La fiscala Shirli Tomasso contó a Periódicas cómo pudo acreditar que fue un abuso sexual agravado y no un “acto sexual consentido” como intentó imponer la Defensa. “No es no, siempre”, recalcó. 10 de los 12 varones que intervinieron en la violación de una menor de edad en Pilar fueron condenados a entre 8 y 16 años de prisión. Hay un menor y una persona en el extranjero que todavía no tienen condenas.
10 varones que violaron grupalmente a una joven menor de edad en 2018 fueron condenados a penas de entre 8 y 16 años el pasado 27 de septiembre. Durante el juicio, la Defensa nunca negó que el hecho ocurrió, cuándo ni dónde, pero llevó la discusión al terreno del consentimiento y puso en duda el estado de vulnerabilidad de la sobreviviente. La fiscala Shirli Tomasso pudo acreditar que el consentimiento nunca estuvo presente y que la adolescente se negó en todo momento. “Hay algo que yo siempre puse sobre la mesa, es algo muy simple de explicar y se resume en una frase: el no, siempre es no”, sostuvo en diálogo con Periódicas.
Con 35 testimonios, la fiscalía logró acreditar la situación de desventaja en la que se encontraba la joven. “Se trataba de una niña que había consumido alcohol y marihuana por primera vez, encerrada en una habitación con 12 hombres de los cuáles 11 eran mayores de edad, por lo menos con tres años más que ella”, detalló la fiscala y se preguntó: “Si eso no es vulnerabilidad, ¿entonces qué es?”. Por otro lado, afirmó que la sobreviviente nunca dio su consentimiento y que en todo momento se negó. “Les pedía que paren”.
El tribunal integrado por los jueces Cristina Fortunato, José Luis Estévez y Juan Gabriel Peralta declaró culpables a los 10 hombres juzgados por el crimen cometido el 12 de mayo de 2018. Los encontró responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la participación de dos o más personas y de un menor de edad.
Jair Damián Goró recibió la pena mayor ya que también fue hallado culpable de otro abuso sexual simple en perjuicio de otra joven. Recibió 16 años de prisión. Michael Nicolás Bracamonte, Adrián Marcelo Arietti, Maximiliano Javier Zoller, Patricio Suárez, Lucas Lencina, Ayrton Sergio Suviani, Gaspar Amilcar Gilli y Santiago Miguel Adrian recibieron 14 años de prisión. Mientras que Joaquín Ezequiel Vera recibió 8 años.
Hay dos personas que, según la investigación de la fiscalía, participaron del hecho pero no fueron juzgadas aún. Se trata de un joven que en 2018 tenía 15 años, por lo que su causa quedó a cargo de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Además, hay otro varón que tras la primera declaración de la sobreviviente en Cámara Gesell se fue de Argentina. La fiscala Angela Capitanio que se encargó de la investigación hasta el comienzo del juicio, realizó el pedido de captura internacional. El joven fue detenido recién a finales de junio de este año en Valencia y ahora España debe evaluar la extradición para entregarlo a la Justicia argentina.
Sin precedentes
Tras la condena, la fiscala Tomasso indicó que nunca antes la fiscalía regional quinta había actuado en un caso similar. Para ella, la gravedad estuvo dada por la situación de indefensión en la que se encontraba la sobreviviente: "Había consumido alcohol y drogas y había una gran cantidad de masculinos. Ellos aprovecharon eso para accederla carnalmente todos, pero ella en todo momento pedía que no, que pararan. Estaba sola en la habitación porque había dos chicas más en la casa que no escucharon ni vieron nada, siempre se mantuvieron en el living y en la galería. Por eso sostenemos que no hay testigos presenciales".
Los abogados defensores Juan Manuel Lovaiza, Marcos Barceló, Jorge Cuesta, Claudio Torres del Sel, Alejandro Otte, Federico Scarinci, Ezequiel Gramoy y Natalia Giordano intentaron durante todo el juicio invalidar el testimonio de la sobreviviente y sostuvieron en todo momento que se trató de “un acto sexual consentido”, una teoría que fue desacreditada por la fiscalía.
No hubo consentimiento
La fiscala explicó que lo más importante para poder probar que no hubo consentimiento por parte de la menor fue su testimonio, que fue coherente y sostenido durante todo el juicio. Sobre el hecho, la sobreviviente declaró en dos oportunidades. La primera vez lo hizo en Cámara Gesell porque tenía menos de 18 años. La segunda fue cuando ya era mayor y durante el juicio. “Hay otra chica que también denunció a uno de los condenados por abuso así que se tuvieron en cuenta los dos relatos de las jóvenes”, señaló Tomasso y destacó que “ambas son muy valientes porque pudieron sentarse frente a los jueces y contarles directamente a ellos lo que habían vivido”.
La fiscalía llevó 35 testigos que, por supuesto, no habían presenciado el hecho porque se trató de un delito sexual que se dio en la intimidad. “Fueron muy importantes las profesionales de la salud mental, sobre todo una licenciada en Psicología que comenzó a atender a la sobreviviente cuando se fue de Pilar”, apuntó la fiscala. La profesional pudo dar cuenta de los daños ocasionados a la sobreviviente y cómo ella fue atravesando todos los procesos. “Con esto más los testimonios de la familia y de los amigos fuimos armando el rompecabezas para que los jueces entiendan que ese relato es coherente y contundente”, indicó Tomasso.
Filtración de datos y hostigamiento
La fiscalía hizo un pedido de evaluación del accionar de los abogados defensores al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados porque entendió que hubo una conducta irrespetuosa hacia la fiscalía, el tribunal y los testigos. Uno de los defensores filtró datos del hecho y de las identidades de los testigos, que no podían ser publicados. “Esta persona puso en redes sociales nombres e imagenes de los testigos en primera plana e hizo un relato de los hechos a su conveniencia”, relató Tomasso. A la par se abrió una investigación de oficio por incumplimiento de la resolución judicial.
Por otro lado, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) recordó la presencia de un trabajador de un medio de comunicación en el juicio, quien realizó publicaciones sacadas de contexto con información que no se podía publicar.
Todas estas cuestiones sumadas a que se trata de una localidad pequeña donde todas las personas se conocen, contribuyeron al asedio de la joven en la calle y en la escuela. “Es importante recordar que la denuncia la hizo la madre de la sobreviviente cuando se enteró de lo ocurrido porque uno de los condenados había salido a contar lo que le habían hecho a la niña”, aclaró. “Ella nunca quiso que se sepa, lo quería olvidar”, añadió.
Tras la denuncia y el hostigamiento la sobreviviente dejó la escuela y se fue a vivir a otra localidad. Durante la investigación la joven declaró en varias oportunidades sobre denuncias por agresiones y amenazas por parte de los condenados, sus familiares y amigos. “Hubo un daño psicológico notorio que pudimos acreditar”, precisó Tomasso. “Como también pudimos comprobar que nunca hubo consentimiento y que los condenados se aprovecharon del estado de vulnerabilidad”, concluyó.
Autora: Thamina Habichayn
