Se trata de la imputación por obstaculizar a una niña el acceso a la interrupción legal del embarazo, en enero de 2023. Fueron allanados Casa Betania, la casa del presidente de la ONG, y una clínica privada. Qué se encontró y cómo continúa el proceso legal.
El jueves14 de marzo se llevaron a cabo allanamientos para el aseguramiento de pruebas (obtención de elementos de prueba para la investigación) en la causa que tiene como denunciados a integrantes de la ONG Grávida, por el secuestro y obstaculización de la práctica de interrupción legal del embarazo de una niña en el marco de delitos de abuso sexual, impidiendo su derecho de asistencia y servicios de salud.
La ONG Grávida fue denunciada en enero de 2023 por haber obstaculizado el acceso al aborto legal de una niña de 12 años víctima de abuso intrafamiliar, protegido por la ley 27.610.
El procedimiento
El pasado 8 de marzo se presentó el pedido formal de aseguramiento de pruebas por parte de la querella constituida por la Asociación Civil Palabras, junto con Tramas - derecho en movimiento y el equipo jurídico. Se solicitó al fiscal Matías Broggi quien elevó el pedido al Juez Sergio Ariel Carraro del Colegio de Jueces de 1ra. Instancia del Distrito Judicial Nº 1, quien autorizó los allanamientos.
El proceso consistió en el allanamiento de tres domicilios: Casa "Hermanas de Betania" (conocida como Casa Betania), lugar en el que habría estado la niña en el momento de la obstaculización de su derecho a la interrupción legal del embarazo; el domicilio utilizado por la ONG el cual coincide con el del presidente de la misma, Emilio Perizzotti; y una clínica privada donde le habían practicado estudios a la niña.
Qué se encontró
En los dos primeros lugares se secuestraron dispositivos electrónicos, teléfonos y computadoras; en el tercero, la historia clínica de la niña y demás documentación relevante. Participaron del operativo los apoderados de la querella, Sabrina Muñoz Denis y Guillermo Munné.
Todo el proceso se realizó acorde a lo estipulado, contando con la cooperación de las personas que estaban presentes en Casa Betania y con la completa disposición de las autoridades de la clínica. En el caso del domicilio de Perizzotti, él no se encontraba presente en el momento del allanamiento por lo que se autorizó el ingreso con el uso de la fuerza a los fines de efectivizar las medidas. Tiempo después, se presentó Perizzotti mostrándose colaborativo. Al día siguiente, el 15 de marzo, se completó el operativo con el secuestro de los celulares de Raúl Dalla Fontana, médico que había expuesto en los medios de comunicación el haber tenido comunicación con la niña, y de una mujer de apellido Leurino, quien conducía el automóvil en el que se trasladó a la niña el 3 de enero de 2023.
Cómo sigue
La querella evalúa que "esta instancia de aseguramiento de pruebas es muy importante para el avance de la causa, con medidas efectivas de investigación, que posibilitan el análisis de necesarios materiales probatorios".
Tras estos operativos, el material probatorio obtenido será peritado. A partir de allí, se dispondrán nuevas medidas de prueba. "Estos allanamientos confirman lo que las organizaciones sostenemos desde el inicio: la constitución como querellante es una herramienta que posibilita el impulso del proceso por parte de la Asociación Civil Palabras con su representación, mediante el trabajo conjunto con la Asociación Civil Tramas- derecho en movimiento y el equipo jurídico. Y permite de esta forma el monitoreo de este caso por parte de más de 70 organizaciones sociales e instituciones del movimiento feministas, quienes adhirieron a la presentación de la querella, todas ellas reclamando conocer qué ocurrió, cuál fue el accionar de los integrantes de la ONG Grávida y su eventual responsabilidad en los hechos mencionados respecto al obstáculo sobre el ejercicio del derecho al aborto legal, seguro y gratuito", sostuvieron las querellantes.
Sobre la constitución de la querella
La Asociación Civil Palabras se constituyó como querellante, fue confirmada en primera instancia pero apelada por el imputado Perizzotti. Posteriormente quedó firme la resolución del Juez Penal de Segunda Instancia Sebastián Creus. "Esto fue un antecedente muy importante en la materia ya que la resolución echa luz sobre la nueva Ley 14.181 de la Provincia de Santa Fe, conocida como Ley de Víctimas y Querellantes, y asegura una amplia posibilidad para que las ONG puedan constituirse participativamente como querellantes en las causas en las que se investiguen penalmente hechos vinculados con su objeto social", explicaron desde la querella.
Antes de la reforma sólo se permitía a las personas jurídicas presentarse como querellantes cuando se trataba de delitos que ofenden intereses colectivos y difusos, en los casos en que el objeto de las asociaciones fuera la protección del bien jurídico tutelado. Actualmente esto se extiende también a los delitos individuales, como es en este caso el delito de privación ilegítima de la libertad y de lesiones graves a la salud. "El juez consideró además que las personas jurídicas serán consideradas víctimas cuando el delito aparece lesionando bienes jurídicos que se vinculen con su objeto social. Establece que la reforma legislativa pasa de un concepto restrictivo a otro que busca ampliar la participación", detallaron.
El caso
El 19 de diciembre de 2022 la niña de 12 años y su madre, oriundas de Garibaldi, acudieron a un control médico y se enteraron del embarazo. Esta situación generó que salieran a la luz los abusos intrafamiliares de los que la niña había sido víctima. Allí manifestó que no quería continuar con la gestación.
Su madre apoyó esta decisión y, tras firmar el consentimiento, se dio intervención a la Secretaría de la Niñez provincial, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Salud. Los organismos se encargaron de conseguir el turno para la realización de la interrupción legal del embarazo, contemplada en la Ley 27.610. El lunes 2 de enero de 2023 se iba a realizar el procedimiento.
El rol de Grávida
Madre e hija tuvieron contacto con gente de la Secretaría de Niñez y profesionales de la salud el último viernes de 2022. Ese fin de semana, un sacerdote se enteró de la situación y se contactó con Grávida, una organización católica que se dedica a convencer a niñas y mujeres vulnerables que quieren abortar para que continúen con sus embarazos.
Un grupo de colaboradoras de la institución se acercaron a las víctimas, y las trasladaron hasta Santa Fe. La niña y su madre permanecieron en una de las sedes de Grávida, ubicada en el centro de la ciudad, hasta el martes.
Cuando llegó el día del turno, no se presentaron para llevar a cabo la ILE, lo que llamó la atención. Fue imposible contactarlas, nadie sabía dónde estaban, y fue entonces que comenzó a la búsqueda, de la que participaron la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, los Ministerios de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad, y la Unidad Fiscal de Violencia de Género Familiar y Sexual (Gefas) del MPA.
Fueron retiradas de la “Casa Hermanas de Betania” durante un operativo policial realizado el martes por la siesta y trasladadas a un efector público de salud. Finalmente, se realizó el procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo y se denunció a la ONG Grávida en enero de 2023 por haber obstaculizado el acceso al procedimiento protegido por la ley 27.610. El Estado provincial realizó la denuncia, que fue acompañada por el Estado nacional y se constituyeron como querellantes la Asociación Civil Palabras en conjunto con la Asociación Civil Tramas.
