Los números surgen del relevamiento realizado por la Red Federal Puentes y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). De las mujeres entrevistadas, un 61,6% afirmó haber sido víctima de violencia por cuestiones de género y hay cinco embarazadas. Las organizaciones e instituciones presentaron ante el Concejo el proyecto de “Emergencia social en materia de situación de calle”.
Los números son necesarios. Esos datos duros respaldan lo que quienes caminamos las calles de Santa Fe vemos todos los días. Tal vez no los necesitemos nosotres para comprender la gravedad de la situación, pero sí buena parte de una sociedad que todavía elige mirar hacia otro lado, y sobre todo nuestros dirigentes, que hacen poco —o nada— para garantizar una vida digna a la ciudadanía.
Esas cifras que nos duelen arrojan una verdad cruda: en la capital provincial hay 730 personas viviendo en la calle. Así lo revela el “Relevamiento de Personas en Situación de Calle 2025”, realizado por la Red Federal Puentes y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El informe advierte: “El momento de las políticas públicas pertinentes para el sector es ahora. La emergencia es ahora. La calle no es un lugar para vivir ni para morir”.
Los datos también muestran un incremento sostenido: en 2023 se habían registrado 505 personas y en 2024, 648. En solo dos años, el número creció un 44,5%. La coordinadora de Red Puentes Santa Fe, Agostina Bottaro, señaló que “los números hablan de un crecimiento del 46% en la era Milei. El estado de las personas en situación de calle es cada vez peor, reflejo de políticas que deshumanizan y profundizan la exclusión”.
Los realizadores del relevamiento aclararon que si bien se registró un aumento significativo de personas en situación de calle, se trata de un muestreo y no de un censo, por lo que las cifras no representan la totalidad de esta población. Además, más allá del número, las condiciones de vida se han deteriorado en el último año, con un agravamiento incluso en menos de 365 días desde el relevamiento de 2024. Tras dar a conocer el informe, junto a otras organizaciones presentaron ante el Concejo Municipal el proyecto de ordenanza para declarar la “Emergencia social en materia de situación de calle”.
Las mujeres afuera
En Santa Fe, actualmente funciona solo un parador municipal que, en la práctica, aloja exclusivamente a varones. Esto deja fuera del sistema de protección estatal a mujeres, disidencias y a las niñeces a su cargo. Este hecho evidencia que, más allá de la existencia de algunos dispositivos estatales —que podrían contarse con los dedos de una mano—, estos no están diseñados, ni pensados, ni adecuados para abordar de manera integral la problemática de las personas en situación de calle y las múltiples dimensiones que se desprenden de esa realidad.
Esta exclusión no es un detalle menor: refleja una política que reproduce desigualdades estructurales. Mientras los varones cuentan, al menos, con un refugio al que pueden acceder, las mujeres en situación de calle se ven obligadas a permanecer de manera continua en espacios inseguros, expuestas a múltiples violencias o a depender exclusivamente de organizaciones comunitarias y sociales, que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para acompañar una situación de tal complejidad.
Milagros Ortíz, de Red Puentes, afirmó en diálogo con Periódicas que “el Estado debería asegurar y garantizar la existencia de paradores municipales que no solo alberguen a varones, sino que también proyecten la apertura de espacios destinados a alojar y abordar la problemática que atraviesan miles de mujeres y disidencias. Además, en muchos casos, sería necesario reformular los procesos de admisión en estos lugares, que para las pibas que acompañamos cotidianamente suelen resultar invasivos y revictimizantes. No existe una escucha activa y se evidencia una marcada falta de articulación entre estos dispositivos municipales y las organizaciones sociales, que somos quienes las acompañamos en la realidad”.
La calle y la violencia machista
Este informe detalla que son 86 las mujeres que viven en la calle, cifra que se incrementó respecto al año pasado donde se registraron 64. Uno de los factores interesantes y tristes para resaltar es el que hace alusión a situaciones de violencia: más de la mitad de les entrevistades (el 60,2%) manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia, en muchos casos ejercida por fuerzas de seguridad como la Policía o la Guardia de Seguridad Institucional (GSI).
