G.D.O., de 46 años y docente de una escuela de Villa Cañás, fue imputado por abusar sexualmente de las dos hijas de su pareja y de su pareja. Luego de una larga audiencia en la que declararon las sobrevivientes, el juez Leandro Martín decidió dejarlo en libertad.
Un hombre de 46 años fue imputado por abusar sexualmente de las dos hijas de su pareja y de su pareja, pero en la misma audiencia en la que le atribuyeron los delitos, el juez Leandro Martín decidió dejarlo en libertad. Se trata de G.D.O., docente de la Escuela Técnica de Villa Cañás.
Contra una de la hijas de su pareja, la fiscala María Florencia Schiappa Pietra Sales le imputó al docente la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo, triplemente agravado por ocasionar grave daño a la salud mental de la joven que se intentó suicidar en reiteradas oportunidades, por ser el encargado de la guarda y por ser cometido contra una menor de 18 años en un contexto de convivencia. Todo eso en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser conviviente y encargado de la guarda.
Según narró la sobreviviente, los primero hechos ocurrieron cuando ella tenía 9 años, en 2008. A la siesta, cuando su mamá no estaba en su casa por trabajo, él la obligaba a dormir la siesta y la abusaba sexualmente. Luego, cuando tenía entre 14 y 19 años, desde 2013 hasta 2018, la abusó en reiteradas oportunidades tocándola en partes íntimas.
En cuanto a la otra hija de su pareja, el docente fue imputado por el abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo, agravado por ser el encargado de la guarda y ser cometido contra una menor, aprovechándose de la convivencia preexistente con ella, en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser conviviente y encargado de la guarda y en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal.
En este caso, uno de los hechos presentados ocurrió cuando la joven tenía 23 años, la noche en la que el imputado se casó con su madre. “Aprovechándose de que estaba sola en la casa, dormida y bajo los efectos del alcohol que había consumido esa noche, él se le tiró encima y la abusó”, describió la fiscala en la audiencia. Como se presentó una persona en la vivienda, se levantó y no continuó con el hecho. Además, siendo una niña entre sus 13 y 16 años, G.D.O. también la abusó en reiteradas oportunidades, tocándola sin su consentimiento.
En cuando a la madre de las niñas, quien era su pareja la abusó una noche luego de una discusión. En 2016 discutieron por una supuesta infidelidad, por lo que la mujer se tomó un medicamento y se fue a dormir. En ese momento el imputado la abuso sexualmente aprovechándose del estado de inconciencia de su pareja y cuando ella se despertó le contó lo que había hecho “porque siempre iba a ser de él”.
La relación de ambos estuvo signada por la violencia, él ejerciendo un control permanente sobre ella y amenazándola. En 2023 la amenazó con matarla y suicidarse, luego de enterarse que ella estaba conociendo a otra persona.
Quedó en libertad
Durante la audiencia se expusieron las denuncias de las tres sobrevivientes, los informes médicos y psicológicos de todas ellas, testimonios de las mujeres y otros miembros del grupo familiar, un croquis de la vivienda y fotografías.
“Tras casi nueve horas de audiencia en la cual declararon tres mujeres contando los aberrantes abusos sufridos, el juez Leandro Martín decidió dejar en libertad a G.D.O.”, indicaron desde el Equipo Jurídico Walker Torres, encargados de la querella en representación de las sobrevivientes.
Además, destacaron que la situación es más grave aún teniendo en cuenta que la pena en expectativa para los delitos cometidos por el docente va entre 8 y 50 años.
Insisten con la prisión preventiva
Tanto la fiscalía como la querella apelaron la decisión del juez de dejar en libertad al imputado. La fiscala Schiappa Pietra había solicitado la prisión preventiva el viernes pasado y ahora presentó la apelación en los tribunales de Venado Tuerto. Las dos partes solicitaron que se revoque la resolución de Martín y se orden la prisión preventiva sin plazo del imputado.
“Al comunicar su decisión en la audiencia en la que se debatieron las cautelares, el magistrado valoró el gran cúmulo de evidencia que presentamos para acreditar las conductas delictivas del imputado, avaló las calificaciones penales que propusimos y puntualizó que la pena en expectativa es alta y de cumplimiento efectivo”, indicó la fiscala. En tal sentido, afirmó que “sin embargo, planteó que no había riesgos procesales y dispuso medidas alternativas”.
Schiappa Pietra remarcó que “las circunstancias del caso ameritaban que el hombre de iniciales GDO transitara el proceso judicial privado de su libertad”. Explicó que “sobre todo, deben contemplarse las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan cada una de las personas que sufrieron los abusos, quienes fueron escuchadas por el juez antes de que el investigado ingresara a la sala”.
“Al abordar la peligrosidad procesal, el juez no tuvo en cuenta lo manifestado por las víctimas, y con su decisión contradijo toda la normativa vigente nacional e internacional respecto de las obligaciones estatales de garantía en este tipo de casos de violencia de género, de acuerdo a lo establecido en la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, sostuvo Schiappa Pietra.
“El magistrado se basó en que las diligencias comenzaron hace más de un año y se desarrollaron con el hombre de iniciales GDO en libertad, sin contemplar que el estadío procesal cambió después de la audiencia imputativa”, manifestó la fiscal. “Tampoco tuvo en cuenta que se trata de una investigación proactiva, que por lo tanto demanda tiempos distintos a los de legajos de origen reactivo”, especificó.
Según subrayó, “el imputado recibió cautelares que no son suficientes para mitigar los riesgos procesales que tanto la Fiscalía como la Querella argumentamos que existen”. Detalló que “de acuerdo con lo resuelto, tendrá que pasar a firmar a diario en una comisaría y fijar domicilio en Villa Cañás y no podrá salir del país ni tener armas de fuego”, y agregó que “se aceptaron como caución real dos motovehículos ofrecidos por la Defensa”.
La querella a cargo de las abogadas Carolina Walker Torres y Rebaca Dibattista remarcaron la importancia de la restricción de acercamiento que tiene el docente y fue dictada por el juez Heredia. “A la actualidad se encuentra vigente y a pesar de ello no ha sido cumplida debidamente por el imputado, quien en audiencia reconoció específicamente sendos incumplimientos a la misma”, indicaron en su apelación.
Las abogadas sostuvieron que todos los hechos expuestos en la audiencia fundamentan la existencia de un resigo procesal evidente y ponen en peligro a las sobrevivientes, y consideraron que el juez “omitió por completo toda consideración al respecto ni tuvo en cuenta la grave amenaza que el mismo imputado reconoció efectuar contra una de las víctimas”.
Escribe. Se especializa en policiales y judiciales.
