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Cañada de Gómez: presa por abortar

DT fue detenida el 30 de octubre por la tarde y acusada de homicidio agravado por interrumpir un embarazo múltiple en su casa, en la localidad de Cañada de Gómez. Organizaciones jurídicas alertan sobre medidas punitivistas excesivas. "Por el obrar del sistema de justicia penal hay una mujer, pobre, con un consumo problemático, puérpera y presa", sostuvo la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas de Rosario.
Victoria Stéfano

Autora: Gise Curioni

El 30 de octubre en calle Bolívar al 900 de la ciudad de Cañada de Gómez, fue detenida una mujer de 36 años sospechada de "homicidio", por haberse realizado un aborto en su casa. La causa en investigación se vio atravesada por el sensacionalismo de los medios de comunicación y las declaraciones públicas de la Fiscalía. Desde la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas de Rosario denuncian arbitrariedad, violencia institucional y falta de perspectiva de género en el proceso.

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¿Sin pruebas?

La acusación de la Fiscalía es por "homicidio agravado por ser un descendiente" contra la mujer, identificada con  las siglas DT, y por "coautor" contra un vecino que habría facilitado las pastillas para realizar la interrupción y asistido en el proceso.

La detención se realizó el 30 de octubre por la tarde, posterior a que la Fiscalía recibiera un audio y fotos incriminatorias en relación al hecho que se investiga. Tras un rastrillaje se dio con los fetos en la casa del vecino de la mujer cañadense y dos días después se solicitó la prisión preventiva. El delito puede tener una condena de prisión perpetua.

Desde la red de Abogadas Translesbofeministas de la ciudad de Rosario remarcan la arbitrariedad de las medidas tomadas por la fiscala Gabriela Lescano y aprobadas por el Juez de primera instancia Álvaro Campos. Es por ello que, desde la organización, dirigieron un escrito a la fiscala regional María Eugenia Irribarren denunciando las actuaciones.

En el texto sostienen que "DT es una mujer de 36 años que cursaba un embarazo múltiple del que desconocemos las semanas de gestación pero consideramos que no viene al caso" y añaden que la acusada "vive en extrema vulnerabilidad social y económica, tiene un consumo problemático de estupefacientes hace un tiempo prolongado".

Uno de los argumentos en los que se centra Lescano para sostener la acusación, y que dio a conocer abiertamente en declaraciones públicas, es que "los hospitales quedan a dos o tres cuadras de la gente, son de fácil acceso a la comunidad. No hay forma de no atenderte ni no poder manifestar que querés un aborto. Ella no recurrió a ningún lugar y no dijo que estaba embarazada".

En torno a este punto las abogadas denunciantes remarcan que la imputada "nunca se había realizado controles médicos de este embarazo, por lo que no tenia forma de saber ni que el embarazo era múltiple, ni la semana que estaba atravesando" pero que sí había claridad respecto de que "su deseo era abortar, no parir, no maternar". La Colectiva apunta a una acusación y medidas preventivas producidas sobre conjeturas personales de la Fiscalía.

"¿Qué sabe la fiscal cómo se sucedieron los hechos del embarazo? ¿Acaso realizó algún informe pormenorizado de contexto social, de posibles violencias por razones de género, de posibles violencias estatales de la gestante? La respuesta es no. ¿Qué sabe la fiscal si buscó en algún lugar asistencia médica? Nos preguntamos respetuosamente, ¿Sabrá la fiscal cómo funciona genuinamente la salud pública en este momento de esta parte de la historia en su territorio?" señalan.

Por su parte la Fiscalía sostuvo públicamente que seguramente la Defensa "va a apelar el fallo tomando en cuenta la vulnerabilidad de la gestante basándose en las adicciones" pero que se ha hecho un trabajo "para ver si había violencia de género previamente, por que optó por esto cuando tenía facilidades para poder abortar antes y ser cuidada. Y no encontré nada que pudiera justificarla".

Por su parte la defensora Florencia Chaumet, a cargo de velar por el proceso justo y los derechos de la acusada, sostiene que no se puede omitir el estado de vulnerabilidad de la mujer y la situación de consumos problemáticos que atraviesa. Y desmintió los dichos de la Fiscalía sobre el rastrillaje, en los que sostuvo que la mujer acusada se negó a revelar dónde había descartado a los fetos.

En tanto, la Fiscalía añadió una perspectiva polémica a la discusión, revelando datos de su sentir personal y moral con respecto al aborto realizado. Dijo que se sintió "quebrada" al encontrar los fetos. "A varios se los vio llorar, porque no dejamos de ser personas", manifestó la fiscala, sumado a una descripción morbosa de lo hallado.

En relación a estas declaraciones desde la Red de Abogades Translesbofeministas argumentan que "no puede haber instrucciones generales que ordenen que si la calificación que se le ocurrió ponerle a la fiscal fue homicidio por sus convicciones personales, tenga que solicitar una prisión preventiva".

"No sólo que resulta absurdo, sino que además resulta inconstitucional, arbitrario, en extremo punitivista y carente de sentido. ¿Cuál es el objeto? ¿Que no vuelva a embarazarse y a abortar? Por más vueltas que demos a intentar de razonarlo no es otra cosa más que un sinsentido", señalan.

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Falta de perspectiva de género y clase

En diálogo con Periódicas la titular del espacio de letrades, Daiana Araya, declaró que "a la Fiscalía no sólo le falta perspectiva de género, sino perspectiva de clase que le permita entender que no por tener un hospital a las dos cuadras probablemente esta persona tenía todos sus derechos garantizados".

Y es allí dónde, según les abogades, se nubla el sentido de la acción judicial. "Más allá de la cuestión jurídica, que es que no se puede imputar a una persona sin tener evidencia necesaria para probar el hecho", remarcan.

"Ahora por el obrar del sistema de justicia penal hay una mujer, pobre, con un consumo problemático, puérpera y presa. Este accionar va en desmedro absoluto del acceso a los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas y convalidarlo resulta actual y potencialmente peligroso para el Estado de Derecho", concluyen en la misiva.

La nota presentada por la Colectiva de Abogades Translesbofeministas puede ser acompañada con adhesiones en este link.