A partir de un caso de abuso sexual contra una menor hubo reclamos de organizaciones feministas contra el Ministerio Público de la Acusación este miércoles. A su vez, la Asociación de Fiscales defendió la tarea del funcionario a cargo a través de un comunicado.
L.T. es una mujer que hoy tiene 27 años y vive en la ciudad de Santa Fe. En 2019 presentó una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación donde acusó a su padrastro de abusarla sexualmente desde los cinco años hasta los 19. Describió episodios de manera detallada y presentó posibles testigos. También manifestó que tanto ella como su madre sufrieron golpes en un contexto de violencia de género durante casi toda su vida.
La mujer relató que a partir de un tratamiento psicológico que lleva adelante desde los 12 años pudo poner en palabras los delitos sexuales de los que fue víctima. Esta situación hizo que se vaya de su casa a los 21 años y no tenga contacto con el resto de su familia durante un tiempo ya que las otras víctimas se mantenían en el círculo de violencia. En el marco de la investigación, la denunciante fue llamada a declarar en una Cámara Gesell.
En conversación con Periódicas, la joven relató: "En casi tres años jamás me informaron como avanzó el caso ni qué se investigó, a pesar que fui todas las semanas a preguntar sobre los resultados. Tiene denuncias previas por violencias, y sigue suelto. Es un peligro para mí. No es justo".
En enero del 2020 L.T. solicitó una medida de distancia contra su padrastro. Cabe destacar que la mujer intentó hacer denuncias policiales en la adolescencia pero por ser menor de edad no se las quisieron tomar. Se vio forzada a convivir con el denunciado hasta que pudo mantenerse por sus propios medios.
Este mes tomó el caso como querellante la abogada Melisa Lógica, que aún se encuentra en la espera ser constituida legalmente.
Ante la falta de información sobre cómo iba la causa desde que denunció y el aviso de parte del fiscal que investigó, Roberto Olcese, que no cuenta con sustento para elevar el caso a juicio, la organización feminista Juntas y a la Izquierda se movilizó frente a Tribunales este miércoles para reclamar para que los delitos sexuales no prescriban.
"El abusador de L.T sigue libre, como tantos otros. No vamos a tolerar ni un minuto más más impunidad. Los delitos sexuales no deben prescribir, los tiempos de las víctimas deben ser respetados y las causas no pueden estar años en cajones llenas de tierra. Sabemos muy bien que debe haber otros casos como el L.T por eso hacemos el llamado a todas esas mujeres y familiares a que nos acompañen para lograr justicia y dejar asentado otro gran precedente que obligue a modificar todo lo que sea necesario del aparato judicial en delitos de este tipo", expresaron a este medio desde el partido.
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La respuesta
A partir de reiterados reclamos por este caso, la Asociación de Fiscales de la provincia de Santa Fe emitió un comunicado para "hacer pública su posición" sobre este tema.
En el escrito, expresan: "La Unidad Fiscal Estatal (UFE) de Género Familia y Sexuales (GEFAS) de la Fiscalía Regional Nro. 1 del Ministerio Público de la Acusación se ha caracterizado por llevar adelante la actividad fiscal en estricto cumplimiento del deber de debida diligencia reforzada. En tal cometido, los órganos fiscales que la integran han actuado de manera oficiosa, exhaustiva, imparcial e independiente, procurando el íntegro goce de derechos de las víctimas".
"El Sr. Fiscal Adjunto Roberto Olcese, como integrante de dicha Unidad Fiscal Especializada, ha desplegado su actividad en cumplimiento acabado de tales reglas directrices. Las decisiones adoptadas en el marco de una investigación penal constituyen actos públicos y en tal carácter son revisables por la autoridad establecida conforme la ley vigente (v.gr. art. 291 del CPP). Los ataques agraviantes e injuriantes dirigidos a un fiscal integrante de la UFE GEFAS no construyen un camino democrático", agregan.
Y concluyen: "Desde el espacio de representación institucional que nos corresponde, animados por la vocación de alcanzar la solución pacífica de los conflictos, la defensa de los derechos de las víctimas y la justa aplicación de la ley, invitamos a las agrupaciones sociales, políticas y a la sociedad en general a dirigir sus peticiones a través de los canales institucionales legalmente previstos".
Qué dice la ley
El Código Penal establecía que las causas de abuso sexual prescribían entre los 4 y 12 años del hecho. En 2011 esto fue modificado por la "Ley Piazza", que determinó que dichos plazos deben empezar a computarse desde la mayoría de edad quien denuncia. En 2015, la ley fue modificada nuevamente, ya que se amplió el tiempo de prescripción para comience a computarse desde el momento de la denuncia. Ninguna de estas leyes pueden aplicarse retrospectivamente.
