tanto, pero la hija más grande ya era mayor de edad y se negó al contacto con su padre. En marzo de 2020, la hija del medio llegó a la casa de su madre llorando, dijo que no quería volver a ir con el padre y se encerró en la habitación. En ese momento sólo pudo decir algunas pocas palabras y su madre entendió que su ex pareja había estado “borracho y molesto”. Pero luego, el 31 de julio fue la hija mayor de Mariana la que le contó sobre los abusos. “Estábamos en la mesa y me contó lo que su hermana le había dicho: ‘la quiso abusar’, me dijo”, recordó Mariana.
En ese momento, la madre y las niñas radicaron la denuncia por abuso sexual. Luego de forcejear, la niña se pudo escapar por sus propios medios. “Me dijo que logró sacarlo, trabó la puerta y durmió con el jean puesto”, recordó la mamá.
Tiempo después de la primera denuncia, la hija mayor de Mariana pudo contar que unos años atrás ella había pasado por una situación similar con su padre pero que por miedo y porque no entendía lo que pasaba, no se animó a contarlo antes. Lo narró primero en una Cámara Gesell y frente a psicólogues, en el marco de la investigación. “Ella una vez me dijo que no quería quedarse más a dormir en lo del padre, entonces solo iba a comer y volvía”, remarcó Mariana.
Tras conocerse los hechos delictivos el abogado fue imputado y la fiscala pidió la prisión preventiva. El 10 de noviembre de 2020 fue detenido y trasladado a la alcaidía de Sastre, donde se mantuvo hasta el momento.
Amenazas
Tanto las denunciantes como su hermano menor y su madre recibieron amenazas por parte del imputado y de los familiares. Durante los primeros cinco meses que pasaron desde la denuncia hasta que quedó en prisión preventiva, fue él mismo quien les atormentó.
“Teníamos una medida perimetral para que no se acercara a más de 200 metros de mis hijos, pero sus padres viven en la misma cuadra por lo que el fiscal Carlos Zopegni le disminuyó la perimetral a 50 metros para que pudiera visitarlos”, explicó Mariana. “Mi hija no podía salir de mi casa porque podía cruzarlo”, agregó.
Una vez que el imputado quedó preso, en noviembre de 2020, quienes continuaron con las amenazas fueron su padre, su hermano y su primo. En varias ocasiones se acercaron a insultar a sus hijos y a hablarles sobre él. “La novia pasa por el frente de la escuela de mi hija en el horario de salida y se le ríe en la cara”, señaló. “Son personas peligrosas, a las que mucha gente le tiene miedo porque andan armados”, añadió.
El juicio que no llega
Tanto Mariana como intengrantes de la organización feminista Las Chuecas de San Jorge reclaman que la justicia avance en el caso y comience el juicio contra el abogado.
Denunciaron, en primer lugar, la “impunidad” con la que se maneja el abogado y su familia. En segundo lugar, reclamaron el comienzo del juicio para que el imputado no quede en libertad en dos meses.
Manu Abuela de Las Chuecas sostuvo que el caso del abogado penalista deja a las claras que “la Justicia todavía no está en condiciones de acompañar los procesos que se dan en la sociedad”. Por otro lado, indicó que “evidencia que no todos somos iguales ante la ley, porque esta persona recibió un trato privilegiado”.
Y por último, la activista advirtió que en la localidad hay una imperiosa necesidad de un cambio de fiscal. “Zoppegni había comenzado a investigar el femicidio de Florencia Gómez y en ese momento se atrevió a decir de que ella había tenido ‘relaciones sexuales’ con el femicida, cuando claramente se trata de una violación”, ejemplificó.
Cambio de apellido
Las sobrevientes denunciaron a su padre hace ya tres años y, a pesar de que pudieron contar lo que sucedió y tuvieron siempre el acompañamiento de sus seres queridos y de profesionales, sufren las consecuencias. Los tres hijos del abogado decidieron cambiarse el apellido en 2021. Sin embargo, se encuentran con varias trabas burocráticas. “Esta semana mi hija del medio tuvo que conectarse a una llamada desde la escuela porque de nuevo tenía que explicar por qué no quiere tener más el apellido del padre que la abusó”, contó Mariana. “¿Hasta cuándo le van a preguntar lo mismo? Ya tuvieron que contar todo lo que les hizo muchísimas veces”, reclamó.
