Así lo sostuvo Sofía Botto, integrante de Mumalá Rosario. Con más de 70.000 firmas que lo avalan, este movimiento feminista presentó un proyecto para que se declare la emergencia nacional por violencia de género.
Ante la falta de presupuesto del poder Ejecutivo para abordar la situación de violencia de género, éste miércoles el movimiento Mumalá presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para que se de trámite a la ley de Emergencia Ni Una Menos.
Desde comienzos del 2019, se registraron 72 femicidios, promediando 1 femicidio cada 30 horas. Además de los casos de acosos, secuestros y violaciones. Los datos se desprenden del Registro Nacional de Femicidios del "Observatorio MuMaLá Mujeres, Disidencias, Derechos", realizado a partir de medios gráficos y digitales comprendidos entre el 1 de enero y 31 de marzo.
En diálogo con Periódicas, Sofia Botto integrante de Mumala Rosario, destaca que las expectativas en torno al proyecto son positivas. “La presentación de estos datos tienen que ver con que mañana se discutirán muchos proyectos, en el marco de una sesión extraordinaria pedida por la oposición. La violencia hacia las mujeres es uno de los principales temas. Tenemos la convicción de que se trate o que se llegue a un nivel de consenso sobre la necesaria inmediatez de poder resolver esta terrible situación que vivimos las mujeres”.
Como bien lo explicitan los números las situaciones de violencia hacia las mujeres por razones de género siguen creciendo. Sin embargo, el Plan Nacional para Prevenir, Asistir y Erradicar las Violencias hacia las Mujeres, aprobado en 2017, tiene para este 2019 una partida equivalente a 11 pesos por mujer (0,25 centavos de dólar), un 30% menos que el año pasado.
“Lo que establece el proyecto es que se apruebe una emergencia nacional por el período de un año, donde hay una serie de puntos que tienen que ver con el presupuesto, el uso de las tobilleras electrónicas, las red de casas de protección, el patrocinio gratuito jurídico para las víctimas y las partidas presupuestarias”, explicó Botto.
Las iniciativas presentadas en el Congreso esperan alcanzar el apoyo de la mitad de la Cámara más uno, lo que se conoce como quórum, requisito necesario para ver si se tratan los proyectos que se presentarán en el Parlamento.
Medidas contra la violencia machista
El documento presentado por Mumalá propone 14 medidas para abordar la violencia hacia las mujeres, entre las que se destacan: aumento de presupuesto para el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen medidas judiciales, monitoreo del plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de género, implementación federal del Programa de creación de casas de protección para mujeres en situación de violencia y riesgo de vida y Educación Sexual Integral en los distintos niveles educativos, entre otras.
En cifras: 72 femicidios en 2019
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo fueron asesinadas 64 mujeres, a lo que se agrega el femicidio vinculado de dos niñas, otros cuatro de niños o adolescentes y dos travesticidios.
El 49% de las víctimas tenía entre 19 y 40 años, otro 25% se situaba en la franja de edad entre los 41 y los 60 años. El 9% de las mujeres asesinadas estaba embarazada.
El 14% de las víctimas había denunciado a su agresor con anterioridad, y el 9% había conseguido una orden de alejamiento.
En el 36% de los casos se utilizó un arma de fuego, que en uno de cada tres casos era reglamentaria. También fueron empleadas armas blancas en otro 20% de las situaciones. Un 18% de las mujeres fueron asesinadas a golpes, un 11% quemadas, un 7% asfixiadas, un 2% torturadas y otro 2% envenenadas.
A raíz de estos asesinatos, 52 menores de edad quedaron huérfanos de madre en lo que va del año.
Por otro lado, el 9% de los agresores pertenecían a alguna fuerza de seguridad (seis): la mitad era policía y los restantes eran militares retirados.
Uno de cada cuatro victimarios se suicidó, y otro 6% hizo el intento. En la actualidad, un 6% de los victimarios está prófugo.
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