En el caso de las mujeres, este factor tiene el agregado extra del género: el relevamiento indica que “más de la mitad de ellas reportaron haber sufrido situaciones de violencia por motivo de género, representando un 61,6% de las entrevistadas”. Y aclara que “además de significar una confesión muy íntima, algunas de estas mujeres fueron entrevistadas en presencia de su pareja, quien actuaba como testigo, lo que generó que muchas no se atrevieran a declarar haber sufrido algún tipo de violencia de género. Esto podría explicar el 10,5% de respuestas que indican 'no desea responder'".
Otro dato alarmante que se revela es el alto porcentaje de mujeres que no recibieron ningún tipo de asistencia por esta razón, representando un 66%. “Al analizar las causas por las que estas mujeres no recibieron ayuda, se observa una multicausalidad: en su gran mayoría, no saben dónde pedir ayuda (31,4%), no tienen lugares cercanos a los que acudir (20%) o tienen miedo de solicitar asistencia (20%)”, se explica.
“La problemática de la violencia de género es uno de los factores que tiene mayor incidencia en el hecho de encontrarse también en situación de calle", explica Ortíz, y agrega: "Como trabajadora de la salud mental comunitaria escucho cotidianamente que los discursos de las pibas que acompañamos están totalmente atravesados por este tipo de violencias. No me parece menor, más allá de que el hecho de estar en calle desencadene muchísimos efectos subjetivos en cualquier sujeto, para las mujeres y disidencias es doblemente agravante, ya que el hecho de estar en la calle hace que se reproduzcan y se sigan exponiendo a otros tipos de violencia que refuerzan este ciclo más estructural”.
Además, explicó que “cuando los refugios existentes no aceptan a mujeres, disidencias, incluso no aceptan a mujeres que son madres con sus niñeces a cargo, esa vulnerabilidad se agrava aún más. En muchas ocasiones las mujeres no denunciaron porque justamente no confían en el sistema institucional o por temor a represalias; también por miedo a que no se le tome valor a su palabra, por desconocimiento de sus derechos, por experiencias previas, incluso de manera negativa, con la justicia, con la policía”.
En tanto, otro de los espacios de contención como suelen ser las familias o les amigues, también fallan: “En otros casos sus redes familiares o de afecto no funcionan como red de protección sino todo lo contrario, pueden estar involucradas en la misma reproducción de la violencia que sufren o incluso por estos mismos vínculos afectivos pueden ser expulsados de su hogar o no tienen los recursos simbólicos para poder brindar otro tipo de alojo y de apoyo frente a esta problemática”.
Para romper este ciclo, la trabajadora sostiene que es necesario que existan dispositivos seguros con perspectiva de género y con una admisión digna: con un acompañamiento en la denuncia, con equipos que sepan articular situaciones de salud mental, de consumos problemáticos, de cuidados y de violencia de género.
Pero también deben fortalecerse las redes comunitarias que funcionan como contención. Y sobre esto Ortíz sostiene: “Hoy en día solamente las transitan, las contienen y las alojan las organizaciones sociales, porque como política pública dentro de los dispositivos que ofrece el municipio, la verdad es que no hay un trabajo articulado y ni siquiera pensado desde una perspectiva de género que justamente intente paliar esta problemática y no simplemente reducirla a ser una buena o mala víctima. En muchas situaciones se evidencia tanto la falta de articulación, pero también la nula disponibilidad para trabajar articuladamente con las organizaciones sociales que son muchas veces los espacios que alojan y contienen por primera vez a las pibas que están atravesando por esta situación".
Sin techo y sin acceso a la salud
De esas 86 mujeres relevadas cinco afirmaron estar embarazadas. Los datos visibilizan también las dificultades en cuanto al sistema de salud pública, evidenciando que gran parte de las personas que se encuentran actualmente en situaciónde calle no han podido acceder a controles de salud hace más de un año y, en en algunas situaciones, por mayor tiempo.
