Fueron las palabras de la diputada provincial Lucila De Ponti, al referirse a la aprobación en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Es clave que se termine la clandestinidad y el Estado atienda esta cuestión de salud pública”, aseguró.
La diputada provincial Lucila De Ponti celebró que el Senado convirtiera en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), lo que calificó como “un paso histórico para la ampliación de derechos”.
“La lucha del movimiento de mujeres finalmente consiguió que sea ineludible terminar con la hipocresía de los abortos clandestinos y que el Estado pueda avanzar en la consolidación de una política de salud publica que es un derecho de las mujeres y personas gestantes. De esta forma, las instituciones dejan de darle la espalda a un problema que efectivamente sucede”, aseguró.
Para la legisladora del Movimiento Evita, esta vez los senadores “eligieron estar a la altura del momento histórico y político que se vive en torno a esta demanda y terminaron con la negación a las mujeres argentinas de un derecho tan básico y fundamental como es decidir sobre nuestros proyectos de vida”.
"Ninguna vida se salva negando derechos"
“Quedó claro que es un debate que en la sociedad ya se encuentra saldado y que hay una amplia mayoría que entiende que el problema del aborto clandestino se resuelve con más acceso a la salud, por eso sabíamos que tarde o temprano se iba a convertir en Ley”, consideró. “Tenemos la fuerte convicción de que ninguna vida se salva negando derechos sino ampliándolos y extendiendo la acción protectora del Estado para garantizar igualdad”, agregó.
Para De Ponti, “desde el debate de 2018 se plasmó como nunca antes la necesidad de avanzar en una legislación que respete los derechos de las personas gestantes, que se ponga en sintonía con el ordenamiento jurídico internacional y que nos permita avanzar en herramientas y políticas que hoy no existen”.
“Por eso es clave esta ley, porque termina con la idea que la única respuesta del Estado tenía que ser mirar para otro lado o criminalizar, negar y obstaculizar el acceso a esta práctica, incluso en los casos que ya eran legales. Ahora se puede avanzar con el acompañamiento, tanto para quienes decidan llevar adelante su maternidad, como para quienes decidan ejercer su derecho a no ser obligadas a gestar ni interrumpir su embarazo en condiciones clandestinas o inseguras”, finalizó.
