Distintas organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad señalan que se realizan prácticas esterilizadoras contra su voluntad o directamente, sin ningún tipo de conocimiento. Gabriela Bruno, una de las militantes locales de la causa, destacó que conoce casos en la región y que la comunidad médica está implicada.
Esta semana se lanzó la campaña "Basta de esterilizaciones forzadas", con el objetivo de promover la reforma de la ley nacional 26.130. Sí, la misma que garantiza el derecho a acceder de forma gratuita a la realización de ligaduras de trompas de Falopio y vasectomías a través de los sistemas público y privado de salud. Resulta que en sus artículos 2 y 3 se establece que si la persona fue declarada incapaz judicialmente, la práctica debe ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial. Esta cláusula limita el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre sus cuerpos y, en el caso de las personas con capacidad de gestar, va en detrimento de su derecho de vivir una maternidad deseada. En definitiva, constituye una violencia de género más a la que están sometidas las mujeres con discapacidad.
La iniciativa lanzada esta semana por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Cladem Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), FUSA Asociación Civil y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Al mismo tiempo, desde 2012 el Comité de las Personas con Discapacidad de la ONU manifestó su preocupación y recomendó a Argentina modificar dichos artículos para adecuarlos a los estándares internacionales. Pero, aún al día de hoy, la práctica continúa vigente avalando una multiplicidad de vulneraciones de derechos.
Alzar la voz
“En la Argentina, al igual que en otras partes del mundo, las esterilizaciones forzadas y no consensuadas son aceptadas socialmente porque se considera que las personas con discapacidad son vulnerables y dependientes y, por ende, incapaces de criar a sus hijos o hijas”, advierten las organizaciones en un documento conjunto. “También se alega, sin fundamento, que las esterilizaciones pueden ser efectivas para proteger a las personas con discapacidad de la violencia sexual. Cualquiera sea la justificación, se argumenta que la esterilización forzada o no consensuada se realiza 'por el propio bien' de la persona”.
La ley vigente tampoco es efectiva para prevenir situaciones en las que se esteriliza a personas con discapacidad sin su consentimiento, ya que no contempla sistemas de apoyo para la toma de decisiones autónomas ni salvaguardas para evitar la sustitución de la voluntad. Una de las voces locales de esta campaña es Gabriela Bruno, psicóloga social y militante por los derechos de las personas con discapacidad de Santa Fe. "Este planteo tiene que ver con adecuar la información en todos los formatos que se consideren accesibles (sea lenguas de señas, dibujos, sistema braille, entre otros), agotando todos los recursos para que una mujer con discapacidad pueda saber de qué se trata la práctica".
Al respecto de los procedimientos médicos de esterilización, Gabriela afirma que "esto habla de una mirada discriminatoria, capacitista, que quita a las mujeres con discapacidad del lugar de sujetas de derecho". A su vez agrega que "esta práctica también se lleva a cabo en varones con discapacidad, recuerdo un caso de una vasectomía a una persona del interior de la provincia, que ni siquiera sabía qué le había sucedido. Acá hay médicos y médicas que se prestan a las esterilizaciones forzadas, que la consideran viable, avasallando todos los derechos de las personas con discapacidad".
Escribe y edita. Colabora en la producción de notas y la realización audiovisual.
