Los datos fueron recabados por la Red Nacional de Mujeres Policías. Una nueva iniciativa con media sanción de la Cámara de Diputados propone la creación del "Centro Integral con Perspectiva de Género para Mujeres Policías" en la provincia.
Un proyecto de ley aprobado recientemente por unanimidad en la Cámara de Diputados de Santa Fe propone la creación del Centro Integral con Perspectiva de Género para mujeres policías. El espacio funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene como objeto garantizar la asistencia y acompañamiento integral a las mujeres que se desempeñan en la Policía de la Provincia, en la Dirección General del Servicio Penitenciario y en el Instituto Autárquico de Industria Penitenciaria, que resulten víctimas de discriminación y violencia de género en el ámbito laboral. Durante el tratamiento del proyecto un grupo de mujeres de ambos ámbitos se acercaron al recinto de la Cámara de Diputados para acompañar el proyecto.
La iniciativa, que ahora fue girada a la Cámara de Senadores para su tratamiento, fue presentada recientemente por la diputada Alicia Gutiérrez en relación a la violencia de género que sufren las mujeres y su abordaje en el ámbito laboral de las fuerzas de seguridad. La diputada destacó que “en Argentina hemos avanzado en las últimas décadas, eso es producto de una lucha de las mismas mujeres”.
Haciendo hincapié sobre el tema y la necesidad inmediata de implementación en las fuerzas de seguridad, la legisladora provincial argumentó: “los Estados son los responsables de la aplicación de medidas contra la violencia hacia las mujeres, pero a veces son los propios organismos los que violan esas normas”. Prosiguiendo con su argumentación agregó: “En el país se dictó una ley para prevenir y sancionar a la violencia de género pero creo que en la ley policial de la provincia se establecen deberes esenciales como realizar distinciones o discriminación basada en cuestiones de género entre otras. Sin embargo, y a pesar de la normativa vigente, ocurren hechos a los que no son ajenos los organismos que constituyen la fuerza policial, donde hay una cultura machista que hacen que las mujeres no sean bienvenidas en algunos ámbitos y menos en la conducción de esa fuerza”, explicó la diputada.
Cifras que alarman
Luego de brindar algunos ejemplos y de detallar situaciones que le relataron agentes del sector penitenciario y otros organismos que corresponden a la fuerza, y argumentos compartidos por la Red Nacional de Mujeres Policías con anclaje provincial, Alicia Gutierrez hizo referencia a las cifras trabajadas en cuanto a denuncias en los distintos ámbitos de trabajo. “La encuesta de la red expresa que sobre 300 mujeres consultadas, el 75% dijo haber sufrido violencia laboral y eso no generó consecuencias del tipo sancionatorio. Por otra parte, el 50% tienen capacitación universitaria pero un mínimo porcentaje logra un ascenso mientras que el 65% nunca tuvo un cargo jerárquicos”. Analizando dichos números, se desprende que solo el 45 % participa de tareas operativas mientras que el 50% además, posee familiares a cargo, el 43 % tiene más de un hijo y el 50% es madre soltera o jefa de hogar.
Dificultades que deben atravesar
Las mujeres policías y las trabajadoras del servicio penitenciario, exponen en sus relatos la vulneración de los derechos amparados en todo el plexo normativo, dejándolas en desigualdad con sus compañeros varones. Muchas conductas han sido toleradas a lo largo de los años, naturalizando cualquier acto de violencia o desigualdad respecto de sus pares. Acceder a capacitaciones, lograr un ascenso (grado o jerarquía), obtener un traslado, son solo algunos de los impedimentos más frecuentes y los más mencionados, muchos de ellos sumados a algún relato con trasfondo de violencia laboral o acoso.
Por los motivos esgrimidos y aportes realizados en comisiones y detallados en el recinto, la diputada explicitó que el objetivo de este proyecto consiste en recibir las presentaciones que realicen las mujeres pertenecientes a las fuerzas que presuntamente se encuadren en hechos de discriminación, violencia o cualquier otra situación relacionada con cuestiones de género que se susciten en el ámbito laboral. También se busca implementar los mecanismos de contención, acompañamiento, brindar asesoramiento jurídico y contención psicológica; instar al Ministerio de Seguridad, para que a través de las áreas correspondientes implemente los mecanismos necesarios que permitan el cese inmediato de la violencia laboral: aconsejar traslados, otorgar licencias, readecuar las tareas e insertar las incidencias en los legajos laborales respectivos.
Sobre el proyecto
El proyecto mismo establece que se recibirán todas las presentaciones que realicen las mujeres pertenecientes a las fuerzas que presuntamente se encuadren en hechos de discriminación, violencia o cualquier otra situación relacionada con cuestiones de género que se susciten en el ámbito laboral. Se implementarán a su vez los mecanismos necesarios de contención y acompañamiento. Se le brindarán a las víctimas de violencia de género asesoramiento jurídico y contención psicológica.
A través de la iniciativa se insta al Ministerio de Seguridad, para que a través de las áreas correspondientes implemente las herramientas necesarias que permitan el cese inmediato de la violencia laboral, a saber: Aconsejar traslados, otorgar licencias, readecuar las tareas e insertar las incidencias en los legajos laborales respectivos.
La autoridad máxima de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se crea para ello una Dirección General a nivel provincial y 5 delegaciones (una por nodo), las que estarán a cargo de una coordinadora. Cada delegación del CIPGEN contará con un o una referente por cada unidad regional de policía y por cada unidad penitenciaria. A su vez, en cada delegación del CIPGEN se asegurarán la cantidad de equipos profesionales multidisciplinarios suficientes como para garantizar la asistencia inmediata.
El centro apunta a que las mujeres pertenecientes a ambas fuerzas, vean respaldadas sus denuncias, a las vez que se garanticen todos los derechos constitucionales, además de las leyes y reglamentos propios de las fuerzas. "El Estado no puede quedar ausente, dado que es el primer responsable de cumplir con los derechos humanos amparados en la legislación vigente", concluyó la legisladora oficialista.
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