Terminó el proceso de reforma y, después de 63 años, Santa Fe tiene una nueva Constitución. Una actualización necesaria, que llega tarde pero que incluye nuevos derechos y garantías, reconoce las tareas de cuidado y la paridad. Sí, podría ser mejor, pero es la que se pudo lograr en tiempos de recorte a las políticas de género y discursos de odio.
Santa Fe tiene una nueva Constitución. Después de 63 años, la carta magna de los santafesinos incluye a las mujeres, nos nombra. Ese avance es grande, pero sin embargo, como feministas y siendo parte de un movimiento histórico, contemporáneo, vivo y de los más influyentes en la última década, nos parece tibio.
Esta es una Constitución que podríamos reconocer como la justa e inevitable. Era innevitable que nos nombraran, porque en la anterior solo aparecíamos dos veces. Era inevitable que teniendo una ley de paridad, no se consagrara ese derecho por medio de la Constitución. Esta nueva carta magna avanza sobre lo justo, pero ahí se queda.
Qué dice la nueva Constitución sobre nosotras
Lo primero que hay que destacar, y por lo que se hizo un arduo trabajo en la Comisión Redactora de la reforma, es la utilización de un lenguaje más inclusivo, que no haga referencia a ningún genero en particular. De esta manera, la Constitución habla de “persona”, “individuo”, “habitantes” o "la ciudadanía", aunque en algunas ocasiones utiliza el adjetivo masculino como genérico.
Esta Constitución incorpora los tratados internacionales ratificados por el Estado argentino y las leyes dictadas en su consecuencia. La Constitución Nacional jerarquiza diversos tratados internaciones que aseguran la igualdad y la no discriminación, protegen los derechos humanos y hacen hincapié en la protección de las mujeres, las diversidades y las infancias. También existen otros convenios y tratados internacionales que procuran eliminar la discriminación racial y de las personas con discapacidad.
A partir de ahora, la provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso, y no establece religión oficial. Es un paso más hacia el tan reclamado “Iglesia y Estado, asunto separado”. Sin embargo, dice que existe una relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, y aclara que se rige en los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad.
La idea de nombrar explícitamente a la Iglesia Católica se coló al final, casi sobre la hora. Fue después de que el arzobispo Sergio Fenoy hiciera una conferencia de prensa pidiendo que se la reconociera en la Constitución, seguido de cadenas de mensajes de las escuela católicas en el mismo sentido y llamados de los curas a los propios convencionales.
Según aclararon los convencionales, esta incorporación de último momento se debe a una cuestión técnica. Es que la Iglesia Católica está incluida en el registro nacional de cultos e iglesias, debido a su antigüedad. Por lo que decir “iglesias y los cultos legalmente reconocidos” no la incluye.
Por otro lado, en su artículo 13, la nueva carta magna sostiene que “la provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas”. Y se compromete a adoptar “medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación” y remarca que estos criterios se tengan en cuenta especialmente en los grupos que se encuentren en desventajas estructurales, destacando la protección de niñas, niños y adolescentes, los principios de participación paritaria, y la igualdad y protección de las mujeres y las diversidades.
El artículo 22, además, indica que toda persona tiene el derecho al cuidado integral de su salud en todos los ciclos de la vida, que incluye los aspectos físico, mental, emocional, ambiental y social; y a “decidir sobre su propia salud siempre que no afecte la salud colectiva”.
En lo referido al mundo del trabajo, la Constitución indica que la Provincia debe impulsar la erradicación del acoso y la violencia laboral, en especial la violencia de género y la trata de personas. También reconoce el valor “social y económico” de las tareas de cuidado, aunque no las identifica como un trabajo.
En el artículo 26 establece que todas las personas tienen derecho a expresar libremente su identidad y ejercer sus derechos culturales sin discriminación.
Esta Constitución también sostiene que las listas para integrar la Cámara de Diputados deben respetar la paridad de género. También se exige la paridad de género en la composición de la Corte Suprema de Justicia, que tiene siete miembros. En el resto de los cargos legislativos y ejecutivos (provinciales y locales), no se plantea la paridad obligatoria.
Nuestro nuevo contrato social
Sí, la Constitución de Santa Fe podría ser mejor, ir más allá. Por ejemplo podría desprenderse de las religiones e ir hacia un Estado completamente laico, aceptar a las tareas de cuidado como un trabajo, establecer la Educación Sexual Integral, prohibir los discursos de odio, exigir la perspectiva de género y muchísimas cuestiones más que a nosotras se nos puedan ocurrir.
Todo eso que nos parece algo completamente justo y lógico no está incluído, pero al menos tenemos lo básico. No nos conformamos, pero también tenemos que recordar que si tenemos paridad y se reconocen muchos de nuestro derechos, eso es mérito de nosotras, de tantas movilizaciones, discusiones, de la disputa del poder que dimos en las calles, en las redes, en las mesas familiares, en el seno de los partidos políticos y que llegaron hasta la Convención Reformadora. Allí también hubo quienes lucharon por esos derechos, convencionales que se enfrentaron a discursos desinformantes y de odio por parte de sectores más conservadores como Somos Vida y Familia o La Libertad Avanza, y hasta a sus propios compañeros de bloque.
Sabemos que una Constitución es el contrato de una sociedad, es la que establece las pautas de convivencia y de comportamiento de los tres poderes del Estado y de toda la sociedad, es la que nos dice “esto sí y esto no”, “este es el límite y hasta acá podes seguir”. Eso significa mucho, todo díría. Este nuevo contrato nos sirve y hasta cierto punto nos alegra, pero nos deja con ganas de más.
Escribe. Se especializa en policiales y judiciales.
