La primera manifestación convocada bajo la consigna "Ni Una Menos" el 3 de junio de 2015 planteó un documento con nueve demandas concretas al Estado nacional y a los Estados provinciales para disminuir los femicidios. Cuatro años después hacemos un balance de qué se logró y qué queda pendiente.
En mayo de 2015, el brutal femicidio de Chiara Páez -que tenía sólo 14 años, estaba embarazada de tres meses y fue asesinada en Rufino por su novio, Manuel Mansilla, de 16, con la complicidad de la familia de éste- hizo estallar la bronca acumulada de las mujeres argentinas, que se volcaron a las calles el 3 de junio de ese año. Así se gestó la primera movilización bajo la consigna "Ni Una Menos", que tuvo su acto central en Buenos Aires pero que se replicó en más de 80 ciudades de todo el país y que derivó luego en la creación de una colectiva con el mismo nombre. Desde entonces, el 3 de junio se inscribió como una de las fechas ineludibles y más significativas en el calendario de lucha feminista de nuestro país.
El documento leído en la Plaza de Mayo aquél día de 2015, denunciaba que "(...) El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías: pero la palabra ‘femicidio’ es, además, una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos. Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres. Hablamos de hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice NO, la amenazan, le pegan, la matan para impedir que diga NO.
(...)
Lo privado es político. Cada mujer que se atreve a decir basta, que quiere dejar de ser víctima para convertirse en sobreviviente, desafía a toda la estructura de la violencia machista. Pero ese es su momento más vulnerable, ahí es cuando con saña se pretende ajusticiarla y es entonces cuando más necesita de otros y de otras que ayuden a sostener su decisión: redes de afecto, sociales, asistencia del Estado y un activismo político fuerte que insista en decirle que no está sola y que no es su culpa. Para que ese BASTA, que por fin pudo enunciar, se sostenga en el tiempo. Eso es, también, lo que estamos haciendo hoy, acá, en esta plaza pública (...)".
Hacia el final, el Manifiesto planteaba nueve puntos concretos con demandas al Estado argentino y a los Estados provinciales, "una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia Ni una menos". Cuatro años después, hacemos un balance de qué se logró y qué queda pendiente.
Al respecto, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) publicó a fines de 2018 un análisis del Presupuesto Nacional 2019 aprobado por el Congreso de la Nación, en el que advirtió "la disminución de partidas presupuestarias claves en el logro de la igualdad de género".
- El Instituto Nacional de las Mujeres había logrado una partida total de $211.500.000 millones de pesos para 2018, resultado de las reasignaciones presupuestarias logradas durante el ejercicio. Para el 2019, se le adjudicó un total de $234.394.881. Si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior. Además, se produjo un retroceso respecto del peso del INAM sobre el total del presupuesto. Mientras que en 2018 representaba el 0,006% del presupuesto nacional total, para 2019 representa un 0,00005%.
- Líneas 137 y 0800-222-1717 a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación: en el 2018 este programa contaba con $295.060.207 de pesos y en el 2019 cuenta con $301.790.243 pesos. En términos nominales es apenas un 2% de aumento, mientras que en términos reales implica una pérdida de 24%.
- Programa Hacemos Futuro Juntas (anteriormente Ellas Hacen): en el 2018 este programa contaba con $4.841.100.0007, mientras que en 2019 contará con $3.658.695.500 pesos. En términos nominales representa una pérdida de un 25% mientras que en términos reales implica una pérdida del 44%.
- Plan Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres (PNA): previsto en la Ley, finalmente se puso en marcha en julio de 2016, luego de la segunda jornada "Ni Una Menos". Se le adjudicaron en el presupuesto de 2018 unos $50.500.000. El proyecto de presupuesto 2019 dispuso $32.099.395 para la implementación del PNA. Esto implica una reducción en términos nominales del 39%, mientras que en términos reales implica una pérdida del 55%. Para que la partida asignada al PNA no pierda valor con respecto a la inflación debería ser para el 2019 de al menos $67 millones de pesos.
Desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un Registro de datos estadísticos de las causas judiciales por muerte violenta de mujeres por razones de género. A tal efecto, la Vicepresidenta, Dra Elena Highton de Nolasco, en su calidad de Ministra a cargo de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Violencia Doméstica (OM), requirió la colaboración de todas las jurisdicciones del país.
