La solicitud podría derivar en un jury. Piden que el procurador de la corte investigue y aplique sanciones correspondientes. El juez había puesto en duda un abuso sexual, en una audiencia llevada a cabo el domingo pasado, porque el atacante usó preservativo.
Este viernes 20 legisladoras, de diferentes bloques de la Cámara de Diputados, radicaron una denuncia conjunta en la Procuración General de Santa Fe para que se investigue y haya una aplicación de sanciones correspondientes al juez Rodolfo Mingarini, luego de la publicación realizada este miércoles en Periódicas donde se relata sobre una audiencia de medidas cautelares en la que se dejó en libertad a un imputado por abuso sexual bajo el argumento de tener preservativo.
Las diputadas le solicitaron a Jorge Alberto Barraguirre, procurador general, que "realice la investigación y disponga las sanciones que considere pertinente, al Juez Penal de primera instancia del Distrito Judicial N°1 Abog. Rodolfo Alejandro Mingarini, por haber trascendido públicamente un decisorio que evidenciaría la carencia de aptitud esencial en el ejercicio de la función judicial". Esta acción significa que, al pedir sanciones el procurador el mismo se constituye en fiscal, e inicia investigación y evalúa sanciones. Estas pueden ser administrativas o puede derivar en un jury, si lo amerita el caso.
Las diputadas sostienen su pedido en "el convencimiento de que un juez de nuestra provincia no puede dejar en libertad a un imputado por abuso utilizando como único argumento para ello el uso de preservativo. De manera expresa el juez manifestó: 'No puedo relacionar ni entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima'".
La diputada Gisel Mahmud acercó la denuncia a la procuración este viernes en representación de todas las legisladoras. Firmaron también Lionella Cattalini, Lucila De Ponti, Erica Hynes, Silvana Di Stefano, Claudia Balagué, Clara García Alonso, Damaris Pacchiotti, Matilde Bruera, Paola Bravo, María Laura Corgniali, Georgina Orciani, Silvia Ciancio, Lorena Ulieldin, María Ximena Sola, Mónica Peralta, Betina Florito, Rosana Bellatti, Cesira Arcando, y Agustina Donnet. "Venimos en nuestro carácter de legisladoras y representantes del pueblo", se presentan en el documento al que accedió Periódicas.
"Esta conducta del magistrado no hace más que reafirmar la existencia de una justicia patriarcal que debemos revertir. Para lo cual se torna menester la condena de dicha conducta no sólo por parte de la sociedad –como está sucediendo– sino también mediante las sanciones instituidas para reprochar el obrar antijurídico de los miembros del Poder Judicial. Es que de corroborarse un patrón de conducta en este sentido podría, incluso, alcanzar la sanción más grave de destitución por desconocimiento manifiesto del Derecho causal de remoción de magistrados conforme a la Ley provincial N° 7050", expresaron.
Y agregaron: "Esto podría entenderse porque se verían vulneradas de forma manifiesta la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ley N° 23.173), con rango constitucional según Art. 75 inc.22 CN; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - “Convención de Belem do Pará”. Como así también la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (N° 26.485) y la ley Provincial de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (N° 13.348)".
