A cuatro años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, nos preguntamos: ¿cuál es el estado actual de la aplicación de la ley? ¿Cuál es hoy la ruta del aborto en Santa Fe? ¿Alcanza sólo con la ley?
Hace unos pocos días el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, expresó su postura en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y manifestó su deseo de derogarla o modificarla.
En una entrevista con Alejandro Fantino, Menem afirmó: "Yo soy pro vida. Pañuelo celeste, de acá a la China", y señaló la posibilidad de presentar un proyecto en 2025 para revertir la legislación vigente. Sin embargo, aclaró que no tendrían los votos suficientes para aprobar la derogación hasta luego de las elecciones legislativas del año que viene.
Si bien esta caprichosa declaración del presidente de la Cámara de Diputados encendió las alarmas de la militancia feminista, es importante recordar dos cosas: que el aborto sigue siendo legal y que, para defender esa ley, es importante conocerla y velar por su correcta aplicación. Esto último, lamentablemente, no siempre sucede en un sistema de salud cada vez más colapsado y con viejos (y renovados) resabios antiderechos.
Motosierra e incertidumbre
A lo largo y ancho de nuestro país, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se han ido implementando de diversas maneras, dependiendo mucho de los sistemas de salud provinciales.
Antes de que se elimine el Ministerio de Salud nacional, para convertirlo en secretaria, y luego volverlo al estatus de ministerio, existió en Santa Fe una continua articulación entre las carteras nacional y local de salud.
Estas articulaciones permitían mayor facilidad para acceder a diferentes recursos y establecían protocolos claros para intervenciones como la ILE/IVE. Pero desde el 10 de diciembre de 2023 esto cambió. Tras las constantes modificaciones en la cartera nacional, las rutas de acceso a estas intervenciones cambiaron constantemente y es probable que sigan cambiando, ya que la política de vaciamiento y ajuste del gobierno de Javier Milei sólo se irá profundizando en los años venideros.
Frente a este panorama de incertidumbre generalizada, desde Periódicas decidimos realizar una investigación acerca de la ruta del aborto en Santa Fe, consultando las fuentes primarias y preguntando sobre el estado de situación al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, del cual no recibimos respuestas tras reiterados pedidos.
Es por esto que fuimos construyendo y reconstruyendo esa ruta con entrevistas a socorristas de nuestra ciudad, que son quienes conocen la ruta del aborto y sus múltiples obstáculos, así como con médicas de centros de salud y trabajadoras de los equipos interdisciplinarios de los efectores públicos.
El paso a paso del aborto en Santa Fe
Si una persona gestante quiera realizarse un aborto, el primer paso es acudir a un centro de salud y pedir turno con el médico o médica clínica/generalista que atienda allí.
Sobre estos primeros pasos, y según la experiencia de Solange Etcheverria, de la Campaña por la Emergencia, a veces el 0800-222-3444 de la Línea de Salud Sexual resulta muy útil, ya que suele derivar a centros de salud que considera aptos para los acompañamientos que requiere una IVE.
Sin embargo, frente al contexto de desfinanciamiento de las políticas de salud sexual y reproductiva nacionales, el funcionamiento de este 0800 es intermitente y, muchas veces, cuesta recibir una derivación a través de la línea.
Independientemente de cómo la persona obtenga su turno con un médico o médica, lo importante es que, en la primera consulta, la persona gestante manifieste su deseo de acceder a una IVE/ILE. A partir de esto, el profesional de la salud deberá despejar todas sus dudas respecto de la intervención y solicitar una ecografía.
La ley estipula que, desde que se la solicita, la persona debe acceder a la práctica en un plazo máximo de 10 días corridos. Así que es importante que, en esa primera consulta, se dé una respuesta efectiva porque el tiempo es clave.
Una vez que la ecografía es realizada se puede determinar la edad gestacional. Es importante saber que si se identifica que la gestación está dentro del primer trimestre, se puede realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo con un tratamiento ambulatorio. En cambio si la gestación ya está en el segundo trimestre, se debe realizar una Interrupción Legal del Embarazo, y se necesita internación.
