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Para el FMI sí, para tu abuela no

Millones de mujeres argentinas accedieron, desde 2004, a una jubilación en reconocimiento de su trabajo como amas de casa. En julio vence esa moratoria y desde el gobierno nacional no han dado señales de interés por otorgarle una prorroga. En Periódicas analizamos el impacto de esta medida en un contexto de crisis y recesión.
Autora: Paola Leiva | CC-BY-SA-4.0

El próximo 23 de julio vence el recurso de moratoria previsional que le permitió a millones de mujeres a lo largo y a lo ancho del país acceder al derecho de una jubilación (conocida popularmente como la «jubilación de amas de casa», aunque abarcaba a todas las y los trabajadores informales, sin los años necesarios de aportes). El gobierno nacional podría prorrogar la medida, pero desde el oficialismo no muestran señales de que esto suceda. De hecho, desde el gobierno de Cambiemos, han impulsado una nueva medida para aquellos y aquellas que han trabajado en el ámbito no remunerado o informal y quieran acceder a una jubilación: la Pensión Universal de Adultos Mayores.

¿Por qué es tan importante contar con un recurso como la jubilación de amas de casa? Precisamente, en el primer informe que elaboramos desde Periódicas, indicábamos que «las mujeres son las que realizan la mayor parte del trabajo reproductivo no remunerado al interior del hogar (tareas domésticas y de cuidado), dedicándole seis horas diarias, mientras que los varones le dedican tres. Esto conforma una doble -y en algunos casos hasta triple- jornada laboral, donde las mujeres disponen de menos horas para el trabajo productivo y remunerado».

Los números indican, de hecho, que el 86% de las personas que accedieron a esa jubilación fueron, en efecto, mujeres. La jubilación fue un reconocimiento a ese trabajo, simbólico y económico, que significó para muchas la posibilidad de acceder por primera vez a recursos económicos propios.

Parece entonces extraño que el gobierno del «feminista menos pensado», quien además se comprometió en su alocución frente al Congreso Nacional en la apertura de sesiones de este año a profundizar la agenda de género, decida recortar una medida que beneficia a miles de mujeres, doblemente relegadas. Y, sin embargo, no es fortuito: la decisión se desprende de lo acordado con el FMI, ese mismo FMI que tiene a Christine Lagarde como presidenta en funciones y que suele pregonar un mensaje digno de ese «feminismo del 1%».

Haciendo un poco de historia, la ley sancionada en 1995 fue reglamentada y puesta en funciones recién en 2004, en el gobierno de Nestor Kirchner. Posteriormente, entre 2004 y 2016, más de 2.700.00 mujeres de todo el país accedieron a la jubilación mediante las distintas moratorias que les permitieron contar con un derecho hasta entonces denegado. Más de 250.000 mujeres de nuestra provincia accedieron a esa jubilación. Esas beneficiarias cobran mensualmente el monto correspondiente a la jubilación mínima, que hoy en nuestro país alcanza los $10.400 con el último aumento aplicado al mes de marzo.

Quizás un análisis más profundo de la cuestión nos permita entender el impacto directo que estas medidas tienen sobre la calidad de vida de las argentinas. El gobierno nacional no sólo ha decidido no prorrogar la moratoria para que nuevas mujeres accedan a ese derecho, sino que además ha impuesto un modelo que hace que las mujeres que sí cuentan con esa jubilación también hayan perdido poder adquisitivo. En 2015, por ejemplo, con una jubilación mínima se podían adquirir unos 393 litros de leche, mientras que en 2019 esa jubilación te permite acceder a 320 litros. Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda, ser jubilada/o en la Argentina de 2019 es entre 60% y 70% más caro que en la de 2018. De más está decir, ninguna jubilación tuvo ese tipo de aumentos, menos aún la mínima.

La pérdida de poder adquisitivo se refleja también en que esta población debe utilizar un porcentaje cada vez más alto de sus haberes para cubrir los gastos de los medicamentos. Entonces, al aumento de precios y tarifas, vale sumar también el retroceso en los planes del antiguo Ministerio de Salud, ahora devenido en Secretaría, y los continuos recortes presupuestarios al PAMI, órgano que significó para muchas de esas mujeres una primera aproximación a un sistema de cobertura médica.

La decisión del gobierno nacional de no prorrogar el acceso a la moratoria deja afuera de esta discusión a miles de mujeres del país, que ahora deberán acceder a lo contemplado en la Ley de Reparación Histórica sancionada en 2016: la llamada Pensión Universal de Adultos Mayores, que otorga una cifra correspondiente al 80% de la jubilación mínima. Para acceder a ella, además, hay que haber cumplido 65 años tanto varones como mujeres, por lo que éstas últimas pierden los cinco años de ventaja que la jubilación previa les otorgaba, ya que les permitía iniciar los trámites con 60 años. Sumado a esto, quienes reciban la PUAM no podrán percibir otras pensiones. En resumen, deberán esperar más para cobrar menos.

Pensar en un sistema de seguridad social desde una perspectiva de inclusión y sobre todo de género implica ampliar el debate más allá de un lindo slogan de campaña o de un video del presidente mateando con una vecina. Excede incluso al análisis de los alcances de una sola medida o de la decisión del gobierno de darla de baja. En la tarea deconstructiva que encaramos desde los feminismos, resulta natural y necesario continuar empujando un debate sobre el sistema previsional como un todo, en la búsqueda de medidas que acerquen a nuestras compañeras a la conclusión de derechos que les permitan una vida digna, y que sean reconocidas e incluidas como las trabajadoras que son.