Finalmente llegó al Congreso de la Nación un proyecto de La Libertad Avanza para derogar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero sin firmas, por fuera del período ordinario, y de mano de una diputada nacional ligada al apoderado del partido de Amalia Granata y antiderechos conocidos de la política santafesina. ¿Operación? ¿Distracción? ¿Ignorancia del reglamento legislativo? Desde la Campaña Nacional por el derecho al Aborto responden: "Hoy los problema son el hambre y la desocupación".
El fracaso estruendoso en la negociación por los consensos para tratar y aprobar la ley Ómnibus quedó desdibujado la noche de este miércoles por el trascendido de la presentación de un proyecto para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) este lunes, exactamente un día antes de que el proyecto de Bases y Puntos de partida se caiga y vuelva a comisiones. Las teorías en redes oscilan entre una operación interna, excesiva confianza legislativa, improvisación y desprolijidad o una intentona de sacudir la agenda para cubrir el bochorno legislativo.
Lo cierto es que figuras como el procurador del Tesoro Nacional, Rodolfo Barra, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación ya se habían pronunciado al respecto de su deseo de que se derogue la ley de acceso al aborto en una nota conjunta que publicaron en el portal Infobae. Fue a propósito de la declaración, por parte del Poder Ejecutivo del 2024 como el año de "Defensa de la Vida, la Propiedad y la Libertad" y luego de que el presidente se refiriera a la "agenda sangrienta del aborto" en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos.
"Conforme con información suministrada por las autoridades de salud, 'en la República Argentina se matan a alrededor de 100.000 niños por año como consecuencia de la práctica del aborto autorizado (y hasta fomentado) por la ley 27.61', eufemísticamente denominada 'de interrupción voluntaria del embarazo', cuando lo que en realidad se interrumpe es la vida de un ser humano durante el embarazo de la madre" citan bajo fuentes inchequeables en el texto que publicaron.
El proyecto sin firmar y sin ingreso formal
Con cuestionable calidad constitucional, el proyecto de derogación de la IVE ingresado durante sesiones extraordinarias bajo el expediente 5172-D-2023 con fecha del 5 de febrero de 2024, figura con la "autoría" de la diputada nacional por Santa Fe, Rocío Belén Bonacci, de 27 años, oriunda de la localidad de Funes. Como acompañantes del proyecto aparecen las "firmas" de la diputada por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine; Beltrán Benedit, por Entre Ríos; María Fernanda Araujo y Oscar Zago por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el jujeño Manuel Quintar.
En el transcurso de las últimas horas Lemoine desmintió apoyar de plano y haber firmado el proyecto, al que tildó de "dañino" bajo la coyuntura que atraviesa su partido. Frente a esto Bonacci publicó capturas de chats de Whatsapp donde "demuestra" el apoyo que le brindaron sus compañeros de bloque para la presentación.
Además de la discusión acerca de las firmas, el Congreso se encuentra trabajando operacionalmente bajo el régimen de sesiones extraordinarias, por lo que nada más allá del orden dispuesto por el Poder Ejecutivo puede ser tratado en esta instancia. Este es otro punto que evidentemente desconocen desde LLA, a pesar de que en formas el proyecto ya estaría "ingresado" con la autorización del presidente de la cámara, Martín Menem.
La instancia oficial y plausible para la presentación de proyectos legislativos por parte del cuerpo parlamentario comienza el 1 de marzo, junto con la apertura de las sesiones ordinarias, por lo que Bonacci, de insistir con el proyecto y conseguir los apoyos reales, deberá ingresarlo a partir de ese momento y hasta el 30 de noviembre de 2024.
En la letra
En apenas cinco artículos el proyecto avanza en la derogación de la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la modificación del artículo 85 del Código Penal de la Nación, para penalizar el aborto con "prisión de uno (1) a cuatro (4) años". Además deroga el artículo 85 BIS del Código Penal de la Nación que penaliza a los funcionarios públicos y agentes de salud que nieguen o demoren injustificadamente una interrupción voluntaria del embarazo.
El texto también propone modificar el artículo 86, para penalizar a "los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo", y el artículo 88, para agregar la posibilidad judicial de que en el caso de aborto un juez pueda "disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".
