El Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo presentó su Informe 2024 sobre equipos locales de asistencia a víctimas. El trabajo aporta información valiosa para incidir en la accesibilidad y democratización de los derechos y subraya la necesidad de sostener, fortalecer y ampliar los dispositivos territoriales. Alertan sobre la retirada del Estado nacional de las políticas que han sido efectivas para aportar a la erradicación de la violencia de género.
El Observatorio de Políticas Públicas de Género del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe presentó este jueves, en la sede de Rosario, el Informe 2024 de Monitoreo de Equipos Locales de Asistencia a Víctimas en el territorio provincial, bajo el título “La implementación como condición para la accesibilidad y democratización de los derechos”.
Durante la presentación, Gabriel Savino, defensor del Pueblo ad hoc, remarcó la importancia del informe como instrumento de análisis y planificación: “Este informe es el reflejo de un trabajo institucional y objetivo que da cuenta de la situación provincial en términos de territorialidad y protección de derechos, con el fin de generar valor público en el diseño de políticas públicas con perspectiva de género”.
Savino también alertó sobre la interpretación interesada de algunos indicadores a nivel nacional: “No hay que confundirse con la lectura de datos que hacen desde el Gobierno nacional. Las bajas en los homicidios de mujeres, femicidios y delitos sexuales no son mérito de las actuales políticas, sino resultado de una década de implementación de políticas preventivas y de visibilización de la problemática”.
“Una visión economicista que sostiene que, a menor presupuesto, mejores indicadores, es una falsa idea que solo fomenta el retiro del Estado de políticas exitosas y sostenidas en el tiempo”, agregó.
Principales resultados del informe
El monitoreo evaluó el funcionamiento de los equipos locales de atención a víctimas en 41 localidades de la provincia, a partir de indicadores basados en la Ley Provincial Nº 13.348. Entre los aspectos destacados, el informe señala que el 85% de los equipos están conformados de manera interdisciplinaria, mientras que el 14% se integra por un único profesional, lo que limita la capacidad de respuesta integral ante situaciones complejas.
También señala que la feminización de los equipos es notoria, ya que el 81% está compuesto por mujeres, lo que pone en evidencia la desigual distribución de responsabilidades de cuidado y atención en el ámbito público. Además, el 88% de los equipos accede a presupuesto desde el nivel local, y un 75% logró firmar convenios con la provincia para el acceso a recursos. Sólo el 9% continúa tramitando ayudas nacionales sin respuestas.
En cuanto al acceso a la justicia, el 70% puede gestionarlo en su propia localidad, aunque muchos deben recurrir a juzgados saturados o alejados, lo que genera desmotivación o desistimiento de las víctimas en continuar con las denuncias.
Respecto a los “Puntos Violetas”, sólo 11 localidades cuentan con este dispositivo y apenas nueve manifiestan articular efectivamente con ellos. "La falta de equipos técnicos específicos y recursos adecuados compromete su función como nodos territoriales de prevención y acceso a derechos", indicaron desde la Defensoría. Según el gobierno provincial, hay 37 Puntos Violetas ubicados en el territorio santafesino.
Finalmente, el informe pone de manifiesto que el 73% de las localidades realiza algún tipo de sistematización de datos, aunque en la mayoría de los casos es de forma artesanal. La sistematización adecuada es clave para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
El informe, entre sus conclusiones, subraya "la necesidad de sostener, fortalecer y ampliar los dispositivos territoriales de atención y prevención de las violencias por motivos de género, así como de garantizar recursos, articulación institucional y acceso real a la justicia".
La jornada contó con la participación de autoridades provinciales y locales, entre ellas representantes de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad; el Observatorio Provincial de Violencia de Género; la Mesa Interinstitucional de Femicidios; la Oficina de Capacitaciones Ley Micaela; equipos locales de atención a víctimas; la Defensoría del Pueblo de la Nación; el Órgano de Revisión de Salud Mental, el área de Mediación, Salud y Defensa del Consumidor de la Defensoría. También estuvieron presentes funcionarias municipales, como Silvana Teisa por la Municipalidad de Rosario, y representantes de las sedes del CAV Rosario y Santa Fe.
