JFC fue condenado este lunes a 19 años de prisión por abusar de sus hijes cuando eran menores de edad. El juicio llegó a su fin tras tres años de reclamos e impunidad. Su nombre completo no se brinda para resguardar a las víctimas, quienes comparten apellido con él.
En julio 2020 J.F.C. fue denunciado por abusar sexualmente de sus hijes cuando eran menores de edad. En noviembre de ese año quedó en prisión preventiva. Casi tres años después y a punto de quedar libre por el vencimiento de la medida cautelar, comenzaron a juzgarlo en los tribunales de San Jorge. Este lunes, finalmente fue condenado por los crímenes que cometió contra sus hijes.
El reconocido abogado penalista de San Jorge fue condenado por unanimidad a 19 años de prisión. El tribunal pluripersonal integrado por los jueces Pablo Spekuljak (presidente), Sebastián Szeifert y Lisandro Aguirre lo declaró responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por el parentesco, la guarda y la convivencia, abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el parentesco y la guarda y promoción a la corrupción de menores calificada por la edad de la víctima, por mediar violencia, por el parentesco, la guarda y la convivencia.
Los fiscales a cargo de la investigación, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, indicaron que están conformes con la resolución del tribunal, que condenó al abogado por los delitos que propusieron desde el MPA. Manifestaron que aguardarán los fundamentos, sobre todo, lo relacionado al monto de la pena ya que ellos habían solicitado 30 años.
Los abusos sexuales
Los hechos fueron cometidos entre 2006 y 2020, hasta que una de las sobrevivientes pudo contar lo ocurrido. “El hombre de 48 años vulneró la integridad sexual de las víctimas en un contexto de violencia doméstica que él ejercía”, aseguraron Escobar Cello y Broggi. Además, indicaron que amenazó a una de las sobrevivientes para que no opusiera resistencia. “El condenado es un abogado con trascendencia en el ámbito local y le demostraba con frecuencia la supuesta impunidad que él tenía a partir de sus contactos”, aclararon.
“Dadas las características de los abusos y la relación entre el agresor y las víctimas, lo sucedido tuvo entidad suficiente para generar consecuencias negativas en la salud física y psicológica de las tres personas vulneradas por su padre”, remarcaron los fiscales.
Mariana es la mamá de los niños y ex pareja del condenado. Se separó del imputado en 2014 tras vivir situaciones de violencia y amenazas. La primera de sus hijas que le contó sobre los abusos fue la del medio. “Desde 2019, cuando yo pedí una cuota alimentaria al padre de mis hijos, ellos quedaron obligados a pasar tiempo con él porque pidió un régimen de visitas”, explicó la madre. Es por eso que los dos niños menores debían visitarlo cada tanto en la casa de su padre. La hija más grande ya era mayor de edad y se negó al contacto.
En marzo de 2020, la hija del medio llegó a la casa de su madre llorando, dijo que no quería volver a ir con el padre y se encerró en la habitación. En ese momento solo pudo decir algunas pocas palabras y su madre entendió que su ex pareja había estado “borracho y molesto”. Pero luego, el 31 de julio fue la hija mayor de Mariana la que le contó sobre los abusos.
En ese momento, la madre y las niñas radicaron la denuncia. El abogado penalista había abusado de su hija en frente del hermano menor de la niña y a unos pocos metros de la habitación en donde estaba su pareja, quien "no apareció ni se metió a sacarlo”, sostuvo Mariana. Luego de forcejear, la niña se pudo escapar por sus propios medios. “Me dijo que logró sacarlo, trabó la puerta y durmió con el jean puesto”, recordó la mamá.
Tiempo después de la primera denuncia, la hija mayor de Mariana pudo contar que unos años atrás ella había pasado por una situación similar con su padre pero que por miedo y porque no entendía lo que pasaba, no se animó a contarlo antes. Lo narró primero en una Cámara Gesell y frente a psicólogos, en el marco de la investigación. “Ella una vez me dijo que no quería quedarse más a dormir del padre, entonces solo iba a comer y volvía”, remarcó Mariana.
