Se trata de la organización fundamentalista religiosa que en enero habría secuestrado a una menor de 12 años para evitar la realización de una interrupción legal del embarazo. La Asociación Civil Palabras se constituirá como parte querellante. "¡Son niñas, no madres!", manifiestan desde la organización.
Avanza el proceso judicial en contra de la Asociación Civil con Personería "Amigos de Grávida Santa Fe", que fuera denunciada por el Estado provincial por ejercer "distintas acciones (que) obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos" de una niña en enero de 2023. Este martes por la mañana la Asociación Civil Palabras se constituirá como parte querellante en la investigación penal.
La presentación es impulsada por un equipo de abogades de género, la Asociación Civil Palabras y la Asociación Civil Tramas Derecho en Movimiento y cuenta con la adhesión de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe.
Desde estas organizaciones explicaron que "a través de esta presentación se tiene por objetivo involucrarse activamente en la investigación judicial sobre el accionar de Grávida". Demandan que se clarifique lo ocurrido y, en caso de haberse configurado un delito, se sancione a las personas responsables.
Las querellantes son organizaciones abocadas a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. "Militamos por la legalización del aborto voluntario y de los derechos humanos, en particular aquellos que protegen en su especificidad a mujeres, lesbianas, travestis y trans, niñas y adolescentes. Sancionada la ley 27.610, seguimos luchando por su plena implementación y por el respeto del derecho al aborto en el marco de un Estado laico. En este contexto, volvemos a sostener: ¡son niñas, no madres!", explican las organizaciones querellantes. "Invitamos a las diferentes organizaciones a adherir a la presentación de la querella contra Grávida, desde el entendimiento de que el derecho se construye, se resiste y se disputa colectivamente", agregan.
También destacan la importancia de que, en pos de vivir en una sociedad democrática, el Estado tome un rol cada vez más activo respecto a las organizaciones que actúan y se pronuncian de manera contraria a las leyes vigentes, vulnerando los derechos sexuales y reproductivos.
El caso
La ONG Grávida fue denunciada en enero de este año por haber obstaculizado el acceso al aborto legal de una niña de 12 años víctima de abuso intrafamiliar, protegido por la ley 27.610. La denuncia penal fue realizada por el Estado provincial y acompañada por el Estado nacional.
En el escrito presentado ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) por parte de los ministerios de Desarrollo Social, Salud y de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia se expuso que: "Nos ocupa en particular poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe (Resolución N° 45/2015 IGPJ de Santa Fe) que, a través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña".
