El programa , vigente desde 2020, pasará a otorgar la mitad del dinero que entregaba a la fecha. Más de 380.000 personas lo obtuvieron desde su creación.
En septiembre del año 2020, en medio de una pandemia que nos obligaba a todos y a todas a quedarnos adentro de nuestras casas, el Gobierno Nacional efectivizó el Programa Acompañar, un plan de acompañamiento económico para sobrevivientes de violencia machista, que intentaba apuntalar uno de los problemas emergentes que se daban, quizás como daño colateral de la pandemia por el COVID-19: cada vez eran más las consultas que se recibían en la Línea 144. Ese quedarse en casa para las mujeres que convivían con las personas que las violentaban, se transformaba en un arma de doble filo.
De hecho, el 63% de los femicidios registrados en ese año se habían dado como consecuencia de vínculos violentos preexistentes, en donde los femicidas eran pareja o expareja de la víctima, muchas veces, incluso, convivientes. En ese 2020 se dispuso entonces que el nuevo Programa Acompañar iba a estar regido por dos organismos nacionales. Por un lado, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y por otro lado, ANSES, que iba a estar a cargo de efectivizar los pagos. A tal fin, el Estado realizaría transferencias monetarias equivalentes al salario mínimo vital y móvil, que entonces era de $16.875, por un periodo de seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+, que se encontraran en riesgo por situación de violencia por motivos de género.
La independencia económica, sabemos, es la que muchas veces permite salir de los ambientes más violentos. Incluso, la misma línea 144, mostraba que más del 37% de las personas, mujeres en su inmensa mayoría, que llamaban para recibir acompañamiento por casos de violencia de género, habían afirmado haber estado en situación de violencia económica y patrimonial. En un contexto que no nos permitía salir de nuestras casas, en donde la crisis habitacional se transformaba cada vez más en un problema para todos los argentinos y argentinas, y en donde crecía exponencialmente la violencia de género, específicamente dentro de las cuatro paredes del hogar, darle a las mujeres la herramienta de contar con sus propios recursos económicos se constituyó como una política de Estado que le permitió a miles de personas alcanzar una mejor calidad de vida.
Destruir en lugar de mejorar
Hasta agosto de este 2023 más de 326.080 mujeres y personas del colectivo LGBTI+ habían accedido a esta política, el 85 % tenía entre 18 y 44 años y el 89 % del total contaba con personas a cargo, ya sea hijos e hijas de distintas edades, adultos mayores o personas con discapacidad.
El sistema era perfectible. De hecho, una de las cosas que ahora, cuatro años después, podríamos decir es que todo el tiempo que estuvo en funcionamiento esta política de estado dependió de un decreto presidencial, algo que sabemos es cómo escribirlo en la arena o en el aire. Quizás hubiera sido más sensato tener también la voluntad política de hacer que esto pase por el Congreso, para dejarlo cimentado en calidad de ley. Es lo que nos lleva a que ahora, en 2024, tengamos que ver cómo sufre modificaciones que, más que modificaciones, en el contexto actual pueden leerse como la antesala de la desaparición.
Lo hemos contado, pero no está mal repetirlo: este programa que dependía del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y es uno de los pocos que ha logrado sobrevivir a la desaparición del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que en distintas etapas fue desmantelado hasta llegar a la última hace un par de meses, cuando fue cerrado definitivamente para jolgorio de la mayoría de la tribuna libertaria. Sin ir más lejos, no sólo el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es el que ya no existe: la propia línea 144 cuenta ahora solamente con una parte mínima de trabajadoras y trabajadores que se encargan de responder a las miles de llamadas que se reciben cada año. Los informes que antes elaboraba el propio Estado, en donde se nos contaba en qué consistían esas llamadas y cuáles eran algunos de los problemas emergentes que teníamos como país en términos de violencia de género, ya no existen.
Sin Ministerio, sin estadísticas y casi sin recursos se abre otro ángulo de discusión: ese salario mínimo, vital y móvil que hace cuatro años les proponía a las mujeres una vida más digna, hoy ya no vale casi nada.
Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de julio 2024, indica que en los primeros seis meses del año el salario mínimo vital y móvil ya había perdido un 32,1% de poder adquisitivo. Los aumentos, que son pocos y escasean, dependen de las discusiones que se dan en el Consejo del Salario y no logran empatarle a la inflación ni al aumento del índice del costo de vida. Así, según este informe, la capacidad del salario mínimo de comprar alimentos a julio de 2024 es de poco más de la mitad que en noviembre de 2019. Tras su última actualización por decreto, el SMVM pasó a ser de $262.432. La canasta básica alimentaria para una familia de cuatro integrantes (que mide la línea de la indigencia) aumentó en agosto a $405.697. Es decir, lo que otorga el programa Acompañar no alcanza siquiera para ubicar a esas personas (y a las personas a cargo) por encima de la línea de la indigencia.
Las modificaciones
Como si esto fuera poco se publica hoy en el Boletín Oficial un decreto que viene a terminar de complicar más las cosas: a través del decreto 755/2024 se modifica aquel que creó el Programa Acompañar en el año 2020. Estas modificaciones al Programa Acompañar para las víctimas de violencia de género hacen que ahora la ayuda económica que el Estado le brindaba a las personas sobrevivientes de estas violencias, que equivalía a un salario mínimo vital y móvil por 6 meses, se reduzca al periodo de 3 meses. Es decir, de movida, las personas que pidan este beneficio van a contar con la mitad de los meses de acompañamiento que se contaba hasta hace muy poco. Por otro lado, además, ahora se va a exigir a las víctimas que acrediten haber hecho la denuncia policial o judicial. Antes bastaba con que fueran a los dispositivos locales de atención, esos mismos dispositivos que también ahora están desfinanciados.
¿Quién acompaña hoy a las personas sobrevivientes de casos de violencia de género?. ¿Quién las apuntala económicamente?. ¿Quién les da herramientas o la posibilidad de que salgan de los espacios en donde son violentadas?. Si en 2020, en plena pandemia, la crisis habitacional de nuestro país obligaba a muchas personas a quedarse viviendo en entornos de violencia, en 2024, la misma crisis habitacional, acompañada por ejemplo, por la crisis económica y la falta de empleo, hace que cientos o miles de mujeres a lo largo y a lo ancho de la Argentina, se vean cada vez más forzadas a convivir con las personas que las violentan. La independencia económica, además, en un contexto en donde la escasez de trabajo golpea más fuerte a las mujeres, y sobre todo a las mujeres jóvenes, se configura como un objetivo casi imposible de conseguir.
El Estado Nacional, que nada está haciendo para prevenir la violencia de género (y que a veces incluso pareciera que la fomenta con un discurso que lo único que hace es echar más leña al fuego del machismo y los discursos de odio), ahora también se retira del acompañamiento. De la misma forma en la que los gobiernos provinciales y municipales también empiezan a hacer agua, despidiendo trabajadores y trabajadoras y cerrando áreas de género específicas, retirándose del territorio, eliminando programas y ministerios.
Se configura así un escenario cada vez más complejo, más triste, más peligroso para las personas en situación de vulnerabilidad. Un escenario que, nuevamente, nos invita a tejer redes, a trabajar comunitariamente y a prepararnos para la reconstrucción.
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