Las concejalas Laura Mondino y Mercedes Benedetti exigieron explicaciones respecto de la gestión del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia. Tras el encuentro con las autoridades de la cartera, manifestaron su inquietud por las respuestas recibidas. “Se desarticularon políticas públicas que estaban en funcionamiento y que habían sido legitimadas por la comunidad”, expresaron.
Las concejalas Laura Mondino y Mercedes Benedetti, del Frente Progresista, manifestaron su preocupación luego de la reunión mantenida en el Concejo Municipal con la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, Florencia Marinaro, y su equipo de trabajo. “Como concejalas venimos recibiendo las inquietudes de integrantes de la comunidad que ven cómo se han desarticulado políticas que tenían un impacto concreto en ciertos colectivos”, sostuvieron las edilas.
Entre los ejemplos, enumeraron el incumplimiento de la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género sobre intervenciones quirúrgicas en efectores públicos, que no se realizan desde 2019 en la provincia, y la desactualización de los honorarios médicos que la obra social provincial Iapos reconoce, lo que impide la realización de las operaciones también por esa vía.
También mencionaron la falta de Educación Sexual Integral en las escuelas, así como la inexistencia de herramientas para que la comunidad docente pueda trabajar de manera integral con las niñeces y juventudes trans. “Es importante que se esté brindando capacitación en Ley Micaela, pero nos parece urgente que se generen protocolos concretos para el abordaje de las situaciones que se presentan a diario en las escuelas”, explicaron.
“En un contexto tan grave como el que vivimos, de pospandemia y crisis económica, donde acaban de asesinar a una referente de la comunidad trans como fue Alejandra Ironici y donde sabemos que la expectativa de vida de esas personas es de 35 años, nos preocupa la indefinición en las respuestas de la funcionaria y su equipo a tres años de gestión”, manifestaron Mondino y Benedetti.
En este sentido, indicaron: “Hoy el Ministerio de Igualdad y Género es el que cuenta con el menor presupuesto de toda la gestión provincial; se desarticularon políticas públicas que estaban en funcionamiento y que habían sido legitimadas por la comunidad”.
Uno de los puntos que más preocupación generó fue la cancelación del Ruvim, Registro Único de Situaciones de Violencia hacia las Mujeres, que no se actualiza desde 2019. “La ministra nos dice que es por una cuestión informática, que se está reemplazando por un sistema más moderno. Mientras tanto, nos preguntamos cómo se diagraman las políticas públicas para proteger a las mujeres si no hay datos concretos a partir de los cuales diseñarlas”, concluyeron.
