La semana pasada, dos hombres santafesinos fueron detenidos por producir y difundir material sobre abuso sexual infantil (MASI). Por qué no hablamos de pornografía y sí de MASI. Cómo se investiga este delito y cuáles son las herramientas que Santa Fe tiene a disposición.
Una búsqueda rápida en Google del significado de pornografía basta para entender que llamar así a la difusión de material sobre abusos sexuales infantiles (MASI), está mal. Reafirmarlo en este momento es oportuno ya que en Santa Fe se habla hace una semana sobre esto, tras la detención -y posterior liberación- de dos hombres que producían y difundían MASI.
El martes 7 de mayo fueron detenidos en dos allanamientos que se realizaron en distintos domicilios de la ciudad capital. La noticia tomó más trascendencia el viernes, cuando se hizo público que uno de los varones implicados es trabajador del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia y es hijo de un reconocido abogado santafesino, que defendió a varios varones acusados de abuso sexual contra menores. Actualmente, los dos involucrados en el caso que se destapó recientemente se encuentran en libertad porque fue rechazado el pedido de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público de la Acusación.
Qué es el MASI y qué herramientas tiene Santa Fe para prevenirlo
Soledad Martínez dirige el área de ciberdelitos de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y explicó a Periódicas que el concepto de pornografía implica una elección, algo que no hay en estos casos. La sigla MASI hace referencia a "material sobre abuso sexual infantil" y se trata de “materia prima de un modelo de negocio sostenido por abusadores sexuales que producen, difunden y comercializan contenidos íntimos de niñas y niños vulnerando sus derechos”.
Martínez explicó que desde 2014, con la reforma del código, se incorporó a la reproducción y tenencia de MASI como un delito. Pero en Santa Fe aún queda camino por recorrer en materia de detección y prevención de estos delitos. En primer lugar, para la especialista en ciberdelitos, debería haber una fiscalía especializada en este tipo de crímenes, algo que aún no existe.
En marzo de este año, la Defensoría junto al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el gobernador Maximiliano Pullaro, enviaron un proyecto de ley a la legislatura para la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencia digital y mediática. Este documento contiene la adhesión de la provincia a lo dispuesto por la ley nacional N° 27.736 (Ley Olimpia), modificatoria de la ley nacional N° 26.485 de "Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres" y de la Ley Provincial N.º 13.348.
En Argentina hubo un caso resonante en los últimos años que fue el del pediatra Ricardo Russo, que era jefe de inmunología y reumatología del Hospital Garrahan. Tuvo una condena de 10 años de prisión por producción, tenencia y distribución de MASI e inhabilitado para ejercer la medicina de por vida. “No se trata solo de producir y difundir imágenes íntimas de las infancias, sino de sexualizar esas imágenes con el enfoque y el uso que se les da a las mismas”, indicó Martínez sobre la definición de MASI y ejemplificó que “en el caso de este médico de Buenos Aires que fue condenado, lo que hacía era tomar fotos de los niños y niñas menores, sin consentimiento y haciendo foco en determinadas zonas”, agregó.
Trabajo en red
La causa por la cual se detuvo a los dos santafesinos recientemente se hizo a partir de la investigación internacional “Aliados por la Infancia III” que encabezan el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil. Además de esos dos países, también intervinieron Panamá, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Perú, Costa Rica, entre otros.
Las dependencias de Estados Unidos y de Brasil que iniciaron las diligencias enviaron un oficio al Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), para notificar que se había verificado tráfico de material audiovisual de abuso sexual infantil dentro del territorio argentino. Además de los casos en la ciudad de Santa Fe, se detectaron objetivos en CABA y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Jujuy, Entre Ríos, Formosa.
Martínez explicó que muchos organismos internacionales “trabajan 24/7” en la detección de delitos contra niños y niñas o en la prevención de situaciones de vulnerabilidad de las infancias en la red. Lo hacen en conjunto con compañías de internet para poder detectar situaciones de peligro en general. “Por ejemplo, en un momento recibimos una alerta que nos dio aviso de un niño con intenciones de quitarse la vida y eso nos ayudó a detenerlo”, explicó la representante de la Defensoría.
La NCMEC es una red que reúne a las organizaciones que se encargan de detectar los delitos o las situaciones de peligro, y contribuyen en las búsquedas de menores.
Los peligros de la exposición permanente
En provincia se trabaja en coordinación con estas organizaciones internacionales y con las investigaciones que se realizan a partir de denuncias puntuales. “Se usan tecnologías para identificar los perfiles en las redes y los IP de las conexiones”, indicó Martínez y aclaró que es importante el rol de los adultos en el control de la exposición de los niños en las redes sociales. “Hay algo que llamamos Sharenting, que es la exposición permanente de la vida en redes sociales, que puede tornarse peligroso cuando no hay control o uno no es consciente de todo lo que se puede hallar a través de esas imágenes”, aclaró.
En esa misma línea, Martínez recomendó hablar y explicarle a los niños qué es lo que puede ocurrir, cuál es la información que se puede compartir y cuál no. “También es importante que todos sepan que se puede denunciar a ciertos perfiles o personas”, recomendó.
Grooming más violencia sexual y de género
Para entender mejor de qué se trata este delito, Martínez indicó que nace del cruce de otros dos delitos que son el grooming y la violencia sexual y de género. “El primero implica el contacto de un adulto con un menor de manera virtual para transmitir datos que atenten contra su integridad sexual”, indicó la especialista.
Se combina con la violencia sexual o de género que implica la difusión no consentida de imágenes sexuales de los menores. “Es importante que todas las personas sepan que para que se den estos hechos delictivos contra la integridad sexual, no tiene que haber sí o sí un contacto físico”, indicó Martínez.
Los detenidos en Santa Fe
En Santa Fe detuvieron a M.E.J, de 46 años, y a LFP, de 38. Se los aprehendió el martes 7 de mayo en allanamientos que se realizaron en viviendas de 1° de Mayo al 3000 y San José al 2000. Se los imputó como autores del delito de divulgación de imágenes y videos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, agravado por la edad de las víctimas.
La fiscala Luciana Escobar Cello, encargada de la investigación, solicitó la prisión preventiva para los imputados, pero la jueza Celeste Minniti rechazó la medida cautelar y ordenó medidas alternativas. Los hombres debieron fijar un domicilio, constituir un guardador, se les prohibió usar internet, se les ordenó presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público de la Acusación y se pidió que se constituya una fianza.
Ya libre, el lunes siguiente, M.E.J. se presentó a trabajar en el Hospital de Niños y luego de que se hiciera pública la situación, el Ministerio de Salud ordenó que dejara de prestar servicios en el efector de salud hasta que se resuelva su situación. Finalmente, la fiscalía informó que apelará la decisión de la jueza Minniti de otorgarle la libertad a los imputados.
“Entendemos que hay evidencia suficiente -en la instancia procesal en la que estamos- para sostener la autoría del delito por parte de los imputados, la materialidad del ilícito y los peligros procesales”, indicó Escobar Cello.
Sobre la medida alternativa que dictó la jueza santafesina, la responsable del área de cibercrimen de la Defensoría del Pueblo, aclaró que es imposible controlar que los hombres implicados no utilicen internet. “A veces es difícil controlarlo hasta en las cárceles”, explicó y sostuvo que para ella deberían estar en prisión preventiva, no por el riesgo de fuga sino porque pueden volver a cometer los delitos.
Autora: Thamina Habichayn
