Este miércoles se realizaron los alegatos de clausura del juicio a quien era la pareja de Alejandra Ironici por el transfemicidio de la militante trans y referente de la comunidad en Santa Fe y Argentina. Los pedidos de la fiscalía y las querellas giraron en torno al travesticidio social y la reparación histórica. Hubo objeciones de la defensa.
Alejandra Ironici fue asesinada el 21 de agosto de 2022 en su casa. Quien era su pareja en ese momento es el principal acusado por el transfemicidio de la referente trans y el juicio en su contra acaba de finalizar. Este miércoles se realizaron los alegatos de clausura en los que la fiscalía, las querellas y la defensa expusieron sus puntos por última vez ante el tribunal conformado por los jueces Pablo Busaniche, Susana Luna y Sebastian Szeifert.
Desde principio a fin, la audiencia estuvo marcada por la importancia de quién fue Alejandra y lo que ella representa hasta el día de hoy para la comunidad LGBTIQ+ en la provincia y en el país. “Fue un crimen motivado por el odio hacia la identidad de ella, por quién era y por lo que representaba”, aclaró la fiscala Alejandra del Río Ayala en su exposición. Todo el bloque acusador argumentó que no fue un asesinato más, mediado por la violencia de género, sino que fue un crimen de odio motivado por el deseo de borrar la identidad de género de Alejandra y con el objetivo de perpetuar un mensaje de poder hacia el colectivo trans.
Fiscalía y querellas solicitaron al tribunal que H.D.B. sea condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con el transfemicidio agravado por la violencia de género y por el vínculo. En base a eso, pidieron la pena de prisión perpetua para el acusado.
Previamente y a lo largo de todo el debate declararon familiares y allegados de la mujer y del acusado, además de testigos y activistas trans, quienes compartieron la lucha con Alejandra. En el inicio del juicio, el acusado pidió la palabra y se declaró culpable de haber asesinado a Alejandra, pero no de los agravantes del hecho ni del abuso sexual.
Este miércoles en sus alegatos de clausura, el abogado defensor Nicolás Mosconi sostuvo que no es posible controvertir el asesinato pero rechazó los agravantes y solicitó la absolución de culpa y cargo de H.D.B. por el delito abuso sexual con acceso carnal. En lugar de la prisión perpetua, pidió una pena temporal con el monto que estipulen los jueces, ya que sostuvo que la situación de consumo de drogas -principalmente cocaína-, pone al acusado en una situación de vulnerabilidad y para el abogado eso debería descontar el monto.
Hechos corroborados por todas las partes
“El primer hecho no controvertido fue el asesinato de Alejandra, no sólo por la declaración del acusado sino porque fue comprobado también con otras pruebas”, aclaró la fiscala en el inicio de su exposición. En segundo lugar, explicó que no hay dudas de la relación de pareja y de convivencia que mantenía la mujer con el acusado.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) narró que la noche previa al transfemicidio de Alejandra, la mujer y el acusado fueron a cenar a la casa de una pareja amiga. Luego se fueron de allí y “dieron una vuelta” por la ciudad hasta llegar a la casa de la mujer. Esa noche, el acusado la abusó sexualmente y la mató, “en simultáneo o casi en simultáneo”. Esto fue atestiguado por la vecina de Alejandra que escuchó el ataque.
Luego de matarla con una cuchilla que sacó del cajón de la cocina, H.D.B. limpió el arma transfemicida, la guardó, se lavó las manos y se fue con el auto y otras pertenencias de Alejandra, entre ellas su celular. A las pocas horas volvió a la casa y prendió fuego el cuerpo de la mujer, en la zona de los glúteos. Cerró la puerta de la habitación y eso hizo que el fuego se apagara al poco tiempo.
El sobrino de Alejandra, quien vivía con ella, recién logró encontrar a su tía muerta el domingo 22 de agosto, luego de acercarse a la habitación y sentir el olor al fuego.
Desde que H.D.B. salió por primera vez de la casa de Alejandra hasta que su sobrino la hallara, chateó con diferentes personas con el celular de la mujer, haciéndose pasar ella.
El acusado fue detenido el domingo a la mañana en el domicilio de una trabajadora sexual a quien contactó para llevar adelante un pase sexual. Lo hallaron porque dejó afuera de la vivienda el automóvil de Alejandra. Cuando lo detuvieron, también secuestraron las demás pertenencias de la mujer.
Travesticidio social
Tanto la fiscalía como las abogadas querellantes, hicieron hincapié en que el asesinato de Alejandra fue un crimen de odio al que denominaron como travesticidio social, “un entramado de deudas del Estado para con la comunidad trans”, tal como lo definió una de las militantes y testigos durante el juicio. “Alejandra fue, es y va a ser siempre una referente con todas las letras y la dimensión de la palabra”, aseguró la fiscala y narró la historia de Alejandra. Ella vino desde Tostado a vivir a Santa Fe, siendo muy joven y sin trabajo, con el rechazo de su familia por apartarse del rol que la sociedad le había asignado. “Desafió lo establecido como normal, se impuso con su lucha y con mucho amor, y demostró que las reglas se pueden cambiar, que vale la pena no rendirse, que las personas como ella tienen derecho y que cuando se avanza no se retrocede”, sostuvo del Río Ayala.
Por lo tanto, indicó que el acusado no solo asesinó su pareja, sino que “le quitó una líder al colectivo travesti trans” porque Alejandra era quien organizaba las movilizaciones. Además, lo hizo en su casa, un lugar que era la sede de muchas reuniones y encuentros de la comunidad. “Conocía lo que era Alejandra y lo que representaba, era una mujer trans exitosa referente en la lucha de la comunidad”, agregó.