Tras la denuncia el hombre fue imputado y la fiscalía pidió la prisión preventiva. El 10 de noviembre fue detenido y trasladado a la alcaidía de Sastre, donde se mantuvo hasta el momento del juicio.
Amenazas
Tanto los denunciantes como su madre recibieron amenazas por parte del imputado y de los familiares. Durante los primeros cinco meses que pasaron desde la denuncia hasta que quedó en prisión preventiva, fue él mismo quien los atormentó. “Teníamos una medida perimetral para que no se acercara a más de 200 metros de mis hijos, pero sus padres viven en la misma cuadra por lo que el fiscal Carlos Zopegni le disminuyó la perimetral a 50 metros para que pudiera visitarlos”, explicó Mariana. “Mi hija no podía salir de mi casa porque podía cruzarlo”, agregó.
Una vez que el imputado quedó preso, en noviembre de 2020, quienes continuaron con las amenazas fueron sus familiares. En varias ocasiones se acercaron a insultar a sus hijos y a hablarles sobre él. “Son personas peligrosas, a las que mucha gente le tiene miedo porque andan armados”, añadió.
Incluso durante el comienzo del juicio, Mariana recibió algunas amenazas. “Durante estas dos semanas no salimos mucho, los fines de semana nos quedamos en casa y yo no estaba yendo a trabajar para no cruzarlos, porque mi lugar de trabajo queda cerca de la casa de su familia”, explicó.
El juicio que no llegaba
El juicio comenzó recién el 9 de octubre de este año, a un mes del final de la prisión preventiva del abogado. Tanto Mariana como intengrantes de la organización feminista Las Chuecas de San Jorge reclamaron en varias oportunidades que la justicia avanzara en el caso e iniciara el juicio contra el abogado, ya que desde 2020 estuvo preso en una comisaría.
Denunciaron, en primer lugar, la “impunidad” con la que se manejó el abogado y su familia. En segundo lugar, reclamaron el comienzo del juicio para que el imputado no quedara en libertad.
Manu Abuela de Las Chuecas sostuvo que el caso del abogado penalista dejó a las claras que “la Justicia todavía no está en condiciones de acompañar los procesos que se dan en la sociedad”. Por otro lado, indicó que “evidencia que no todos somos iguales ante la ley, porque esta persona recibió un trato privilegiado”.
El alivio tras la sentencia
Tras la condena, Mariana expresó a Periódicas que ahora lo que queda es “comenzar de nuevo”. Aseguró que junto a sus hijes sienten una gran tranquilidad. “Después de que las chicas hicieron la declaración de impacto al final del juicio, las noté más relajadas”, describió su madre.
La mujer contó que luego de escuchar la sentencia y la pena, dejó de oir lo que decían los jueces porque sintió que terminaba una lucha de muchos años. “Fueron tres años en los que todo el tiempo vivimos lo mismo, ahora hay que volver a empezar, hay que reconstruir nuestras vidas como podamos”, remarcó la madre.
Mariana aclaró que a pesar de que la pena les da “paz”, van a seguir cuidándose. “Sabemos que él y su familia son gente complicada, que van a apelar, por eso nosotros tratamos de estar juntos, de no estar solos”, agregó.
Cambio de apellido
Las sobrevientes denunciaron a su padre hace ya tres años y, a pesar de que pudieron contar lo que sucedió y tuvieron siempre el acompañamiento de sus seres queridos y de profesionales, sufren las consecuencias. Los tres hijos del abogado decidieron cambiarse el apellido en 2021. Sin embargo, se encontraron con varias trabas burocráticas y todavía no tienen novedades sobre la solicitud. “En una oportunidad, mi hija del medio tuvo que conectarse a una llamada desde la escuela porque de nuevo tenía que explicar por qué no quiere tener más el apellido del padre”, contó Mariana. “¿Hasta cuándo le van a preguntar lo mismo? Ya tuvieron que contar todo lo que les hizo muchísimas veces”, reclamó.
Autora: Thamina Habichayn
