Anoche se aprobó en la Cámara de Senadores de la Nación la modificación a una ley que permitía que familiares o representantes legales tramiten prácticas como vasectomías o ligaduras de trompas a personas con discapacidad. La iniciativa había sido impulsada por numerosas agrupaciones de militantes. Gabriela Bruno, una de las promotoras locales de la causa, destacó que este paso "nos posiciona en un nuevo paradigma".
Con 51 votos afirmativos, este jueves 9 de diciembre se aprobó el proyecto que modifica la ley nacional 26.130 de “régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica” sobre los servicios del sistema de salud para personas con discapacidad. Se trata de la misma normativa que garantiza el derecho a acceder de forma gratuita a la realización de ligaduras de trompas de Falopio y vasectomías a través de los sistemas público y privado de salud. Pero antes de esta modificación, en sus artículos 2 y 3 establecía que si la persona fue declarada incapaz judicialmente, la práctica debe ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial. Esta cláusula limitaba el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre sus cuerpos.
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 9, 2021
El proyecto de modificación fue impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia(ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Argentina), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) , Casa FUSA: Centro para Atención de Adolescentes y Jóvenes y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y realizada en el marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión”.
Desde estas organizaciones explicaron que "la anticoncepción quirúrgica es un método anticonceptivo y, como cualquier otro, debe ser elegido por la persona que lo va a usar. Autorizar estos procedimientos sin el consentimiento informado de las personas a las que se les realizan es violencia y una grave vulneración a los derechos humanos". A su vez, manifestaron que "celebramos la reforma como un paso fundamental para garantizar los derechos sexuales y (no) reproductivos de todas las personas, y construir una sociedad en la que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás".
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En Santa Fe
Gabriela Bruno, militante santafesina por los derechos de las personas con discapacidad, sostuvo que "esta modificación nos reafirma como personas sujetos de derechos, ya nadie más puede intervenir nuestros cuerpos como si no tuviéramos la capacidad de decidir. Nos posiciona en el mismo paradigma que plantean la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, la Ley de Salud Mental, y el nuevo código civil y comercial".
A su vez, reflexionó acerca de que "a las mujeres sin discapacidad se le ponen barreras cuando quiere ligarse las trompas, en el caso de las mujeres con discapacidad se hacía sin tener en cuenta la opinión o su deseo. Y en el caso de varones con discapacidad también se les ha practicado la vasectomía sin su consentimiento, sin saber de qué se trataba la intervención. Recuerdo un caso reciente que sucedió en Coronda". Para finalizar, afirmó que "esta modificación viene a decirnos a la sociedad en su conjunto que las personas con discapacidad podemos decidir sobre nuestros cuerpos".
