¿Cuál es la estrategia detrás del blindaje de las cuestiones de género y diversidad desde Provincia? ¿Es realmente la mejor vía para preservarlas, fortalecerlas y hacerlas accesibles para las personas que las necesitan?
Si de cambios de época notables se trata, el 10 de diciembre de 2023 marcó un antes y un después en cuanto a la concepción de las políticas de género y diversidad en el Estado provincial.
El cambio de perspectiva no solo incluyó los primeros recortes efectivos en cuanto a trabajadores estatales de la gestión Pullaro, de mano de la nueva secretaria de Género y Diversidad de la provincia, Alicia Tate; sino también la adopción de un modo de sostener estas políticas. En silencio.
El vaciamiento humano de los programas estrella de la gestión anterior y la desarticulación de la estructura, otrora ministerial, fueron el primer ajuste en este terreno y a nivel de todo el Estado provincial.
Pero el alcance de ese nuevo ordenamiento no fue meramente una cuestión económica. Quienes transitamos, desde el lugar que fuera, la esfera de la cosa pública lo sabemos. La jerarquía de las políticas es la que, en definitiva, revela la importancia que esas políticas tienen para tal o cual Estado.
En términos prácticos el traspaso de las políticas para mujeres y diversidades sexuales, con la consecuente pérdida de autonomía en la agenda estatal, implica dejar de ser parte de la mesa de las decisiones transversales. Pero no solamente eso.
También es convertirlas en uno más de los ítems de los que se ocupan las carteras centradas en el cuidado, englobados todos en el infinito laberinto administrativo del "Desarrollo Humano".
Y aunque no sería fiel a la realidad decir que el timonazo estatal sobre esta materia específica desde la asunción de Maximiliano Pullaro sólo trajo consigo enormes retrocesos; sí es fidedigno aseverar que las políticas que aún se sostienen, y aquellas que se operativizaron desde el traspaso del bastón del brigadier, son políticas que operan en la sombra.
¿No decir para cuidar?
En este escenario es válido preguntar cuál es el sentido del blindaje estatal respecto de las cuestiones de género y diversidad sexual.
Desde la capacitación a agentes del Estado en materia de género bajo la Ley Micaela, pasando por el Cupo Laboral Trans, el fortalecimiento a áreas municipales y comunales y a las organizaciones civiles, y hasta el programa “Masculinidades por la Igualdad”, lo que se sabe en términos de números concretos (financiamiento, presupuesto, alcance y objetivos logrados en 19 meses de gestión) es prácticamente nada.
Y el hermetismo no se limita a las fuentes oficiales y al derrotero infinito de las encargadas de la comunicación del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia, sino también en los plazos sistemáticamente violados de la normativa vigente en cuanto al Acceso a la Información Pública.
Pero, ¿a quiénes les sirve este silencio? ¿Es cuidar las políticas públicas en materia de Género y Diversidad no hablar sobre su existencia? ¿En qué escenario la estrategia del silencio es la vía para preservarlas, fortalecerlas y hacerlas accesibles para las personas que las necesitan?
Nos encantaría agregar una voz oficial en esta no nota, pero la realidad es que no tenemos más que comentarios off the record sobre el "miedo de contar lo que se está haciendo".
No hace falta mucha luz mental para saber lo que es una constante histórica. Si no se puede hablar de los avances, tampoco se pueden evidenciar los retrocesos.
En efecto: el silencio, particularmente para las mujeres y las diversidades sexuales, también tiene costos.
Escribe. Se especializa en la temática trans-travesti y las notas viscerales.
