En Santa Fe, hace ya ocho años que se suceden proyectos de Cupo Laboral Trans. Tenemos ley pero falta su implementación. ¿Dónde están hoy las personas trans en relación al empleo en la ciudad y en la provincia? Voces presentes, voces ausentes.
El cupo laboral surge como un proyecto de la activista travesti Amancay Diana Sacayán. Como tal, prevé que el estado tome las medidas necesarias para la contratación de personas trans. Este proyecto fue -y continúa siendo-, necesario por la fuerte marginación sufrida por esta población, que tiene relación directa con lo que los activismos trans dieron a conocer como travesticidio social. El travesticidio social es una larga cadena de exclusiones que sufren las personas trans por ser trans durante toda su vida. Desde la negación de la identidad, pasando por la expulsión del hogar y la familia, la exclusión del sistema educativo, laboral y de salud, y en algunos casos llegando al último eslabón que es la muerte.
Frente a esto, el cupo laboral trans surge como una herramienta para paliar las trayectorias desiguales entre personas cis y trans al momento de acceder al empleo, otorgando garantías a estas últimas.
Muchos de los proyectos de cupo prevén no solo la inclusión laboral sino también proveen garantías de acceso a la formación laboral y otros recursos educativos para que las personas trans puedan acceder el empleo en las mismas condiciones que lo hacen las personas cis.
¿Cómo surge el cupo laboral trans en Santa Fe?
Impulsado desde las organizaciones trans de la provincia, el primer proyecto de ley de cupo laboral es propuesto por el diputado justicialista Leandro Busatto, buscando establecer que por lo menos el uno por ciento de los puestos de trabajo en la administración pública sean reservados para la población travesti-trans.
Por su parte, la entonces diputada provincial por el partido Igualdad y Participación, Silvia Augsburger, impulsó en 2018 un proyecto de ley de Protección Integral Trans que entre otras cosas, reglamentaba el acceso al empleo de este grupo.
Ese mismo año, el diputado Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular ingresó mediante su banca en la cámara baja, el proyecto de Cupo Trans que logró atravesar ambas cámaras legislativas exitosamente, y convertirse en ley el 31 de octubre de 2019, siendo promulgado por el ex gobernador Miguel Lifschitz el 27 de noviembre de ese mismo año.
En tanto a nivel municipal y con un fuerte impulso y trabajo de las organizaciones LGTB de la ciudad, el cupo trans se convirtió en ordenanza en el marco del Día Internacional del Orgullo, el 28 de junio de 2018.
¿Cuál es la situación del cupo laboral trans hoy?
Las últimas encuestas realizadas por la municipalidad de Santa Fe revelan que menos del 20% de la población trans-travesti accedió al empleo formal. La realidad es que la mayor parte de este grupo social continúa teniendo como base de ingreso económico a la prostitución, que sumado a otros factores que tienen que ver con la discriminación social, reducen su expectativa de vida a un promedio que ronda los 40 años.
En cuanto al estado actual del cupo en la ciudad, Periódicas habló con Soledad Artigas de la Dirección de Mujeres y Disidencias del municipio, que comenzó repasando la breve historia de la norma: “El municipio cuenta con la ordenanza 12.522, que se sanciona en 2018, se reglamenta a fines de ese año y en 2019 ingresaron cinco compañeras trans al municipio. Estuvimos revisándola porque no queda claro en qué condiciones deben ingresar esas personas. Cuando se reglamenta, se firma un acta con las personas que habían sido seleccionadas a través del Registro Único de Aspirantes (RUA), e ingresan todas como practicantes.Y ahí es donde aparecen los baches de la reglamentación”. Artigas explicó que “la practicancia en realidad es un programa de entrenamiento laboral, pero no queda claro después cuál va a ser el mecanismo para que esas personas ingresen a la planta permanente. Por eso el primer paso que nosotras empezamos a dar este año fue ponerlo en consideración con las organizaciones con las que nos juntamos en febrero y con las compañeras trans que están trabajando en el municipio para ver qué cosas creían ellas que había que reformular. Con esa devolución lo que hicimos fue reunirnos con función pública para ver qué opciones tenemos. Ya sea de modificar la reglamentación o de generar algún otro instrumento legal que nos permita trabajar mejor el ingreso de las personas trans, al tiempo que avanzamos en modificar el RUA”.
Con respecto a los problemas con el registro, Artigas aclaró que para cumplir con la reglamentación “se realizó un registro con todas las personas que se inscribieron y se realizó una evaluación a través de la dirección de empleo. Constaba en recibir todos los antecedentes de las personas aspirantes y hacer una especie de orden de mérito en base a la cual se seleccionaron las primeras cinco personas”. Agregó que creen que la mejor manera de avanzar es “armar ese registro de una manera distinta, teniendo en cuenta los perfiles laborales y que en esa construcción del registro y evaluación de los perfiles podrían participar las compañeras que ya están trabajando, además de pensar en ampliar a otros actores que podrían ser las organizaciones sociales”. En otras palabras, “formar un consejo donde estén representadas la mayor cantidad de voces que contemplen y conozcan las circunstancias de la población travesti, transexual y transgénero”.
