Los jueces Pablo Busaniche, Martín Torres y Cecilia Labanca dieron a conocer los fundamentos para absolver al profesor de educación física de la Escuela Ceferino Namuncurá de Santa Fe. Tras conocer los argumentos de los jueces, las familias emitieron un comunicado: “Nuestras hijas merecen la misma justicia que aquellos que tienen una mejor posición social y económica”.
A principios de octubre absolvieron al profesor de educación física que fue juzgado por el abuso sexual contra cinco niñas de entre 3 y 6 años que asistían a la escuela Ceferino Namuncurá de Santa Fe. Los jueces Pablo Busaniche, Martín Torres y Cecilia Labanca dieron a conocer los fundamentos que sustentan su decisión y se refirieron principalmente a la “contaminación” de los relatos de las niñas y a una “sugestión colectiva” por parte de los padres y madres que realizaron las denuncias.
Tras conocer los fundamentos de los jueces, los familiares de las niñas denunciantes emitieron un comunicado en el que sostuvieron que continuarán pidiendo justicia por sus hijas y que las niñas “no mienten y nosotras tampoco”.
En el comunicado informaron que insistirán y seguirán reclamando justicia. “Nuestras hijas merecen la misma justicia que aquellos que tienen una mejor posición social y económica. Nos preguntamos si nuestras nenas viviesen en Barrio Sur y fuesen a una escuela ‘tradicional’ de gente ‘bien’, hubiesen tenido el mismo trato??”, indicaron y exigieron que se revise el fallo.
Los fundamentos de los jueces
El juez Busaniche fue el encargado de redactar los fundamentos de la absolución, a los que adhirieron Torres y Labanca. Gran parte de los fundamentos (60 páginas de 118) se basan en la desestimación de la primera denuncia y, a partir de allí, el encadenamiento de hechos y denuncias que se dio “por una sugestión colectiva”.
Busaniche explica que el relato que la primera niña dio en la Cámara Gesell es “absolutamente escueto y simplificado, sin ningún detalle directo y/o de circunstancia alguna sobre lo padecido, que impide cualquier verificación de credibilidad por criterios”. Además, explica que el resto de las denuncias se efectúan de manera “posterior” y con el conocimiento previo de esta denuncia, no de manera simultánea como sostenían los fiscales y las abogadas querellantes con respecto a la primera y segunda denuncia.
El juez aclara que en primer término es necesario tener por cierto el relato de la menor, pero someterlo a un detenido análisis de cumplimiento de algunos elementos de corroboración externa.
Es en esa instancia en que destaca la presencia de un “relato contaminado”. Para Busaniche, se trata de una “una declaración inducida, con información inoculada y/o por lo menos fruto de una sugestión de hechos, preguntas y actuaciones de adultos, que la niña seguramente nunca entendió, ni debió haber transitado”. Y hace un llamado de atención sobre las advertencia de varias profesionales de la salud y de la psicología sobre la exposición de la niña a situaciones que no debía atravesar, como una gran cantidad de interrogatorios con personas desconocidas para ella. También retoma el accionar de una pediatra, una psicóloga, una psiquiatra y una asistente social que atendieron a la niña y su madre en el hospital, que no denunciaron el abuso sexual y le dieron el alta.
Por todas esas cuestiones, no considera a ese relato como uno “espontáneo, natural y circunstancial” y lo descarta como prueba de un hecho. En cambio, sí toma por certero el relato que la niña le da a su madre en una primera instancia sobre un golpe en sus partes íntimas mientras estaba jugando, que es el mismo que sostuvieron y buscaron argumentar durante todo el juicio los abogados defensores del profesor de Educación Física. “Da referencias precisas de tiempos, modos y lugares, que se presentan como lógicos y posibles en corroboración con sus dichos”, sostuvo Busaniche.
Sobre el resto de los relatos de las niñas en Cámara Gesell, aclara que en todos ellos “se repiten sentencias informativas concretas, escuetas y no detalladas sobre los presuntos tocamientos padecidos de un agresor, situación que se explicaría solo a partir de una misma fuente de datos y/o hechos conocidos, compartidos y no vividos”. Es decir, que también están ante la presencia de “relatos contaminados”.
En relación a quiénes llevaron adelante esa “contaminación de los relatos”, los jueces aclaran que “las sugestiones, inoculaciones de información y consecuente contaminación, nunca tuvieron actores intencionales sino que a estos procesos de conocimiento por los fenómenos psicológicos de comunicación que implican se llega por hechos, situaciones o preguntas que contaminan”.
En esa línea, valoran que los padres se encontraban “desbordados por la preocupación lógica de ver en peligro a sus hijos”, y aclaran que “a ninguno de los padres que intervinieron en las actuaciones analizadas se le podría reprochar absolutamente nada respecto a sus conductas; por el contrario, lamentablemente ellos también fueron víctimas indirectas de los sucesos que llevaron a esta zaga de lamentables hechos, en donde como después se concluirá, tuvo mucha responsabilidad la inactividad y/o por lo menos cuestionable intervención de muchos agentes del Estado”. Es que para los jueces, todo el conflicto penal “debió haber sido evitado”.