Una genealogía política
Gracias a los metadatos del documento presentado como proyecto de ley para derogar el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se pudo saber que pertenece originalmente al padre de la diputada Bonacci, José Bonacci. Se trata del apoderado del partido Unite y exconcejal rosarino, que llevó a la legislatura santafesina a un grupo de pastores evangélicos, abogados ligados al Opus Dei y médicos antiderechos junto a Amalia Granata como diputados provinciales en 2019 con el sello de su partido.
Ese mismo año también conformó desde Unite la coalición Frente Patriota, integrada por el partido ultranacionalista Bandera Vecinal, liderado por Rodolfo Biondini, entre otros. Y es conocida su relación con el carapintada Aldo Rico, gracias al cual se conocieron con su actual esposa y diputada en la bancada de Granata, Beatriz Bower.
Casualmente el exconcejal se dedica al negocio de la impresión de boletas electorales, por lo que fue investigado en el marco de la apropiación de fondos por parte de partidos fantasma, que usaban facturas de su imprenta para justificar gastos en boletas que no existían.
Entre otras polémicas, en diciembre del año pasado, Bonacci fue demorado por disparar al aire en su domicilio donde la policía santafesina encontró un pequeño arsenal que el padre de la diputada tuvo que justificar con licencias para portación.
En 2023 su hija se suma a las filas de Javier Milei y tras una rotunda victoria electoral de La Libertad Avanza en Santa Fe se convierte en diputada nacional.
"Hoy los problema son el hambre y la desocupación"
La respuesta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en redes sociales fue que hoy el problema real que se presenta a la sociedad argentina es otro, muy alejado de volver a discutir el acceso a la IVE. "A días de la gran derrota política del gobierno de Milei en el Congreso, se presentó un proyecto con la intención de derogar la Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Nos quieren distraer reabriendo este debate saldado para no ocuparse de lo urgente: el hambre y la desocupación" publicaron en sus cuentas oficiales en redes sociales.
"Ya lo hemos dicho y lo repetimos, ni un paso atrás sobre nuestros derechos. No pasarán. Es ley, y va a seguir siendo ley" sentenciaron.
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En el mismo sentido, Mariángeles Guerrero, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Santa Fe en diálogo con Periódicas sostuvo que la presentación no les sorprende. "Es otra muestra más de que el partido oficialista está dispuesto a llevarse por delante todos los consensos democráticos. Que tiene un programa de gobierno fascista, que a las mujeres y disidencias sexuales, en un contexto de agudización de la pobreza, sólo tiene para ofrecernos la cárcel o que interrumpamos un embarazo con perejil o agujas de tejer y muramos desangradas en la guardia de un hospital" agregó.
Para la entrevistada, la llegada de este proyecto no es más que otra demostración de la incapacidad para gestionar la vida de las y los argentinos. "En lugar de trabajar para mejorar nuestras condiciones de vida, sólo proponen cosas que las empeoran. Ejemplo de esto fue la pretensión de dar marcha atrás con la Ley Micaela vía la Ley Ómnibus o la devaluación y la desregulación del precio de los alimentos que nos afecta todos los días" indicó Guerrero.
Lejos, bastante lejos están los temas de prioridad en la agenda que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, y eso se refleja en estos espasmos legislativos. "En lugar de reflexionar sobre el papelón que hicieron con la Ley Ómnibus pretenden que toda la sociedad vuelva a discutir algo que ya fue extensamente debatido y que tuvo como resultado la sanción de la Ley 27.610. No hace falta hacer futurología para saber qué pasaría sin esa ley, porque ya lo vivimos en un pasado de muerte y criminalización que gracias a la lucha feminista quedó atrás. Lo que sí hace falta es que les diputades de LLA salgan de la discusión chata y de la chicana y salgan a la calle a ver las necesidades reales de las mujeres. Y en ese sentido lo que necesitamos son políticas activas en materia de género, más presupuesto en salud, educación y en políticas que contribuyan a enfrentar esta crisis económica".
Escribe. Se especializa en la temática trans-travesti y las notas viscerales.