Respecto del régimen de practicancias Artigas sostuvo: “Nos parece que está bien si se pudiera generar que efectivamente sea un entrenamiento laboral que dure un tiempo estipulado y acordado previamente con cada aspirante. Que después tengamos herramientas para poder realizar los concursos y que esas personas puedan ingresar con los derechos laborales plenos y pasar a la planta permanente del estado. Creo es el fin que persigue todo este tipo de normativas a nivel municipal, provincial y nacional”.
Sobre los puntos que aún restan abarcar de la ordenanza destacó que en la norma ciudadana “está la facultad del ejecutivo para firmar convenios con entidades privadas y pensar la exención de impuestos para los privados que empleen a personas trans. El ejecutivo también tiene la facultad de firmar acuerdos de pasantía con privados y prestadores del mismo estado”, explicó Artigas asegurando que allí hay una herramienta interesante: “Cuando el Estado licita o concursa algún procedimiento de compra, o contrata algún servicio de una empresa privada, que uno de los requerimientos para esa empresa sea que tenga dentro de su planta de empleades a personas trans”. Sobre esto, afirmó las intenciones de armar una agenda de trabajo y dio a conocer que a principio de año se había avanzado en ciertos diálogos “con algunos locales nocturnos, en el medio de algunos episodios de discriminación que se sucedieron. Habilitaron la posibilidad de comenzar a pensar, más allá de la sanción, en cómo formar a sus empleados y empleadas para evitar situaciones de discriminación. Lo interesante sería que pudieran incorporar a personas trans a sus equipos de trabajo y poder tener una perspectiva de diversidad en el ámbito privado”.
En cuanto a la situación respecto a la pandemia por el coronavirus, Soledad Artigas dijo que “queda en el tintero”, porque estaban en el proceso de revisar la ordenanza, pero en el medio se desató la situación sanitaria por Covid 19 que centralizó todos los esfuerzos estatales.
Para finalizar, remarcó que “queda pendiente la re elaboración del registro de aspirantes de acuerdo al relevamiento de áreas de vacancias y a los perfiles laborales; ponerlo a consideración del gremio y las organizaciones. Terminar de ajustar las reglamentaciones para, en el momento en que estemos en condiciones de hacerlo, ver cómo hacemos para que las personas travestis, transexuales o transgéneros que ingresaron o que ingresen puedan acceder a un tipo de concurso que le genere las condiciones de acceso al empleo y el pleno reconocimiento de sus derechos laborales”.
Natalia Vega, una de las ingresantes en el marco de la normativa municipal de cupo afirmó a Periódicas que “se está trabajando para mejorar la reglamentación con reuniones de trabajo con las organizaciones y con las diferentes áreas de la municipalidad”. En referencia a los perfiles laborales, agregó: “Hoy las compañeras están con una practicancia porque así se reglamentó, pero la idea es generar espacios de formación laboral y trabajar con los deseos de les compañeres”.
En lo que a la norma provincial respecta, Fernanda Medina, de la Dirección Provincial de Empleo Digno, dependiente de la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, sostuvo que estuvieron “laburando esto con distintas organizaciones LGBTIQ+”. A agregó que “el tema es que lamentablemente justo empezó lo de la pandemia y fue un cúmulo de situaciones atípicas”.
Sobre este punto, Periódicas consultó a Pamela Rochi, militante y activista por los derechos de las personas trans: “Es de público conocimiento que el 3 de marzo se cumplieron los plazos previstos para la reglamentación. Las organizaciones sociales de personas trans de la provincia no hemos recibido ninguna llamada de quien debería reglamentar esto, que es el Ministerio de Trabajo, a cargo de Roberto Suckerman. Solamente fueron convocadas dos organizaciones rosarinas y dos santafesinas, dejando por fuera al resto. Hoy más que nunca pedimos esta reglamentación urgente": Rochi sostuvo "creemos importantísimo que el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Trabajo convoque a una videoconferencia, por los momentos que transitamos, con todas las organizaciones para avanzar en la reglamentación y una vez terminada la cuarentena se comience a armar el Registro de Aspirantes que prevé la norma". Finaliza resaltando que "el gobernador Omar Perotti, en la apertura de las sesiones legislativas no hizo ninguna referencia a la diversidad sexual y a las disidencias sexuales de la provincia de Santa Fe, que tanto trabajo están haciendo en este momento, con la total ausencia del estado provincial”.
Escribe. Se especializa en la temática trans-travesti y las notas viscerales.
