A través de un comunicado en sus redes personales, la ministra provincial de Igualdad, Género y Diversidad manifestó que se harán cargo del monto que debe pagar la familia Castillo. La deuda se generó por haber sido declarado insolvente el femicida Juan Ramón Cano. Esta semana se organizó una colecta para recaudar los $457.000 adeudados.
Este lunes Silvia Castillo, la hermana de la docente asesinada en la puerta de la escuela Victoriano Montes de Alto Verde, dio a conocer la deuda que ahora tiene por haber sido querellante en el juicio. Por ser insolvente el condenado, Juan Ramón Cano, deberán pagar ellos las costas del juicio. Por este motivo organizaron una colecta pidiendo donaciones para cubrir los $457.000 pesos adeudados.
En la tarde de este miércoles Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, publicó en sus redes personales que el Estado asumirá el pago adeudado a les abogades querellantes. "A instancias de Omar Perotti, tomamos la decisión de que Género realice todas las gestiones necesarias para que los costos del juicio no sean una nueva afrenta a su bienestar".
A su vez, la funcionaria aclaró que "los y las fiscales, bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, son quienes representan el interés de la sociedad a la hora del esclarecimiento de un hecho, por lo que llevan la tarea de investigar y acusar. En caso de querer constituirse en querella, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un o una profesional que los patrocine al que pueden acceder de forma gratuita en los Centros de Acceso a la Justicia en distintos lugares de la provincia".
💬Hoy me reuní con Silvia Castillo, hermana de 𝗩𝗮𝗻𝗲𝘀𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹𝗼, víctima de femicidio.
En 2018 su familia sufrió la pérdida de Vanesa a manos de un femicida y hoy se encuentra nuevamente atravesando una situación difícil que tomó estado público en los últimos días. pic.twitter.com/ZWiTcxsUkd— Flor Marinaro (@flormarinaro) February 9, 2022
De cara al futuro
Por su parte, Silvia Castillo contó a Periódicas que la citaron desde el Ministerio a la reunión y que van a cancelar lo que se adeuda. "Una parte se juntó con la colecta y la otra llegamos a un acuerdo de pagos con los abogados que van a realizar desde el Estado. La colecta ya está cerrada". Al mismo tiempo, formuló que "quedan por resolver modificaciones en las leyes para que las familias de las víctimas que decidan ser querellantes en una causa sean notificadas acerca de esta posibilidad antes de hacerles firmar el poder. Es un proceso que llevará tiempo pero ya hay diputades que están trabajando y desde las organizaciones sociales vamos a seguir impulsando estos cambios".
Para finalizar, adelantó que en breve se va a presentar el proyecto de la "Ley Vanesa", que busca instaurar mecanismos para resguardar a docentes y otros agentes estatales que denuncian abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes. Para la redacción de esta ley hubo una comisión integrada por las legisladoras Agustina Donnet, del bloque Igualdad; Erica Hynes, del Partido Socialista y Lucila de Ponti, del Frente de Todos; quienes realizaron rondas de reuniones con sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Ejecutivo.
Un caso revelador
El femicidio de Vanesa Castillo puso sobre relieve la desprotección que sufren las y los docentes a la hora de acompañar a las víctimas y denunciar los delitos de violencia de género y abusos sexuales. A dos años de la condena continúa sacando a la superficie las fallas del sistema. La abogada feminista y directora del Observatorio de Violencias de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL, María Paula Spina, reflexionó que "me parece muy bien que el Estado Provincial se haga cargo de las costas generadas en el marco del femicidio de Vanesa Castillo. Más tratándose de un crimen cometido contra una empleada provincial en el ámbito de su trabajo, y motivado por la violencia patriarcal. Sin embargo creo que esta situación que ha quedado expuesta, da cuenta de la necesidad de avanzar con medidas estructurales para una plena implementación en la provincia de Santa Fe de la Ley N° 27.210 que crea el cuerpo de abogades para víctimas de violencias de género".
Con respecto a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), explica que "estos no intervienen en el total de los casos ni en todas las materias. Sino que sólo lo hacen en el ámbito penal y siguiendo una serie de criterios estrictos, orientados a patrocinar los casos de violencia más extrema. Esto impide en muchos casos el acceso a justicia y un abordaje de tipo más preventivo".
A esto agrega que "la defensa de las víctimas tiene que ser integral, y dependiente de un organismo con autonomía e independencia. El CAJ forma parte del poder ejecutivo, por lo que difícilmente pueda representar los intereses de las víctimas en aquellos casos en que la violencia institucional es parte estructurante de los crímenes. Y donde muchas veces debe investigarse la responsabilidad de agentes estatales, ya sea por acción o por omisión, en los feminicidios". A su vez, señala que "esto también expone a las abogadas feministas a una situación de precarización. Dada las dificultades que se encuentran para cobrar en estos casos, donde se espera un trabajo más militante que profesional. La gratuidad una vez más se viste de rosa".
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