Organizaciones que trabajan en el tema denuncian que se acrecentaron los casos durante la pandemia. La concejala Laura Mondino presentó un pedido de informes para saber si se aplica el protocolo en hospitales y sanatorios.
La concejala Laura Mondino (Santa Fe Puede Más, Frente Progresista Cívico y Social) presentó un pedido de informes en el Concejo Municipal para saber si hospitales y sanatorios cumplen con los protocolos que protegen el parto respetado en el marco del Covid-19. La iniciativa parte de denuncias por violencia obstétrica que presentaron organizaciones civiles que trabajan en el tema, como Doulas Santa Fe.
“Queremos saber qué está pasando en los efectores de salud públicos y privados de la ciudad. La pandemia no puede ser excusa para ignorar derechos que deben ser garantizados de acuerdo a la normativa vigente”, manifestó la concejala.
El proyecto solicita al Ejecutivo municipal que realice gestiones para que el Ministerio de Salud de la provincia brinde información sobre los protocolos vigentes. Puntualmente, indaga sobre cuál es el mecanismo actual para la atención de partos y si se produjo un aumento de cesáreas y de partos indirectamente inducidos. También se apunta a saber cuáles son los canales institucionales para denunciar violencia obstétrica y cuál fue su actividad en los últimos meses.
“Estamos claramente frente a una situación anómala. Contamos con la Ley Nacional de Parto Respetado, a la que la provincia adhiere, y además hay un marco legal específico, elaborado por el propio Ministerio de Salud de la provincia para este contexto particular. Hoy sabemos que se están vulnerando derechos en algunos efectores de salud de la ciudad, sobre todo del sector privado. Algunos de ellos no sólo no están cumpliendo los protocolos sino que, a su vez, exigen a las gestantes la realización de un hisopado obligatorio, que muchas veces no son reconocidos por las obras sociales”, explicó Mondino.
“La violencia obstétrica es uno de los tantos tipos de violencia de género que existen. Quizás es uno de los más naturalizados, por eso se vuelve difícil su protección bajo una situación excepcional como la que transitamos. Pero el Estado no puede de ninguna manera pasar por alto esta situación sino que debe ser garante del cumplimiento de las normas”, concluyó la concejala.
