Luego de la feria judicial, se retomó la causa en el que buscan apartar a la magistrada Susana Luna mediante la estrategia de incorporar a su medio hermano al equipo defensor. Se trata de la segunda vez que los abogados se aprovechan del parentesco para anular un proceso. De lograrlo, las sobrevivientes deberán esperar un nuevo juicio y declarar otra vez sobre los abusos sufridos.
En los tribunales santafesinos aún no se dirime la suerte que correrá el juicio que tiene a C.G.C. en el banquillo por dos hechos de violación (abuso sexual con acceso carnal) a dos mujeres, uno de ellos ocurrido en 2019 y el restante en 2021. El juicio había comenzado el 3 de julio, con el imputado representado por un abogado de la Defensa Pública. Pero al día siguiente, cuando quedaban sólo unos pocos testigos por declarar, C.G.C. recurrió a una estrategia con la que busca dilatar los plazos judiciales y, en última instancia, lograr la anulación del proceso que se sigue en su contra.
El 4 de julio, el acusado solicitó que su defensa pase a estar cargo de los abogados particulares Marcos Barceló y Gabriel Luna. Este último es medio hermano de la jueza Susana Luna, quien preside el tribunal de juicio. Con este movimiento, logró que el juicio quede suspendido y sus nuevos defensores solicitaron la recusación (apartamiento) de la magistrada, aduciendo que su parentesco con el abogado defensor es incompatible con su rol de jueza en este caso.
La decisión quedó en manos del juez de Cámara Fernando Gentile Bersano, quien el jueves 13 de julio admitió el cambio en la Defensa y sugirió el apartamiento de Susana Luna. El viernes 14 de julio a las 23.55, cinco minutos antes del inicio de la feria judicial, el letrado Marcelo Barceló solicitó la recusación de la jueza. Luego comenzó la feria judicial, por lo que el proceso quedó congelado hasta este 31 de julio.
Este lunes, Susana Luna rechazó su recusación. En sus argumentos, la magistrada sostuvo que el pedido de apartamiento es completamente extemporáneo, es decir, que se realizó fuera de los plazos correspondientes. Cabe destacar que se encuentra previsto dentro de los procedimientos legales que esto suceda, pero suele conformarse la nueva defensa antes de que comience el juicio.
En segundo lugar, la magistrada sostuvo que si bien tiene un vínculo de sangre con Gabriel Luna, nunca estableció ningún tipo de relación familiar ni de acercamiento con el abogado, por lo que no está en juego su imparcialidad.
Tras la presentación de Susana Luna, el Tribunal de Recusación tiene 48 horas para confirmar o no el rechazo de la misma, lo que podría traer aparejado -de no confirmarse- la anulación del juicio.
Una estrategia sucia que se repite sin consecuencias
Esta no es la primera vez que el equipo de Luna y Barceló utiliza esta estrategia, por lo que de funcionar, podrían apartar selectivamente a la jueza de cualquier causa que quieran a través de este procedimiento. Esto significaría la materialización de una práctica de "forum shopping", es decir la aplicación de una estratagema para escapar a la aplicación de una ley, o en este caso, poder elegir quién juzga.
A esto se suma que en esta oportunidad lo hicieron cuando ya se efectuaron las declaraciones, lo que obliga a las sobrevivientes a tener que pasar nuevamente por el proceso de declarar y, en consecuencia puede tener un efecto desalentador o directamente revictimizante (Ley 26.485).
A quiénes están beneficiando
C.G.C está imputado por dos hechos de violación (abuso sexual con acceso carnal) a dos mujeres diferentes, una en 2019 y otra en 2021. La causa está a cargo de la fiscala Alejandra del Río Ayala, quien en las audiencias del juicio sostuvo que ambos hechos fueron probados a través de los exámenes médicos realizados luego de las denuncias, declaraciones de testigos y capturas de pantalla de teléfonos celulares.
Las sobrevivientes ya declararon en el juicio y dieron cuenta de que el imputado ejerció violencia física y psicológica durante años con sus parejas, que incluyó denuncias reiteradas por golpes, heridas de arma blanca, amenazas de muerte, hostigamiento, aislamiento, privación de la libertad y violaciones reiteradas.
A su vez, del Río Ayala fundamentó el pedido de pena de 10 años de prisión en "la existencia de dos víctimas, exparejas, en contextos de dominación, es una circunstancia que agrava la situación del imputado, como también la violencia desplegada contra ellas más allá del abuso y de la violencia propia en el mismo como medio comisivo".
Por su parte, el abogado defensor Marcos Barceló se define en sus propias redes sociales como abogado en casos de “denuncias falsas de violencia de género y abuso sexual” y forma parte de los movimientos que afirman que los condenados por este tipo de delitos son víctimas de "falsas denuncias".
En 2022 realizó varias declaraciones en medios santafesinos aduciendo que "no se puede permitir que entre un juez ultra feminista en la ciudad de Santa Fe" y defendiendo al destituido juez Rodolfo Mingarini, a quien tildó de "independiente de cualquier ideología".
A su vez, en 2021 fue imputado por difamación y agravio a las fiscalas Alejandra Del Río Ayala y María Celeste Minniti, integrantes ambas de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA. También la periodista Bárbara Favant, trabajadora de diario Uno y Periódicas en ese entonces, señaló a Barceló por agresiones anónimas recibidas en el marco de sus coberturas judiciales relacionadas a víctimas de pedofilia y de violencia de género.