“Las mujeres que relevamos no son seguramente la totalidad de las mujeres gestantes que se encuentren ahora actualmente en Santa Fe en situación de calle", explica Ortíz. "Respecto a las políticas que deberían pensarse para que puedan acceder a los controles médicos, creo que tienen que ver con que se cuente con la existencia de espacios de alojamiento que sean seguros para mujeres y disidencias, que alberguen a las niñeces también. Debería haber un seguimiento integral por parte de equipos especializados de salud pero también con un equipo de salud móvil que pueda ir al territorio y asegurarse de los controles, no solamente prenatales, sino de controles de manera integral en cualquier sujeto".
Casita de Mujeres y Disidencias de Red Puentes
La Casita de Mujeres y Disidencias de Red Puentes -que funciona en Jujuy 2820 de lunes a viernes 8 a 20- cumple un rol esencial al ofrecer un espacio seguro a esas mujeres excluidas. Allí encuentran contención emocional, acompañamiento cotidiano, todas las comidas del día y la posibilidad de organizarse y cubrir necesidades básicas.
Red Puentes forma parte del programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario de la SEDRONAR y allí se abordan el consumo problemático de sustancias y la situación de calle desde una perspectiva comunitaria e integral, basada en la garantía de derechos humanos y en las leyes de Salud Mental y de Personas en Situación de de Calle y Familias sin Techo.
El equipo interdisciplinario —integrado por profesionales de la psicología, el trabajo social, la abogacía y facilitadores comunitarios— acompaña a las mujeres, disidencias y niñeces que transitan el espacio a través de talleres recreativos, terapéuticos y de formación. También se brinda apoyo en trámites, atención de salud mental y derivaciones a programas o servicios públicos. Aunque aclaran que una limitación es no poder contar con espacios seguros para la nocturnidad, para ello creen que es necesario pensar esta construcción o armado en forma conjunta con el Municipio.
“La Casita funciona como una red de contención comunitaria, donde muchas mujeres encuentran por primera vez un lugar de apoyo para pensar y construir, junto al equipo, un proyecto de vida digno, distinto a lo que vienen transitando”, indicó Ortíz.
Emergencia: el Estado es responsable
Una vez más, las organizaciones sociales hacen el trabajo que debería hacer el Estado: según los datos recabados, en cuanto a la ayuda recibida “sólo el 41,5% de las personas entrevistadas expresaron haber recibido algún tipo de ayuda en el último mes, es decir, menos de la mitad. La ayuda recibida, en su gran mayoría, proviene de organizaciones sociales (54,6%)”.
Tras la presentación del informe, volvieron a ser éstas las que presentaron ante el Concejo Municipal de Santa Fe un proyecto de ordenanza para que en la ciudad se declare la “Emergencia social en materia de situación de calle”. La iniciativa prevé, entre otras cosas: una mesa de trabajo compuesta por miembros del Ejecutivo Municipal, el Concejo y organizaciones sociales para realizar un abordaje interdisciplinario de la problemática y, además, garantizar que se cumplan las políticas públicas pertinentes. Pero también la creación de un registro, la adecuación de los Centros de Integración Social, el fortalecimiento de recursos económicos o la garantía de alojamiento para mujeres, disidencias y niñeces.
Sobre esto, Milagros Ortíz detalló que “este proyecto para nosotros es urgente porque la realidad lo exige. En los últimos años la población en calle creció fuertemente, hace tres semanas relevamos a 730 personas en calle que, vuelvo a aclarar, es un muestreo, ni siquiera estamos diciendo que es la totalidad de la población que se encuentre ahora en esta situación. Lo que también se plantea en este proyecto es que muchos dispositivos estatales no están preparados para atender a mujeres, a disidencias ni embarazadas y el hecho de que el parador municipal solo acepte varones es una muestra concreta de cómo las políticas públicas actuales no contemplan a una gran parte de la población que también está atravesando por una situación de extrema vulnerabilidad. La ordenanza busca transformar respuestas asistenciales fragmentadas en una en una política pública con un diseño inclusivo, con recursos estatales y sociales que estén a la altura de lo que implica la situación”.
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