El Concejo Municipal de Esperanza sancionó una ordenanza que busca obstaculizar que las personas gestantes puedan acceder a una Interrupción Legal del Embarazo. Se escudan en que la ciudad es “Capital Nacional del Diálogo y Encuentro Ecuménico” por ley provincial. Ese proyecto fue impulsado por el cura Luis Brizzio, denunciado por abuso sexual a un adolescente.
Una ordenanza antiderechos fue sancionada este mes en la ciudad de Esperanza y organizaciones de derechos humanos y feministas de toda la provincia, del país y de Latinoamérica reclaman a la intendenta Ana Meiners que la vete. Dicha normativa tiene por objeto implementar un “sistema de protección integral de los derechos de la persona gestante y de la niñez por nacer”. Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Santa Fe repudiaron la propuesta ya que "desconoce la legislación vigente en nuestro país desde hace casi cien años y los derechos consagrados de las personas gestantes, por lo que exigimos que sea vetada".
El 9 de diciembre el Concejo Deliberante de esa localidad sancionó la ordenanza con el apoyo unánime de les ediles Norma Andrea Martínez, Víctor Elena (médico), María Rosa Theler, Guillermo Bonvín, Pablo Comesatti, Marcelo Dellaporta (médico) y Eduardo Kinen. La norma fue resultado de la presentación de un proyecto por parte de los denominados “Esperanza por la Familia” que, tras reunirse en varias oportunidades con concejales y con miembros de la Secretaria de Promoción Social a cargo de la Trabajadora Social Romina Toledo, llegaron a la redacción de la misma. Cabe destacar que uno de los argumentos es que desde 2014 y por la ley provincial n° 13.427 -impulsada por el senador Rubén Pirola-, la ciudad de Esperanza es “Capital Provincial del Diálogo y Encuentro Ecuménico”. A su vez, esa denominación fue propiciada por el cura Luis Brizzio.
Brizzio fue denunciado por abuso sexual a un adolescente de 16 años. Hace dos décadas el eclesiástico era vicario de la parroquia de la ciudad de Gálvez y era coordinador de Acción Católica, un grupo de jóvenes al que el sobreviviente asistía. Fue el mismo joven quien pudo contarlo 20 años después. Entonces, los plazos para poder iniciar acciones legales de carácter penal ante la justicia ya habían vencido. Por ello buscó apoyarse en la fe que tenía en la institución para alcanzar algún tipo de justicia. El arzobispo de Santa Fe en 2015, José María Arancedo, abrió una investigación canónica a Brizzio por "comportamiento indebido" y lo removió de sus tareas pastorales en la Basílica de Esperanza. De allí, lo trasladaron a los establecimientos de la parroquia Santuario San Francisco Javier, de la ciudad de San Javier donde vivió hasta mayo de este año. A cargo de esta parroquia está ahora el cura Sergio Capoccetti, quien ha denunciado públicamente que en la localidad de San Javier existe la explotación sexual infantil, entre otras desigualdades sociales profundas que produce la vulnerabilidad de niños y niñas. Hoy, Brizzio, se encuentra en el Monasterio Benedictino Santa María de los Toldos, en la provincia de Buenos Aires.
Al denunciante jamás lo dejaron acceder a los documentos de la investigación interna de la iglesia. Tiempo después de la denuncia, recibió un documento del Arzobispado de Santa Fe que dice: "La respuesta de la Congregación Romana, una vez analizadas las actas de la investigación previa y que oportunamente se envió según lo estipulado por el Código de Derecho Canónico, concluye que al producirse el hecho el denunciante era mayor de edad. Por lo tanto, no se trata de un caso de abuso de menores, según lo determinan las nuevas normas reservadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe". La mayoría de edad para la Iglesia Católica que, cabe recordar, tiene su propio Estado es de 16 años. Jamás se investigó el abuso de poder.
Crédito: Esperanza DíaxDía
Qué dice la ordenanza antiderechos
En este contexto, la ordenanza sancionada en Esperanza, promueve la creación de un protocolo que se pondrá en funcionamiento ante “aquel embarazo de riesgo en que se vea perjudicada la salud del binomio; que sea consecuencia de un abuso sexual; en que las circunstancias económicas, culturales y familiares sean tales que le hagan dificultoso llevar el embarazo adelante; aquel en el que una persona gestante con discapacidad requiera apoyos; aquel que se dé en toda situación de violencia o cualquier otro supuesto en el que existan circunstancias que pongan en riesgo a la persona gestante y/o a su embarazo”.
En el artículo 3° de la ordenanza, además, se afirma: “Cuando se presentaren situaciones de embarazos vulnerables, se articularán las medidas necesarias, para proteger los derechos de la persona gestante y la niñez por nacer”. De esta manera, la autonomía y la posibilidad de decidir de la persona gestante queda supeditada a ese par de categorías inseparables: quien gesta y “la niñez por nacer”.
