A través de un comunicado conjunto el sindicato de docentes particulares de Santa Fe y la Junta Arquidiocesana de Educación manifiestan que hay "crecientes irregularidades en algunos procesos investigativos que implican a educadores". Denuncian que se "pisotean las garantías constitucionales" y que están "a merced de las dinámicas violentas del escrache, el patoterismo y el linchamiento". En el último tiempo hubo tres casos resonantes de abuso en instituciones privadas que imparten la educación católica. La agrupación Docentes Feministas Santa Fe manifestó "enorme preocupación" por el documento.
El Sindicato Argentino de Docentes Particulares filial Santa Fe (SADOP) dio a conocer un documento firmado conjuntamete con la Junta Arquidiocesana de Educación (JAE) dependiente del Arzobispado de Santa Fe, titulado "Cuidar a las niñas, niños y adolescentes. Cuidar a los que cuidan".
En la publicación, firmada el 21 de marzo, sostienen que el escrito surgió por "la preocupación compartida por garantizar ambientes seguros para enseñar y aprender frente a la problemática ligadas a la violencia y al abuso sufridas por niñas, niños, adolescentes y/o trabajadores y a la desprotección de los mismos frente a estos hechos". A su vez aclaran que "se enmarca también en el punto 14 firmado en la Paritaria Docente profundizando la labor de los Comités Mixtos de Higiene y Salud Laboral, con el objeto de mantener y lograr ambientes libres de violencia y acoso".
Pisoteo de garantías constitucionales
En el documento manifiestan: "Nos inquietan las crecientes irregularidades en algunos procesos investigativos que implican a educadores/as, de tal manera que incluso se llegan a pisotear las garantías constitucionales más básicas como el principio de legalidad, el derecho a un proceso justo, la legítima defensa y la presunción de inocencia. Estos principios, consagrados en los tratados internacionales de Derechos Humanos, y que gozan en nuestra patria de rango constitucional, deben iluminarnos para garantizar procesos investigativos justos y democráticos, dando muestras de credibilidad institucional".
En el comunicado piden "fortalecer la respuesta y el acompañamiento institucional frente a este tipo de situaciones, consolidando la esencia educativa de la institución que cuenta con sus propias autoridades, para no dejar a las personas y a las comunidades escolares a merced de las dinámicas violentas del escrache, el patoterismo y el linchamiento. No podemos simplemente acostumbrarnos y naturalizar estas prácticas profundamente antidemocráticas, que debilitan las bases mismas del Estado de derecho y que han convertido a la labor educativa en un verdadero 'trabajo de riesgo'.
El escrito finaliza con un llamado a resguardar a los educadores: "Por eso estamos trabajando en forma conjunta en la elaboración de herramientas precisas (protocolos, recomendaciones, etc.) que puedan dar respuesta a estas situaciones para poder prevenir, garantizar y respetar los derechos de todos/as. Porque si no cuidamos a los que cuidan, ya nadie va a cuidar a nadie".
"Enorme preocupación"
Por su parte la agrupación Docentes Feministas Santa Fe, que se define como un "espacio de militancia y construcción colectiva de saberes y acciones educativas con perspectiva de género, diversidad y derechos humanos; integrado por docentes en actividad y jubiladas de distintos niveles y modalidades del sistema educativo público, privado y no formal" respondieron al comunicado de SADOP.
"Queremos expresar nuestra enorme preocupación ante declaraciones respecto a los procesos judiciales que atraviesan docentes acusados de delitos contra la integralidad sexual de niños niñas y adolescentes. Destacamos que los procesos judiciales penales que impulsan las fiscalías especializadas en el tratamiento de estos delitos, tienen el contralor jurisdiccional y de la defensa técnica de los imputados en todas sus etapas, siendo en su caso los jueces/as quienes disponen las medidas cautelares y dictan las sentencias", manifiesta la colectiva.
Además, detallan que "como colectiva comprometida con la educación sexual integral, y con el irrestricto respeto a los derechos humanos de las infancias, reivindicamos la Ley 27.455 del Código Penal que en 2018 modificó la instancia de los delitos de abuso sexual a infancias, estableciendo que los mismos son de instancia pública. Esto posibilita que la ciudadanía pueda denunciar estos aberrantes hechos sin necesidad de que las víctimas tengan que precisar de la denuncia de sus representantes legales para instar la acción penal".
"Creemos que la modificación referida, la promoción de la Educación Sexual Integral (ESI), la creación de la unidad de GEFAS (unidad especializada en el tratamiento de estos delitos), la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de niños niñas y adolescentes, y fundamentalmente el cambio de paradigma que permite entender a las infancias como sujetos de derechos, han posibilitado encauzar procesos judiciales históricamente silenciados".
Finalizan con el reclamo por el "urgente tratamiento y sanción de la ley provincial de ESI, convencidas de su importancia en la prevención de las violencias contra niñas niños y adolescentes".
Algunos datos
Los últimos datos oficiales de Santa Fe registran los casos de violencia sexual del primer semestre de 2021. El informe indica que hubo 1840 legajos. De esos el MPA informa que uno de cada 10 correspondió a víctimas menores de 16 años, es decir que en seis meses hubo unos 180 casos de abuso sexual infantil en la provincia.
Hubo dos casos conocidos de abusos sexuales cometidos por docentes en escuelas particulares de educación católica. Darío Céspedes es un docente condenado por abusos comentidos en el jardín San Roque, y Juan.T. es un docente a la espera de juicio por abusos cometidos en el jardín Ceferino Namuncurá. Un tercer caso fue denunciado por organizaciones feministas pero no tiene imputados: un abuso en el Colegio San José de Rafaela. Las tres instituciones son privadas e imparten la educación católica.
Escribe y edita. Colabora en la producción de notas y la realización audiovisual.
