Por Ana María Acevedo, organizaciones feministas reclaman al Ministerio de Salud provincial que quien asuma como autoridad máxima del Servicio de Ginecología del hospital Iturraspe respete los derechos humanos, sexuales, reproductivos y no reproductivos de pacientes.
Ante la jubilación del jefe de Ginecología del hospital Iturraspe, Samuel Seiref, organizaciones feministas de la ciudad de Santa Fe reclaman al Ministerio de Salud provincial que quien asuma ese cargo tenga perspectiva de género y que respete el marco normativo vigente de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivo a pacientes. La solicitud fue realizada por la Multisectorial de Mujeres de la ciudad de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras a través de un documento presentado a las autoridades sanitarias.
En el escrito, plantean la necesidad de convocar a un concurso que acredite la debida capacitación en perspectiva de género y la contratación de personal con probados antecedentes en la garantía de estos derechos. "Esta semana se cumplieron 14 años de la muerte evitable de Ana María Acevedo en 2007, en ese mismo hospital. En esa oportunidad, tanto el personal directivo del nosocomio como el personal de Ginecología decidió apartarse de la ley y actuar de acuerdo a intereses particulares, negando el derecho al aborto que asistía a la joven, negando además la atención del cáncer que padecía por estar embarazada", recuerdan.
"La historia de Ana María es también la historia de muchas otras mujeres y personas gestantes violentadas por este Servicio, a quienes se les ha negado u ocultado información, a quienes se ha descalificado por una decisión personal, a quienes se les ha mentido acerca de las prácticas abortivas, pretendiendo disuadirlas de la opción. Sostenemos que el aborto es un derecho, no una imposición. Sin embargo, quienes supuestamente actúan en nombre de la vida muchas veces no respetan las leyes vigentes y operan como una supuesta reserva moral de lo que cada quien debe o puede decidir en torno a su salud y a su historia personal", agregan.
Asimismo describieron que durante 2020 y en plena pandemia, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito logró la sanción de una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 27.610. "Luchamos por más de 15 años. La letra de la norma, consensuada en el Congreso Nacional, reconoce el derecho a la objeción de conciencia para quienes deben intervenir de manera directa en la interrupción de un embarazo, pero también establece obligaciones. Es obligación derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones", sostienen.
Y continúan: "Es obligación realizar el aborto en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Es obligación prestar atención sanitaria postaborto. Así lo establece la normativa vigente a nivel nacional, normativa que también está vigente dentro de las paredes del hospital Iturraspe. Por lo tanto, el Ministerio de Salud debe revisar la conformación y jefatura de ese equipo a los fines de adecuarse a las demandas existentes en la población y a las leyes que emanan del Estado argentino".
En esta línea, expresaron sus deseos para que el legado de Ana María Acevedo sea respetado. "El Ministerio de Salud tiene hoy la oportunidad de dar respuestas a esta demanda histórica. Desde el movimiento feminista santafesino hemos planteado la problemática, convertimos el derecho al aborto en ley y además proponemos alternativas: que se abra un concurso que acredite la debida capacitación en perspectiva de género para que quien ocupe ese cargo tenga probada trayectoria en favor de los derechos a la salud de las personas gestantes, entendida como un derecho humano. Sería lamentable que nuevamente por una mala praxis el Estado provincial deba pedir disculpas e indemnizar a las familias como en el caso de Ana María Acevedo. El momento es ahora. La decisión política está de su lado", reclaman las organizaciones feministas.