Las cámaras y la policía
En los fundamentos, los jueces advierten sobre la “ineficacia” de las autoridades encargadas de recolectar los registros de las cámaras en la escuela. En la institución, se habían instalado cámaras que, de ser utilizadas como pruebas en el juicio, podrían haber mostrado claramente la ocurrencia o no de los hechos. En esa línea, Busaniche critica el accionar de los policías que llegaron a la institución con el objetivo de secuestrar las cámaras o videos, pero que “atento a los tumultos por las protestas de los padres se dio prioridad a esa situación”, y destacan que “la fuerza policial de investigación esta operativa las 24 horas de los 365 días del año, por lo que no admite ninguna justificación, que dispersados los disturbios pudieran concretar el secuestro probatorio que se le ordenó”.
Además, los jueces destacan que si la institución hubiera estado cerrada, “una orden de un directivo hubiera bastado para su apertura”.
Busaniche, Torres y Labanca expresaron que la inacción de la Policía de Santa Fe para recolectar las pruebas y para frenar los disturbios contra la escuela y la casa del acusado, deberán analizarse por las autoridades correspondientes. “Deberá verificarse qué eventual responsabilidad puede devenir de tal accionar, en términos administrativos y en la correspondiente esfera ministerial”, aclararon en los fundamentos y ordenaron enviar copias de las actuaciones al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
Sobre la investigación del MPA
Los jueces tambien cuestionan el accionar del MPA indicando que no queda satisfecha la explicación que los fiscales dan sobre la solicitud de allanamiento que les fue denegada por otro juez en esa instancia de la investigación. “Se desconocen los motivos de tal denegación de autorización, no obstante, existen medios y vías tendientes asegurar esa prueba, mediante la orden oportuna, la coordinación adecuada, la insistencia y ampliación de fundamentación en la solicitud de allanamiento, o tan sólo ordenar, el mismo día en que acudió personal a la escuela a relevar las primeras entrevistas, desconectar y secuestrar el, sistema de DVR que registra las capturas de las cámaras, por mencionar sólo algunas”, indicaron los jueces.
De igual manera, realizaron observaciones sobre la falta de investigación en relación a los hechos vandálicos perpetuados contra la escuela y la casa del acusado. Por último, hicieron un llamado de atención sobre “el silencio del acusador público ante la comprobación sin controversia de que una de las niñas ni siquiera coincidió temporal, espacial e institucionalmente con el profesor acusado”.
Por todas esas razones, pidieron que las autoridades del MPA analicen en profundidad la investigación realizada.
El comunicado de los padres y madres
“Hemos recibido con mucho dolor los fundamentos de la absolución de J.F.T, por los terribles abusos sexuales que sufrieron nuestras pequeñas hijas cuando tenían entre 4 y 6 años de edad. Ya nos sentíamos vulneradas desde que todo comenzó, por supuesto por el abusador -principal responsable- pero también por la escuela Ceferino Namuncurá, que descreyó de nuestras hijas, se negó a darnos explicaciones e incluso no quiso mostrarnos las cámaras de seguridad cuando las reclamamos.
Luego nos sentimos vulneradas por la opinión pública, que nos tildó de locas y violentas cuando solo acompañamos a nuestras hijas en el proceso de develación de abusos sexuales a tan corta edad, con toda la impotencia e indignación que eso nos provocaba. Nos dejaron solas tres años, intentaron silenciarnos, culpabilizarnos y hoy vuelven a vulnerarnos, a pesar que fueron nuestras propias hijas que con sus palabran en Cámara Gesell contaron todo lo que el profesor T. les hacía. Nuestras hijas no mienten. Nada hubiesemos querido más que no sufran los abusos y el abuso posterior de la Justicia revictimizándonos descreyendo de nuestras hijas.
Ellas no mienten, nosotras tampoco.
Seguiremos este reclamo en la Justicia, en la que a pesar de todo aún confiamos.
No nos vamos a quedar de brazos cruzados, nuestras hijan merecen ser escuchadas, merecen la misma justicia que aquellos que tienen una mejor posición social y económica.
Nos preguntamos si nuestras nenas viviesen en Barrio Sur y fuesen a una escuela "tradicional" de gente "bien", hubiesen tenido el mismo trato??
Exigimos a la Justicia un trato igualitario a pesar de nuestra condición socio-económica.
Exigimos a la justicia revise este fallo retrógrado, violento y contrario a los derechos de nuestras hijas, pero que violenta además a las mamás, a las profesionales del área niñez y a la fiscalía que siempre nos acompañó humanamente y con mucha responsabilidad, poniendo en riesgo a otras víctimas que ante estos fallos violentos y misóginos no van a confiar en la Justicia y seguirán callando.
No estamos solas en esta lucha, y no nos van a silenciar.
JUSTICIA POR NUESTRAS HIJAS.
J.F.T. ES CULPABLE.
J.F.T. ES UN ABUSADOR SEXUAL INFANTIL”.
Escribe. Se especializa en policiales y judiciales.
