Un equipo de reconocidos abogados antiderechos está por poner en jaque un proceso judicial que se está desarrollando en los tribunales santafesinos. Se trata de una estrategia que ya habían utilizado en otra oportunidad.
Desde el lunes 3 de julio se está desarrollando en los tribunales santafesinos el juicio a C.G.C., de 46 años y domiciliado en barrio Pompeya de la ciudad de Santa Fe. C.G.C está imputado por dos hechos de violación (abuso sexual con acceso carnal) a dos mujeres diferentes, una en 2019 y otra en 2021. La causa está a cargo de la fiscala Alejandra del Río Ayala, quien en las audiencias del juicio sostuvo que ambos hechos fueron probados a través de los exámenes médicos realizados luego de las denuncias, declaraciones de testigos y capturas de pantalla de teléfonos celulares.
Las sobrevivientes ya declararon en el juicio y dieron cuenta de que el imputado ejerció violencia física y psicológica durante años con sus parejas, que incluyó denuncias reiteredas por golpes, heridas de arma blanca, amenazas de muerte, hostigamiento, aislamiento, privación de la libertad y violaciones reiteradas.
A su vez, del Río Ayala fundamentó el pedido de pena de 10 años de prisión en "la existencia de dos víctimas, ex parejas, en contextos de dominación, es una circunstancia que agrava la situación del imputado, como también la violencia desplegada contra ellas más allá del abuso y de la violencia propia en el mismo como medio comisivo".
Jugar sucio dentro de lo legal
La defensa del imputado estuvo a cargo de la Defensa Pública hasta finalizada la primera jornada de debate. Sin embargo, al día siguiente, el imputado solicitó el cambio de abogado, cuando quedaban unos pocos testigos por declarar. C.G.C. solicitó que la defensa esté a cargo de los abogados Marcos Barceló y Gabriel Luna. ¿Esto por qué se trata de una jugarreta legal? Porque Luna es el hermano de la jueza Susana Luna, quien preside el tribunal, y con este movimiento lograría que el juicio quede invalidado y vuelva a foja cero.
Es de destacar que se encuentra previsto dentro de los procedimientos legales que esto suceda, pero suele conformarse la nueva defensa antes de que comience para elegir otro juez o jueza. Pero no es la primera vez que el equipo de Luna y Barceló utiliza esta estrategia para invalidar juicios cuando ya se realizaron las declaraciones, lo que obliga a las sobrevivientes a tener que pasar nuevamente por el proceso de declarar y constituye una práctica revictimizante y disuasiva.
Viejos conocidos
No es casualidad tampoco que el otro abogado sea Marcos Barceló. Barceló protagoniza hace años una cruzada contra el movimiento feminista. Se define en sus propias redes sociales como abogado en casos de “denuncias falsas de violencia de género y abuso sexual”, forma parte de los movimientos que acusan de “falsas denuncias” a condenados por este tipo de delitos.
En 2022 realizó varias declaraciones en medios santafesinos sobre que "no se puede permitir que entre un juez ultra feminista en la ciudad de Santa Fe" y defendiendo al destituído juez Rodolfo Mingarini, a quien tildó de "independiente de cualquier ideología".
A su vez, en 2021 fue imputado por difamación y agravio a las fiscales Alejandra Del Río Ayala y María Celeste Minniti, integrantes ambas de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA. También la periodista Bárbara Favant, trabajadora de diario Uno y Periódicas en ese entonces, señaló a Barceló por agresiones anónimas recibidas en el marco de sus coberturas judiciales relacionadas a víctimas de pedofilia y de violencia de género.
Al día de hoy la decisión de dar lugar al cambio de defensa y consecuente invalidación del juicio quedó en manos del juez de Cámara Fernando Gentile Bersano, quien deberá expedirse al respecto en los próximos días.
Escribe y edita. Colabora en la producción de notas y la realización audiovisual.
