Este jueves se efectivizó el decreto que cesantea a 41 mujeres y personas LGBT+ que habían pasado a planta transitoria hace un año. Este número se suma a las 24 personas que echaron, al no tomarles posesión del cargo, en enero de este año.
Este jueves se conoció el decreto por el cual el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió dejar sin efecto el Decreto Nº 2236 del 25 de septiembre de 2023 que resolvía el pase a planta transitoria de 41 trabajadores y trabajadoras del entonces Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe (hoy Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad). Con este número, son en total 65 las cesantías del área que, a las claras, quedó desmantelada.
El texto, firmado por el gobernador y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, arguye entre sus considerandos que no existía un vínculo directo entre los trabajadores y trabajadoras: "Luce notorio que la relación establecida con los beneficiarios del Programa del entonces Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, carece de todos los elementos necesarios de un vínculo laboral comprobable con la Provincia de Santa Fe, no existiendo constancia alguna de la existencia de contratos con los agentes que se designaron en planta permanente provisional, como surge del informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía y en orden a lo descripto, se trata de un pase a planta de personas que no tenían ningún tipo de vínculo laboral comprobable con el Estado Provincial, que permitiera su inclusión en los términos del Decreto Nº 0641/23", argumentan.
Sin embargo, estas personas llevaban adelante sus tareas desde hacía más de tres años. Ante este desolador panorama, la asamblea de trabajadores y trabajadoras emitió un comunicado expresando su malestar: "En un giro preocupante para la protección de los derechos laborales y de género, el gobierno de Pullaro ha tomado la decisión de cesantear a más de 40 trabajadoras y trabajadores dedicados a la atención y promoción de políticas de género. Se trata del primer vaciamiento histórico luego de décadas de avance en políticas de igualdad", afirmaron.
Y agregaron que "las y los afectados, quienes desempeñaban un papel crucial en la implementación de programas de asistencia y apoyo para mujeres y personas LGBTQ+, se enfrentan ahora a una situación de vulnerabilidad laboral y económica. Personas trans que se verán expulsadas a la emergencia social, dificultadas en alcanzar la inclusión laboral por la discriminación que se incrementa hacia esa comunidad, como también mujeres jefas de hogar, que ven perjudicada la calidad de vida que esperaban sostener junto a sus familias".
"Desde diversas organizaciones sociales y políticas, se han alzado voces en contra de esta medida, exigiendo la reinstalación inmediata de las trabajadoras y trabajadores despedidos y la reafirmación de políticas que promuevan la igualdad y el respeto a los derechos humanos", sostuvieron.
"La situación ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de revisar las prioridades del gobierno en cuanto a la protección de los derechos laborales y de género, en un contexto donde la violencia y la desigualdad siguen siendo problemáticas latentes", cierra el texto. Pullaro
