Colgaron carteles en el edificio con la amenaza de que será denunciada por ejercer el trabajo sexual en su departamento, la tratan en masculino y le impusieron multas. Con la pandemia, la música y activista trans se quedó sin trabajo en el ámbito cultural y tuvo que volver a la prostitución. Una nota de Cosecha Roja.
En el verano del 2020 Ayelén Beker estaba en el lugar donde quería estar. Hacía dos años había empezado su carrera como cantante tropical con debut en Pasión de Sábado, llevaba un año viviendo en un departamento que por primera vez podía pagar con el trabajo que amaba y se sentía cómoda con la banda nueva que había formado meses antes. Las fechas en todo el litoral santafesino se multiplicaban y tenía por delante un año de viajes a Buenos Aires. Las notas hablaban de la “Gilda de las Travas”, la que pedía cupo laboral trans, la que contaba que había sido puta y reivindicaba los derechos de las trabajadoras sexuales.
Todo eso cambió con la llegada de la pandemia de coronavirus. “Trava, puta y trabajadora de la cultura. Tengo todas las vulneraciones de derechos juntas”, dice Ayelén Beker a Cosecha Roja y, no lo dice, pero podría agregar inquilina. Es que esta semana la cantante de cumbia santafesina explotó en su Instagram al mostrar un cartel con el cual es hostigada por vecinos y vecinas del edificio donde vive en el centro de Rosario.
“Los vecinos estamos totalmente en contra de que se realicen trabajos sexuales dentro del edificio, además el reglamento del edificio prohíbe las actividades comerciales dentro de los deptos. Es solo para uso de vivienda familiar. Las grabaciones de las cámaras de edificio serán usadas como prueba para presentar la denuncia en Fiscalía”, dice el cartel plastificado que pegaron hace unos días en el hall del edificio.
No es la primera vez que Ayelén Beker es blanco del hostigamiento y de las discriminaciones por ser trava y puta. En el edificio convive con vecines que la nombran en masculino, tanto a ella como a sus amigas trans que la visitan; la amenazaron con pegarle; la denunciaron en la inmobiliaria con el argumento de que invitaba a la casa a muchas personas; y el consorcio de propietarios junto con la administración de edificio le impuso una multa de 4 mil pesos.
“Están pendientes de cada cosa que hago. Vivo con mi pareja y a él le han dicho cosas también, refiriéndose a mí en masculino. Como la inmobiliaria no les daba bola empezaron a poner carteles. Dicen que me están filmando y que me van a hacer una causa por trata”, cuenta Beker. Una de las situaciones por las que recibió quejas fue por las compañeras trans que pasaban a buscar bolsones de comida por su casa. Es que con la pandemia la ayuda alimentaria fue clave para la supervivencia del colectivo y entre las integrantes de la comunidad trans de Rosario se organizaron para repartir los bolsones. La casa de Beker fue una de las paradas.
“Los hostigamientos casi ponen en riesgo la renovación del contrato de alquiler. Tenía miedo de que no me la aceptaran por todas las quejas que presentaron. Por suerte, esta semana logré renovar. Después de eso, con mi abogado les mandamos una carta documento a la administración y al consorcio de propietarios”, agrega.
Beker volvió al trabajo sexual apenas unas semanas después de que empezó la pandemia. Se quedó sin ingresos y no tuvo otra opción. Los primeros seis meses no tenía plata para pagar el alquiler y los impuestos. No fue la única. Con la cuarentena estricta de marzo de 2020 miles de personas en todo el país quedaron en riesgo habitacional por no poder pagar los alquileres, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar un paquete de medidas de protección bajo el decreto 320.
Las dificultades fueron aún peores para las personas trans, que en un 90% no tienen empleo formal. Según la Encuesta Nacional de Alquileres de la Federación Nacional de Inquilinos, en el primer mes de la pandemia el 85% de las personas travestis y trans del país tuvo problemas para pagar el alquiler y un 57% se quedó sin ningún ingreso económico.
“A los 16 años aprendí a trabajar de puta. Me lo enseñó la primera trava que conocí, Marcia, con la que me fui a vivir para no estar más con mi familia porque no me aceptaba. Con la música logré independizarme haciendo lo que amo. Estábamos con mil fechas y viajes en agenda. Y empezó la pandemia y nos cancelaron todo. Me agarró una crisis de ataques de pánico porque no sabía qué iba a hacer. Me quebró. Y ahí saqué el traje de puta de la cartera y a sobrevivir. Me agarré covid al toque y la pasé mal. Después volví al trabajo sexual con el miedo a que me denuncien y con un montón de presiones de todos lados”, explica.