Desde la Campaña recuerdan: "Nuestro país cuenta con normativa a nivel internacional, nacional y provincial que protege los derechos y la autonomía de las personas que atraviesan un embarazo que es producto de una violación o que pone en riesgo la salud o la vida de la persona gestante. Subrayamos que la biología no es destino, y que en el contexto de emergencia social que atraviesa nuestro país, desdibujar los derechos sexuales y reproductivos adquiridos resulta un acto de irresponsabilidad e ilegalidad por parte de quienes ocupan cargos legislativos. El aborto no es una imposición pero, ante la decisión personalísima tomada, deben arbitrarse las medidas para acercar los servicios de salud pública, más allá de las creencias particulares de quienes cumplen funciones en el Estado. Basta de medias tintas: como lo dijo en su momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo F.A.L., el derecho al aborto en casos de violación o de peligro para la salud integral de la persona gestante debe ser leído a la luz de nuestra Constitución Nacional, y de los Tratados de Derechos Humanos a los que Argentina ha adherido. Basta de imposiciones arbitrarias, movilizadas por sectores que no reconocen el orden normativo que nos regula desde 1921".
Por su parte, la agrupación feminista esperancina 'Se Dice De Mi': "Las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que cursan un embarazo no intencional tienen el derecho a acceder a la posibilidad de un aborto legal y seguro. No solo el artículo 86 del Código Penal lo garantiza si no también la Constitución Nacional y tratados Internacionales de Derechos Humanos a los que Argentina ha adherido y tienen rango constitucional. Lo garantizan también la Ley de Derechos del Paciente (26.529), el Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina (Ley 17.132) -que bien deberían conocer al menos los ediles Elena y Dellaporta y el vocero del grupo antiderechos el Dr. Omar Falcó, médico pediatra- y la Ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485), cuya defensa recae en Toledo quién cuenta con un área de género a su cargo".
"La intencionalidad es clara, se pretende utilizar las herramientas del Estado para persuadir a las personas gestantes que han sido violadas o tiene riesgo de vida a llevar a término su embarazo aunque deseen lo contrario", lamentan las activistas. Y destacan: "Las personas gestantes que desean cursar sus embarazos y llevarlos a término cuentan con sobradas herramientas provistas por el sistema de salud estatal para así hacerlo. En los hospitales provinciales y centros de salud se brinda toda la información sobre derechos reproductivos y no reproductivos. Respetando la elección autónoma y la integridad personal, se provee de manera gratuita una serie de métodos anticonceptivos y se trabaja de manera integral sobre los índices de embarazo adolescente, una tasa que ha disminuido en más de un 25 por ciento en los últimos tres años. Los equipos provinciales responsables de las maternidades seguras, con una alta capacitación técnica y en derechos, han permitido que Santa Fe sea una de las provincias con el más bajo índice de mortalidad materna, neonatal e infantil del país. Impedir u obstaculizar el acceso a la interrupción legal del embarazo vulnera los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar y pone en alto riesgo la salud de las mismas. Esto debería ser bien sabido por la Secretaria de Promoción Social, quién en vez de aliarse con los sectores más conservadores de la sociedad para privar a las personas gestantes de sus derechos y violentarlas, debería estar trabajando en la aplicación de la Ley Micaela en el ámbito del poder local para que los funcionarios y representantes electos no retrasen la ampliación de derechos y vulneren los ya obtenidos por las mujeres en todos estos años de lucha constante".
Asimismo, se reclamó: "Durante los años que lleva la gestión Meiners al frente del Municipio se han cometido 8 femicidios en nuestra ciudad. Les pedimos que concentren esfuerzos en disminuir la violencia hacia las mujeres, tomen nota de lo que sucede en el ámbito político a nivel nacional y provincial, donde se jerarquizan las luchas feministas y las políticas públicas de erradicación de la violencia hacia ellas con la creación de Ministerios y Secretarías con rango ministerial, para que la problemática sea eje central de preocupación del Estado. En 2019 dos femicidios nos conmovieron como sociedad, la respuesta de los funcionarios fue el silencio y la inacción".
Antecedentes históricos
"Vamos a salvar las dos vidas", le dijeron a la mamá de Ana María Acevedo mientras la chica lloraba de dolor. Ana María murió el 17 de mayo de 2007 en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. A pesar del cáncer fulminante, nunca recibió el tratamiento que requería. Los médicos decidieron no atender la enfermedad porque estaba embarazada y se negaron a realizarle el aborto terapéutico que la familia había solicitado. Poco tiempo antes de morir, a las 22 o 23 semanas de gestación, le hicieron una cesárea de la que nació una beba que sobrevivió menos de 24 horas. El caso marcó un punto de inflexión en el sistema de salud santafesino ya que el Estado debió pedir disculpas públicas a la familia y la comunidad en general. Por la lucha de los movimientos de mujeres, en Santa Fe está vigente desde abril de 2012 el protocolo ILE de la Nación a través de la resolución Nº 612 del Ministerio de Salud provincial.
Periodista. Investiga, entrevista, escribe y edita.