El 31 de mayo, en vísperas de una nueva convocatoria "Ni Una Menos", la OM hizo públicas las cifras de 2018: el año pasado, hubo en el país 278 muertes por violencia de género: 255 femicidios y transfemicidios directos y 23 "femicidios vinculados".
En Santa Fe, desde 2016 funciona el Registro Único de Situaciones de Violencia hacia las Mujeres (Ruvim), un trabajo en conjunto entre el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) y la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene como objetivo "centralizar, armonizar y sistematizar la información disponible, con el fin de diseñar indicadores que servirán de base para implementar políticas públicas orientadas a modificar el escenario de la violencia de género en el marco de la Ley Nacional Nº 26.485/2009".
En su informe más reciente, publicado en noviembre de 2018, el Ruvim advirtió que entre el 1° de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018, se detectaron en la provincia de Santa Fe 16.041 situaciones de violencia contra mujeres, a partir del relevamiento de distintos registros administrativos oficiales: denuncia policial, atención médica, asesoramiento y orientación, exposición policial y denuncia judicial.
Además, el Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres de la Subsecretaría de Políticas de Género lleva un registro continuamente actualizado de femicidios en la provincia. Del 1° de enero al 31 de mayo de 2019, contabilizó seis casos de femicidio y otros tres crímenes de mujeres que se investigan para establecer si efectivamente pueden ser caratulados como femicidios.
No se avanzó en la apertura de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en las provincias. La línea 137 sigue funcionando sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La línea nacional 144 cuenta con personal y recursos claramente insuficientes para atender a una demanda cada vez mayor: actualmente, trabajan sólo 29 operadoras, que cumplen turnos rotativos de entre 6 y 8 de horas. Son psicólogas, trabajadoras sociales o abogadas. En promedio, la línea 144 recibe 5000 llamadas mensuales: es decir, que cada mes cada operadora atiende al menos 172 casos de mujeres víctimas de violencia de género.
No se ha avanzado en ningún distrito del país en mecanismos para monitorear electrónicamente a los victimarios y evitar así que violen las órdenes de restricción de acercamiento. Por el momento, en el país las "tobilleras electrónicas" se utilizan sólo en el caso de ciertos presos condenados, a la hora de otorgarles la prisión domiciliaria y monitorear el cumplimiento de la misma.
Habitualmente, algunas de las mujeres que denuncian hechos de violencia de género obtienen un "botón antipánico", un dispositivo que está continuamente geolocalizado y conectado a las centrales de emergencia, que deberían brindar ayuda inmediata a la persona que lo presione. Sin embargo, el sistema no es eficaz: a diario nos encontramos con relatos de víctimas que, ante un ataque, accionaron el botón pero no recibieron asistencia, o bien, la recibieron pero muy tarde.
En la ciudad de Santa Fe, el otorgamiento de estos dispositivos está a cargo del Municipio, mediante un convenio de éste con el Poder Judicial de la provincia. En el año 2018, se entregaron 860 botones de alerta a mujeres víctimas de violencia de género: es decir, más de dos por día.
A nivel nacional, la ley que creó un programa de patrocinio jurídico para víctimas de violencia de género fue sancionada en 2016, pero recién en abril de este año se puso en marcha el servicio, con personal sumamente escaso. Actualmente, la primera etapa del programa da sus primeros pasos en 11 provincias del NOA y el NEA, Neuquén y la ciudad de La Plata. En total, son apenas 12 abogades (une por distrito), según confirmó a Página 12 la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, de quien depende la implementación.
En Santa Fe, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Procuración General de la Corte Suprema firmaron en 2018 un acuerdo, mediante el cual la Defensoría puede remitir a las oficinas de la Corte Suprema provincial los casos de violencia de género que, considera, necesitan patrocinio jurídico gratuito. Por el momento, el servicio sólo está disponible en la capital de la provincia y en Rosario.
En los restantes centros de Asistencia a la Víctima que la Defensoría tiene en varios puntos de la provincia (Reconquista, Vera, Rafaela y Venado Tuerto) hay asesoramiento legal a las víctimas, pero no patrocinio jurídico.