En caso de realizar una IVE, el personal médico solicitará, a la farmacia del hospital más cercano, que envíe al centro de salud la medicación necesaria (misoprostol). La ingesta de la medicación recetada es un tratamiento ambulatorio, es decir, quien se lo realice deberá hacerlo en su casa, siguiendo los pasos que el médico o médica le indique.
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Pero si la gestación ya superó las 14 semanas se deberá realizar una ILE y el procedimiento es diferente. Allí también se realizará un tratamiento medicamentoso, pero con dosis más altas. Dado los dolores y complicaciones que estas dosis pueden traer, estas intervenciones se realizan siempre con internación y vigilancia de médicos o médicas.
Es por esto que, cuando el personal médico detecta que el embarazo se encuentra en el segundo trimestre, se deriva la práctica a un hospital que realice la ILE en la zona, donde se asignará un turno para la intervención. En la ciudad de Santa Fe, esta práctica se realiza en los hospitales Iturraspe y, en menor medida, en el Cullen.
Una vez en el hospital, un equipo interdisciplinario entrevistará a la solicitante para conocer su situación y brindale la información necesaria. Este procedimiento requiere de un acompañamiento y observaciones pre y post aborto.
Sin embargo, una trabajadora social de la Consejería de Salud Sexual del Hospital Iturraspe (que prefirió resguardar su identidad) le contó a Periódicas que este espacio puede acompañar sólo dos o tres procedimientos de ILE por semana. Esto se debe a que el equipo no es exclusivo, ya que estos profesionales también deben atender otras situaciones que requieren su intervención.
Hoy en día, la exigencia de este equipo hacia la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia es que otros efectores puedan realizar estos acompañamientos, ya que algunas veces la demanda desborda la capacidad de respuesta de esta consejería.
Los obstáculos
Aunque la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es clara respecto de sus alcances y procedimientos, en la práctica el acceso al aborto no es siempre sencillo y continúan existiendo dificultades relacionadas con las lógicas de los sistemas de salud y con la falta de políticas públicas focalizadas.
Al analizar los tratamientos de IVE/ILE que se realizan durante el primer trimestre, ya se pueden identificar ciertos obstáculos a simple vista. Si bien el personal médico que receta estos tratamientos da pautas claras y concisas sobre cómo realizarlos, la realidad es que no siempre es sencillo hacerlo en casa, no solo por los miedos o inseguridades que esto puede generar, sino también porque no todas las personas pueden llevarlo a cabo en su hogar. Si bien este parece un obstáculo simple de sortear, quien aborta no debería cargar con la presión de tener que decidir dónde hacerlo, en un momento tan delicado.
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Hoy no existe ningún efector público de salud en el que se pueda realizar este procedimiento y es ahí donde muchas veces aparecen las socorristas, que alojan en su casa a quienes no pueden realizar el tratamiento en la suya.
En el caso de los abortos realizados durante el segundo trimestre, las personas gestantes suelen enfrentarse a comentarios y cuestionamientos acerca de su desición por parte del personal de los hospitales, lo que vulnera derechos y profundiza las barreras de acceso.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de que las autoridades y el personal de salud reciban una capacitación integral en perspectiva de género y derechos humanos, con el objetivo de garantizar un trato respetuoso y la protección efectiva de quienes acceden a este procedimiento.
Objeción de conciencia: ¿derecho o excusa?
Otro de los obstáculos comunes en esta ruta son las objeciones de conciencia, que si bien están amparadas en la ley suelen generar dilaciones en el acceso al aborto.
Las consecuencias de estas objeciones de conciencia se agravan aún más en el interior profundo de la provincia, donde muchas veces las personas que abortan deben desplazarse a otra localidad para poder hacerlo, como consecuencia de una objeción de conciencia.
