La provincia se alinea al ajuste en discapacidad promovido desde el gobierno nacional con el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. Con el viraje al viejo paradigma de la discapacidad como un asunto de salud, también vuelven viejas prácticas que violan normativa internacional de rango constitucional. ¿En qué posición coloca esto a las personas con discapacidad en la provincia?
El Gobierno Nacional avanza en el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su traslado a la órbita del Ministerio de Salud, en un marcado retroceso en las políticas públicas para el sector.
¿Cómo afecta esto a las personas con discapacidad de Santa Fe? Este punto aborda la comunicadora santafesina y activista por las personas con discapacidad Evelyn Safón en el informe "Situación de las Personas con Discapacidad en el contexto de emergencia humanitaria".
Crimen de Estado
En el documento, Safón señala que Argentina firmó, suscribió y ratificó la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD) con la Ley nacional 26.378, en 2008, y le dio jerarquía constitucional bajo la Ley 27.044, de 2014. Además "se constituye derecho interno a partir de la modificación del Código Civil y Comercial", lo que implica que ninguna normativa puede ser contraria a la Convención, ni en lo nacional, provincial, municipal o comunal. En el mismo sentido, las últimas recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas a nuestro país, le señalan que debe “armonizar su legislación interna” a fines de promover, garantizar e igualar las condiciones integrales de existencia.
Por lo que las medidas del gobierno nacional no sólo constituyen un cambio de paradigma ideológico respecto de las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad, sino también una violación directa a leyes adherentes y tratados internacionales de rango constitucional.
Respecto de ello, Safón sostiene que este viraje en las políticas nacionales de discapacidad suponen en lo normativo "un retroceso de más o menos 10 años, porque fue en 2014 que la Convención Internacional de Derechos de las PcD obtuvo jerarquía constitucional" y que, como "un sector históricamente postergado", las personas con discapacidad ven con ello "empeorar como nunca antes sus condiciones materiales de existencia".
"Las personas con discapacidad y más precisamente, aquellas con diagnóstico de una enfermedad poco frecuente (EPF) vemos día a día cómo desaparece el rol del Estado en nuestras vidas, de los Estados como garantes y promotores de derechos", apunta la activista.
Y resalta que una de esas incidencias concretas es en el acceso al trabajo, que precariza las condiciones de vida a nivel estructural. "El desempleo, para nosotres habitual al no cumplirse la ley de cupo laboral, más la recesión, las constantes demandas ante obras sociales, prepagas o programas nacionales de salud, nos sume en una compleja trama de abandonos, de ausencias y carencias. Nos torna vulnerables", dispara.
En Santa Fe
A nivel provincial, Santa Fe cuenta con una Ley de Discapacidad bastante nueva, que es la ley provincial 13.853. Según señala Safón, este texto "brinda un marco normativo con perspectiva de derechos humanos para las personas con discapacidad" desde 2018, protegiendo los derechos de las personas con discapacidad y estableciendo que "deben ser tratadas con dignidad y respeto en todo momento".
Sin embargo, las situaciones de desigualdad y vulneración de derechos no cesan en la provincia y suceden casos como el de Vanina y Vanesa Peralta, dos gemelas de 47 años oriundas de Rafaela con diagnóstico de Osteogénesis Imperfecta.
Se trata de una Enfermedad Poco Frecuente (EPF), discapacitante, agresiva y, fundamentalmente, rara en nuestro país. Este tipo de enfermedad cuenta con un propio marco normativo a nivel nacional, mediante la ley 26.689 de Promoción del Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes, que busca, según su artículo 1°, "mejorar la calidad de vida de las personas con EPF y sus familias" mediante el acceso oportuno e igualitario a las prestaciones y servicios de salud.
Por esta EPF, Vanina y Vanesa perciben la Pensión Nacional no Contributiva por Discapacidad y les correspondería recibir además el Derecho Económico de la Pensión Derivada, por el reciente fallecimiento de su mamá, docente jubilada de la provincia. Sin embargo en los hechos, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe aplicó el criterio de incompatibilidad entre ambos derechos, solicitando que den de baja las Pensiones No Contributivas para continuar el trámite.
Pero no solo eso, sino que realizaron una valoración de índole cuantitativa, que arrojó que las gemelas tienen un 66% de discapacidad. "Allí es donde planteamos la ruptura, el avasallamiento de derechos y la constante aplicación del Modelo Médico Hegemónico en este tipo de dictámenes por parte de una institución del Estado, cuando nuestro paradigma vigente es el Modelo Social de Discapacidad", cita Safón, lo que implica una serie de violaciones directas a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad reconocida como marco constitucional.
"Es directamente el retorno al modelo médico asistencialista. Sin reconocimiento de derechos tales como la vida independiente y el derecho a los apoyos para esta vida independiente. Nos ubica nuevamente como 'discapacitados con problemas de salud y a rehabilitar'", apunta Safón en diálogo con Periódicas.
Según la entrevistada esto supone "desconocer nuestros derechos políticos, sociales, culturales, en definitiva, nuestros derechos humanos" y explica que la valoración cuantitativa del "porcentaje de discapacidad" utilizada en la situación de Vanesa y Vanina Peralta "fija en nuestros cuerpos el problema".
"Desde el modelo social entendemos a la discapacidad como una construcción social que está mediada por las barreras impuestas en espacios que no nos piensan ni nos alojan. Eliminar esas barreras debe ser la premisa de toda política pública en discapacidad. No queremos hablar solo de salud, sino reivindicar nuestros derechos humanos, la vida independiente y de calidad como único horizonte posible", indica.
Safón señala que las decisiones nacionales tienen un correlato provincial: "Aún no sabemos qué pasa con los programas de empleo promovidos por el ex Ministerio de Trabajo en articulación con la provincia y municipios" y desliza que Santa Fe tiene "su propia deuda con nuestro colectivo, como el cumplimiento del cupo laboral, el acceso a la vivienda, el desfasaje en el pago del nomenclador a los sistemas de apoyo y la garantía de derechos en educación en todos los niveles", además de que la nueva ley de discapacidad de la provincia continúa sin ser reglamentada.
Escribe. Se especializa en la temática trans-travesti y las notas viscerales.
