Desde 2018 se realizaron presentaciones frente a organismos institucionales de políticas de género. Fuentes cercanas a la investigación apuntan a complejidades en el seguimiento de causas y la toma de las denuncias. Desde la fiscalía confirmaron que "varias denuncias" no habían sido trasladadas al Ministerio Público de la Acusación.
El último jueves de junio fue noticia el intento de femicidio hacia una mujer, su hija y su nieta en el barrio Candioti Norte de la capital provincial. Por estos hechos fue imputado por femicidio en grado de tentativa y dos femicidios vinculados en grado de tentativa y agravados por el vínculo E.J.M. de 45 años, quien se encuentra en prisión preventiva.
Todo el recorrido previo al triple intento de femicidio da cuenta de la falta de articulación entre los distintos organismos implicados en la ruta de la denuncia, lo que pese a los esfuerzos, políticas implementadas y capacitaciones en género a las fuerzas de seguridad, continúa dejando expuestas a quienes deciden denunciar.
Un historial de violencia e irregularidades
Fuentes cercanas a la investigación brindaron a Periódicas información en relación a los precedentes que enmarcan el ataque del 29 de junio pasado en la ciudad, y que dan cuenta de una situación de violencia de larga data, atravesada por la inacción policial y la falta de trabajo coordinado entre los distintos niveles de respuesta.
De acuerdo a la información constatada, en relación al trayecto de violencia machista que culminó en la triple tentativa de femicidio del mes pasado, hubo múltiples denuncias previas por violencia de género desde el año 2018, así como solicitudes de medidas de protección ante los tribunales colegiados de familia. Desde Fiscalía confirmaron que fueron de hecho "varias las denuncias" efectuadas en el transcurso de estas situaciones y que no llegaron al Ministerio Público de la Acusación, teniendo que ser la misma Fiscalía quien solicite las presentaciones que no se trasladaron en el momento de su realización.
Los registros indican dificultades a la hora de realizar las presentaciones correspondientes en las comisarías, particularmente en la elevación al MPA y en la entrega de los comprobantes correspondientes tras dar cuenta de un hecho de violencia de género. Siendo a veces la misma sobreviviente quien debe verificar por sus propios medios que su denuncia se elevó efectivamente o apoyarse en el primer nivel para constatar que las actuaciones correspondientes se hayan realizado.
El derrotero judicial
Pero la problemática no empieza ni termina en las comisarias para quienes deciden denunciar. La intervención de diferentes fiscales complejiza enmarcar las violencias de género de larga data, dado que, en la mayoría de los casos, cada vez que se realiza una nueva presentación es un fiscal diferente quien interviene de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se denuncian y queda a voluntad del o la magistrado tomar medidas cerciorándose del historial previo.
Luciana Escobar Cello es la fiscala que actualmente lleva adelante las actuaciones en el marco del ataque de barrio Candioti.. Consultada sobre las intervenciones realizadas por distintos fiscales en el marco de esta causa en desarrollo explicó que "primeramente en las causas de violencia de género participaron los fiscales de violencia, María de los Milagros Parodi y Esteban Morales", "quienes realizaron medidas preventivas como distancia y exclusión del hogar del agresor", además de la identificación entre otras acciones.
Además aclaró que "en esta oportunidad, al tratarse de un femicidio en grado de tentativa" interviene personalmente "por estar de turno el día del hecho", y explicó que "las muertes violentas de mujeres, aunque sean en grado de tentativa", las tienen a cargo por turno "los fiscales del área de sexuales", por lo que es lo normal dentro de este marco que hayan sido hasta el momento tres fiscales diferentes los que intervinieron en la causa en cuestión.
Abordaje del primer nivel
Desde la Dirección de Mujeres y Disidencias de la Muncipalidad de Santa Fe informaron que vienen acompañando a la sobreviviente desde el año 2018. Además señalaron que "es una práctica común la no entrega de copia de denuncias por parte de las comisarías a las denunciantes", y que, cada vez que esto sucede, "el organismo se comunica con la comisaria interviniente a fin de cumplan con su deber"; y que han "informado esta situación al Ministerio de Igualdad Género y Diversidad y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe".
Fuentes de la dirección agregaron también que "hay un gran incumplimiento del artículo 23 de la Ley Nacional 26.485, a la que nuestra provincia adhiere mediante la ley provincial 13.348, el cual establece que el servicio policial deberá remitir las denuncias por violencia de género de forma inmediata a la autoridad judicial competente, no pudiendo exceder el plazo de 24 horas". Agregaron además que "en la mayoría de los casos esto no sucede y pueden pasar semanas hasta que la policía remita los legajos al Ministerio Público de la Acusación", y que "muchas veces son las trabajadoras de la Dirección quienes envían la copia de la denuncia al MPA a fin de que el organismo solicite la elevación del legajo correspondiente".
Sobre los Centros Territoriales de Denuncias sostuvieron que oportunamente "tienen un buen funcionamiento" y recomiendan a les denunciantes que, en la medida de lo posible, puedan realizar allí las denuncias.
Denuncias previas
Evaluar las medidas judiciales a tomar teniendo en cuenta el contexto de peligrosidad que atraviesan mujeres y disidencias en entramados de violencia machista, es fundamental para evitar resultados fatales, así como articular los esfuerzos entre las fuerzas de seguridad, los organismos institucionales que acompañan estas situaciones y las intervenciones de la Justicia.
Desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans/travestis por razones de género. Para llevar adelante esta tarea, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con todas las jurisdicciones del país que aportan la información relativa a las causas judiciales, las víctimas y los agresores, construyen de forma federal el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.
De acuerdo a esos datos, en 2022 hubo 252 víctimas mortales en todo el país, producto de la violencia machista, a razón de una víctima cada 35 horas. De ese número 226 fueron víctimas directas y 26 víctimas de femicidio vínculado, que son aquellos asesinatos que son dirigidos a dañar a la víctima de la violencia directa. En el 16% de los casos las víctimas habían denunciado al agresor, y el 9% había tramitado además medidas de protección al momento del hecho.
Escribe. Se especializa en la temática trans-travesti y las notas viscerales.