A nivel nacional, el cargo de defensor del Niño fue creado por ley el 28 de septiembre de 2005. Recién 13 años después, en septiembre pasado, 68 candidatos a cubrir la vacante rindieron su examen escrito anónimo ante la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso Nacional, con potestad para su designación. De los 15 finalistas, 14 enviaron luego sus propuestas de trabajo, siendo la audiencia pública la última instancia. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades sobre su designación.
En Santa Fe, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes existe desde 2012. La provincia fue la primera del país en implementar el Ombudsman con competencia en niñas, niños y adolescentes. La abogada Analía Colombo se desempeña al frente de la entidad, que se encuentra bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo.
La Red de Casas de Protección y Fortalecimiento para mujeres víctimas de violencias tiene 16 refugios distribuidos a lo largo de la provincia, que cuentan con un total de 156 plazas para alojar a las mujeres con sus hijos e hijas. Estos espacios funcionan a través de convenios establecidos entre la Subsecretaría de Políticas de Género y municipios, comunas y ONGs. Allí, las personas que necesitan protección pueden permanecer hasta tres meses, tiempo durante el cual les profesionales a cargo trabajan junto a las víctimas para desarrollar estrategias de empoderamiento y un tejido de contención familiar y comunitaria para que puedan rehacer su vida al egresar del refugio.
Recientemente, el Observatorio de las Violencias hacia las Mujeres, que funciona en la órbita de la Subsecretaría, publicó los datos correspondientes al primer cuatrimestre de 2019.
La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) fue sancionada en 2006 y tiene por objetivo que todos los niños, niñas y adolescentes reciban esta formación en las escuelas públicas, tanto de gestión estatal como privada. Sin embargo, su aplicación es dispar y escasa.
En Santa Fe, en junio del año pasado la cámara de Diputados dio media sanción a la ley que garantiza la implementación de ESI en toda la provincia. Pero a la hora de tratarse en el Senado santafesino el proyecto fue “cajoneado”. El frente en defensa de la ESI denunció que previamente varios senadores habían recibido en audiencia a sectores antiderechos católicos y evangélicos, mientras que no se le había concedido ninguna reunión a este colectivo. “Las dos leyes [ley de educación y ESI] están trabadas por la presión de tres obispos: el de Rosario (Eduardo Martín), el de Santa Fe (Sergio Fenoy) y el de Rafaela (Luis Fernández)” manifestó en su momento el diputado Carlos del Frade.
El 18 de diciembre de 2018, el Congreso de la Nación aprobó la "Ley Micaela", llamada así en homenaje a Micaela García, la joven entrerriana asesinada por Sebastián Wagner, un delincuente sexual que, a pesar de estar purgando una condena por violación, se encontraba libre por decisión del juez de Ejecución Penal Carlos Rossi. La Ley Micaela crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, abarcando a los tres poderes del Estado. Aunque fue promulgada, aún se desconoce cómo se ejecutará el Programa que la norma establece.
En Santa Fe, desde principios del año pasado -aún antes de la sanción de la ley Micaela a nivel nacional- la capacitación en género es obligatoria para quienes son o quieren ser parte de la Policía. Analía Noval, a cargo del curso, explicó en una entrevista con el medio rosarino El Ciudadano que la formación apunta, por un lado, a revisar las actitudes y el trato que los uniformados tienen con las víctimas que se acercan a denunciar y, por otro, a brindar la información necesaria respecto a cómo y donde funcionan los espacios del Estado preparados para ayudar, de modo que los policías que reciben a las mujeres sepan orientarlas en los pasos a seguir luego de la denuncia.
A partir de 2018, el curso es obligatorio para todos los rangos de la Policía santafesina. En los ascensos es una prueba como cualquier otra. También es parte de la currícula para quienes quieren ser policías y estudian en el Instituto de Seguridad Pública Provincia de Santa Fe (Isep). Además del curso, Noval da capacitaciones en las unidades regionales que lo piden.
La foto de portada que ilustra este artículo corresponde a la intervención colectiva #ConNosotresNuncaMas | Fotógrafas Feministas
