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Ya es una realidad el Cupo Laboral Trans en la Nación

Por un decreto del Poder Ejecutivo se crea el Cupo Laboral Trans en el Estado nacional. Entre los ejes más destacados de la normativa se encuentra la reserva del 1% de la totalidad de cargos transitorios y de planta permanente de la Administración Nacional, la no discriminación y la flexibilidad sobre los requisitos de terminalidad educativa.

Autora: Gise Curioni

Mediante un decreto del presidente Alberto Fernández, publicado en el Boletín Oficial en las primeras horas de este viernes, se convirtió en una realidad el Cupo Laboral Trans en la administración pública nacional. La medida, que tiene como único antecedente la ley integral trans uruguaya, es celebrada en redes sociales por militantes trans de todo el país desde la madrugada.

El cupo previsto supone la reserva del 1% de la totalidad de cargos transitorios y de planta permanente de la Administración Nacional, Empresas y Sociedades del Estado, Entes Públicos y Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Entre otros puntos relevantes, se solicita al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) la creación del registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y transgéneros aspirantes a trabajar en el sector público nacional.

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En dicho registro deberán constar los perfiles laborales de las personas inscriptas y se pondrá a disposición de las jurisdicciones y entidades, las que deberán informar al MMGyD los puestos de trabajo vacantes y las ofertas de contratación de personal disponibles.

Asimismo se destaca la flexibilidad sobre la terminalidad educativa de les aspirantes. Si no han completado su educación formal, se les permitirá la inscripción a los puestos de trabajo con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes para finalizarlos.

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Otro eje de importancia es el de No Discriminación que prevé la eliminación de los requisitos que dificulten el acceso de las personas trans al empleo.

También se prevé la creación de una Unidad de Coordinación Interministerial que será la responsable de coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de la norma.

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