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Socorristas denuncian dificultades en el acceso al aborto en Santa Fe

"La demanda de personas en búsqueda de información respecto a cómo y dónde acceder a una práctica segura no ha mermado a pesar de la ley vigente, por el contrario, son cada vez más frecuentes las consultas y reiteradas las ocasiones en las que el acceso se dificulta y/o demora", señalan las socorristas que integran el Foro Contra La Trata.
Ileana Manucci 
Autora: Lara Va | CC BY-SA 4.0

Las socorristas que integran el Foro Contra La Trata de Santa Fe denuncian una serie de dificultades con las que se encuentran al momento de asesorar y referenciar a las personas gestantes para acceder a una Interrupción Voluntaria/Legal del Embarazo en el sistema de salud santafesino.

"Estando vigente la ley 27.610 desde enero del año 2021, la cual establece que tanto el sistema de salud público como el sector privado (obras sociales y empresas de medicina prepaga que integran el sistema nacional del seguro de salud) deben garantizar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria/legal del embarazo, nos encontramos con recurrentes obstáculos impuestos por trabajadores/as de dichos sectores que impiden el acceso oportuno a la práctica", indican las socorristas.

Consultadas sobre cuáles son las principales dificultades a la hora de acceder al aborto en Santa Fe, desde el Foro señalan: "La desinformación por parte de les trabajadores respecto a la ley vigente, de los derechos de les usuaries del sistema de salud y de sus obligaciones como funcionarios/as públicos".

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En el mismo sentido, también remarcan la persistencia de la objeción de conciencia pero sostenida de manera informal, no siendo materializada y explicitada según la ley lo establece. "A ello podemos agregar la falta de circulación de información fehaciente respecto al protocolo de acceso a IVE/ILE por parte de los equipos de salud, ya sea en formato cartelería, folletería, divulgación verbal y toda vía disponible para la difusión de información sanitaria", explican las socorristas.

"Por su parte las obras sociales hacen oídos sordos y resulta sumamente dificultoso referenciar a personas que solicitan IVE/ILE dentro del sector privado. Concluimos entonces que el inacceso a información por parte de les usuaries del sistema de salud y la falta de compromiso de muchos sectores con los derecho sexuales, reproductivos y no reproductivos decantan finalmente en que no se garantiza el derecho al acceso de IVE/ILE".

Autora: María Carpio | CC BY-SA 4.0

¿Qué cambió con la ley?

Las socorristas indican que con la sanción de la ley "se ha enmarcado y formalizado la práctica de profesionales que, previo a la sanción de la misma, ya venían garantizando IVE/ILE, se ha facilitado enormemente el acceso a medicación necesaria para garantizar el procedimiento y ha mejorado también de manera notoria la realización de estudios complementarios pertinentes (ecografias, laboratorios), los cuales se vienen realizando de manera oportuna".

Otro de los cambios importantes que propició la normativa es que ya no sea posible la objeción de conciencia institucional, algo que ejercían los hospitales Cullen e Iturraspe. "A pesar de todo ello aún persiste la objeción de conciencia verbal por parte de trabajadores, la cual no es sancionada por quienes regulan el desempeño laboral dentro del sistema de salud y que conlleva la sobrecarga de algunos equipos garantes de derechos", explican desde el Foro Contra La Trata.

Autora: Priscila Pereyra

Acompañar siempre

Respecto a la tarea que ellas realizan, las socorristas señalan que la demanda de personas en búsqueda de información respecto a cómo y dónde acceder a un aborto no ha mermado.

"Aún con la práctica legalizada continuamos acompañando, referenciando, asesorando a personas gestantes que se comunican con nosotras en búsqueda de un aborto seguro y gratuito", explican. "Las consultas no han mermado y los obstáculos con los que se encuentran continúan siendo los mismos que existían previos a la ley. Efectivamente la desinformación es una problemática vigente, así como el temor a la condena social, el miedo al maltrato por parte del sistema de salud y la desconfianza que históricamente la medicina hegemónica punitiva ha generado respecto los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos", concluyen.