La fiscala indicó que lo relevante a la hora de hablar de crimen de odio es el impacto que generó en en el colectivo de mujeres trans. “La agresión fue extrema y sostenida y buscó descalificar a la víctima, deteriorando su cuerpo”, aclaró y sostuvo que además reforzó un mensaje contundente: la asimetría de poder de un varón hacia una mujer trans.
La querella que representa a la familia de Alejandra, a cargo de Laura Gerard y Vivian Galeano, sostuvo que el crimen fue contra la identidad de Alejandra porque ella era la expresión de una identidad en sí misma. “Era la cara de una colectividad, le puso el cuerpo y la vida”, indicó. “Su forma de vestirse, de pensar, sus vínculos, sus amigos, sus enemigos, su trabajo, toda su vida y hasta su muerte fueron la expresión de una identidad”, detalló. “El cuerpo de Alejandra habló en su vida y también en su muerte”, añadió.
Las abogadas querellantes también hablaron cómo fue la relación del acusado con Alejandra. “La elección de la víctima no es aleatoria, la escogió por la vulnerabilidad”, precisaron. “La conoció y al poco tiempo estaba viviendo en su casa, ella lo mantenía, él la escondía”, relataron.
Por último, puntualizaron en el mensaje simbólico que deja este transfemicidio: “Es un adoctrinamiento, busca reforzar un estereotipo de cómo terminan las mujeres trans”.
Abuso sexual
El defensor Mosconi no negó las pruebas del asesinato de Alejandra, de hecho el acusado pidió hablar antes de su abogado y volvió a admitir la responsabilidad del asesinato. También pidió perdón, se quebró en llanto y no pudo seguir hablando. El encargado de la defensa dijo que no se puede poner en duda la calidad de la prueba producida por el bloque acusador, sin embargo, indicó que no quedaron probados los hechos contra la sexualidad de Alejandra. “Mi defendido no cometió el abuso sexual que le fue achacado, es cierto que hay pruebas genéticas que podrían confirmaron pero también es verdad es que eran pareja y tenían una relación de hace tiempo”, expuso. “La teoría del caso de la fiscalía es compatible con los hechos, pero no está acreditada con certeza”, argumentó.
Con la intención de que la pena para su defendido sea disminuida de prisión perpetua a un monto temporal, indicó que las confesiones en el comienzo y el final del juicio son una “expiación”. En esa misma línea, explicó que H.D.B. tenía una adicción desde hacía muchos años. “Solicito que se incorpore la mirada desde la salud mental”, pidió al tribunal. “De ninguna manera esto se contrapone con la teoría de la fiscalía ni busca justificar el delito, pero sí da cuenta de una situación de vulnerabilidad que debe ser tenida en cuenta”, agregó.
En base a esto, la fiscalía recordó el testimonio de una vecina de Alejandra, que dio cuenta de los sonidos y gritos que escuchó durante la noche del transfemicidio. También argumentó que ninguna relación sexual puede ser consentida bajo tal violencia.
Las abogadas querellantes Vanesa Vargas, Sofía Basso y María Dolores Robledo representantes de la Asociación de Abogadas Translesbofeministas y Asociación Civil para las Políticas Públicas LGBT, destacaron que “la relación entre drogas y delincuencia no es sencilla ni lineal”, y señalaron que el acusado consumió desde los 15 años y tuvo durante toda su vida al menos tres parejas cisgénero, contra las que nunca cometió hechos de violencia como el transfemicidio de Alejandra.
Sobre la teoría de la defensa acerca del consumo, la fiscala Del Río Ayala indicó que H.D.B. actuó “con plena consciencia” de lo que hacía. De lo contrario, no podría haber hecho todo lo narrado. “Intentó quemarla, limpió el arma y la volvió a guardar, se lavó las manos, se fue con su auto, manipuló el teléfono de Alejandra haciéndose pasar por ella y pactó un encuentro sexual con una trabajadora sexual”, enumeró.
Reparación
Además de acordar con los delitos y la pena solicitada por la fiscalía, las querellantes representantes de las asociaciones civiles indicaron que este crimen no hizo más que evidenciar la violencia a la que estás expuestas las mujeres trans en la provincia de Santa Fe. “Es fundamental que se comprenda la profundidad de la injusticia perpetrada y la necesidad de abordar las raíces estructurales de la violencia contra la comunidad trans”, indicaron y agregaron que la violencia institucional sigue siendo moneda corriente. “Las personas de la comunidad siguen siendo expulsadas de la sociedad”, remarcaron.
Las abogadas trajeron a colación la necesidad de políticas públicas del Estado que protejan y reparen el daño causado a la comunidad. “Tenemos que pensar a la Justicia como una parte del Estado que debe ayudar a reintegrar o crear estado de derecho”, sostuvieron. En esa línea, exigieron las siguientes medidas de reparación:
-Reconocer el daño a la comunidad causado por el transfemicidio en contexto de travesticidio social.
-Recomendar al Poder Legislativo declarar la Emergencia Social en Violencia hacia las personas travestis trans.
-Ejercer el cumplimiento de la ley 13.902 de inserción y estabilidad laboral de personas trans, promoviendo la contratación y el empleo público y privado.
-Solicitar al Poder Legislativo la aprobación de Proyectos de Ley Integral trans y la puesta en marcha de la ley de reparación histórica.
-Instar al Poder Legislativo y al Ejecutivo a diseñar e implementar políticas públicas concretas para dar respuestas al problema habitacional de la comunidad trans.
-Imponer al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad o el organismo que lo reemplace a que efectúe un diagnóstico anual del contexto y un programa de acceso a la justicia y asistencia a la comunidad.
Autora: Thamina Habichayn