“Yo elijo el trabajo sexual y lo reivindico, pero también tengo una carrera musical que quiero seguir y no puedo. Mi salud mental es una bomba de Hiroshima, cualquier cosa me hace explotar porque hace un año se me cambió la vida y es todo manotazos de ahogados. A eso se suma que no puedo estar tranquila ni en mi casa por los vecinos”, agrega.
Con las denuncias que le vienen haciendo Beker tuvo que liquidar todas las deudas que tenía en un solo pago más la multa de 4 mil pesos. Incluso, se hizo cargo de impuestos viejos que debían inquilines anteriores. Pidió plata prestada a amiges para que no la echaran.
Eso que llaman amor al arte es trabajo no pago
Beker es parte de les artistas y trabajadores de la cultura que vienen reclamando por políticas públicas para uno de los sectores más golpeados por la pandemia. En todo este tiempo ella pudo hacer algunos pocos shows. En noviembre del 2020 la convocaron desde Netflix para grabar junto a Leo García una versión de “No me arrepiento de este amor”, de Gilda, por el mes del orgullo. La plata sirvió para vivir unos meses y pagar deudas.
“Acá el que no tiene plata no se mantiene de la cultura. Es una lucha constante por los lugares, que son siempre para los mismos. Cuando volvimos a tocar fue toda una pelea por una fecha para una banda autogestiva y disidente”, cuenta.
El malestar de les trabajadores de la cultura aumentó con las nuevas restricciones. En Rosario quedaron suspendidos los espectáculos y actividades en centros culturales mientras ceremonias en iglesias con hasta 30 personas y bares seguían habilitados. A eso se sumó que las políticas económicas para el sector cultural han sido escasas o nulas. La bronca creció cuando el ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Sukerman, justificó el cierre de eventos culturales por sobre los religiosos diciendo que el arte era ocio y la religión esencial.
En las últimas semanas les trabajadores de la cultura se agruparon en una multisectorial para reclamar medidas y reconocimiento. “Mientras bares e iglesias se mantienen abiertos, se elige clausurar la cultura. Tenemos en claro que nunca la economía puede estar por sobre la salud, pero sabemos que los términos son dialécticos. Que les trabajadores de la cultura estamos atravesando al igual que otros sectores de la economía momentos acuciantes producto de la crisis económica global que se profundizó con la pandemia, y que no sólo el estado de la situación actual de la cultura responde al momento histórico, sino también a la falta de políticas sostenidas para el sector desde los tres niveles del Estado. Eso que llaman amor al arte, es trabajo no pago”, dijeron en un comunicado.
Beker piensa en la situación de les trabajadores de la cultura y le sale la furia trava. “El arte es esencial para el alma, produce sentimientos, es lo que nos despierta y nos hace luchar. Pero además es de lo que vivimos. Yo me formé para vivir de esto y tiene que tener la misma importancia que cualquier otro laburo”, dice.
Trabajadoras sexuales en crisis habitacional
“Ejercer la prostitución no está prohibido y mucho menos te pueden iniciar una causa por trabajar en tu casa”, explica Gabriela Hemela, secretaria adjunta de Ammar Rosario, el sindicato que representa a quienes ejercen el trabajo sexual. “El problema es la clandestinidad de nuestro trabajo, que nos vuelve a mostrar que somos muy vulnerables a la violencia por no tener condiciones y derechos”, agrega en relación a la denuncia de Ayelén Beker.
Desde el comienzo de la pandemia el gremio da asistencia legal, así como bolsones y medicamentos. También trabajan en conjunto con la Asociación de Inquilinxs para evitar desalojos de trabajadoras sexuales y presentaron un amparo en la Justicia. “Hubo varios intentos de desalojo y empezamos a intervenir juntos. Muchas de nosotras estamos muy endeudadas y el Decreto 320 se frenó en marzo, lo que hace que hoy tengamos a compañeras en riesgo de desalojo o que quedan directamente en la calle. El problema es el estigma, el prejuicio social sobre nuestro trabajo que hace que muchas no quieran denunciar. Y este año estamos peor que el año pasado porque se acumulan las deudas”, agrega Hemela.
Autora: Arlen Buchara, editora de Cosecha Roja