Sin embargo, la ley también delimita muy claramente el alcance de estas objeciones. Gracias a estos límites, un médico puede declararse objetor de conciencia, pero una institución nunca puede ser objetora. De esta forma, si una persona gestante acude a un centro de salud y el profesional que la atiende es objetor, este no puede negarse a proporcionar toda la información necesaria ni a derivarla a otro profesional o efector que garantice la atención. Una vez que la persona está debidamente informada y es derivada, puede continuar con el procedimiento sin inconvenientes.
En esta línea, en la ciudad de Santa Fe se implementó un operativo para garantizar que profesionales no objetores puedan atender en los centros de salud donde el acceso a la IVE no está asegurado. Sin embargo, esta solución genera una sobrecarga laboral significativa para estos profesionales, quienes deben cubrir múltiples puestos de trabajo al mismo tiempo, lo que impacta negativamente en sus condiciones de trabajo. Este problema se agudiza en los pueblos y comunas, donde las derivaciones para acceder a un aborto suelen implicar trasladarse directamente a otra ciudad.
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¿Y qué pasa con la prevención?
La ley Nº 27.610 no sólo estabeció el derecho al aborto sino que también reafirmó el derecho a la anticoncepción y al acceso a una educación sexual integral.
Sin embargo, las socorristas santafesinas señalan que en algunos centros de salud se están entregando pastillas anticonceptivas con cierta intermitencia y que casi ninguno ofrece DIU, Chip Hormonal o Parche Hormonal, incumpliendo así con lo previsto en la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la ley Nº 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.
La distribución de preservativos también bajó notablemente por el desfinanciamiento a nivel nacional. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable es el encargado de la entrega de preservativos y, hasta septiembre de este año, entregó 2,4 millones. En tanto, desde el programa de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra se entregaron 1,4 millones de preservativos. Esto representa una caída del 44,1% en relación al mismo período de 2023, en que se repartieron 4,4 millones en el programa de salud sexual y 2,4 millones en el de VIH.
Una de las médicas entrevistadas para esta investigación, comentó que en los últimos meses han aumentado notablemente las y los pacientes que llegan al centro de salud con infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, una situación que, a priori, la profesional le adjudica a esta faltante de métodos anticonceptivos y a la escasez de campañas de difusión para concientizar a esta población. La consecuencia de la motosierra a todos estos derechos.
¿Alcanza sólo con la ley?
"No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida".
La frase célebre de Simone de Beauvoir, lamentablemente, no pierde vigencia. Con la llegada de Javier Milei al poder, los discursos machistas y misóginos volvieron a habilitarse y legitimarse a nivel social, mediático y político.
Ese mismo Estado que hace cuatro años tuvo la voluntad política de que el aborto fuera legal, impulsado y presionado por una marea verde que desbordó las propias fronteras de nuestro país para volverse un símbolo de lucha, es el que hoy ataca y deslegitima al movimiento de mujeres y diversidades con el cierre de áreas de gobierno y políticas específicas, y con el intento de sanción de nuevas leyes que buscan limitar el acceso al derecho del aborto y perseguir a personas gestante que intentan, a través de la salud pública, acceder a él.
Por eso, en este contexto, estar informadas es clave para defender las políticas y derechos que supimos conseguir tras décadas de lucha del movimiento feminista en nuestro país. Monitorear el estado de situación del acceso a la IVE-ILE, apoyar y difundir el trabajo de acompañamiento que aún realizan las socorristas y reclamar por todo esto a los estados nacional y provincial, nos ayuda a correr el velo sobre el aborto en tiempos en los que desde el poder se intenta devolverlo al lugar de clandestinidad y delito del cual lo sacamos a fuerza de militancia. Dijimos “será ley”. La conseguimos. Ahora hay que defenderla.
Texto: Federica Kesseler e Ileana Manucci Investigación: Federica Kesseler, Ileana Manucci, Gabriela Filereto, Priscila Pereyra y Lucía Medina
