Con el fin de la autarquía, proyectos clave para la soberanía alimentaria y el empoderamiento de rurales y comunidades quedan en el abandono. La decisión del gobierno de Javier Milei y sus consecuencias.
“El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), nació el 4 de diciembre de 1956 a raíz del Decreto Ley 21.680/56 como un organismo público descentralizado. Su misión principal es generar, adaptar y transferir tecnologías para el desarrollo agropecuario y rural sostenible del país, buscando mejorar la competitividad y productividad del sector”. Eso es lo que da una primera búsqueda si preguntamos qué es este organismo.
Pese a su prestigio, el INTA se convirtió en uno de los blancos del gobierno de Javier Milei en su ofensiva por desmantelar el Estado. Siguiendo la misma línea que con el INADI, el INTI y el Instituto Nacional del Cáncer, entre otros organismos, el Ejecutivo nacional avanzó sobre la institución mediante el decreto 462/2025. La norma no solo eliminó su autarquía histórica, sino que la subordinó a la Secretaría de Agricultura.
A partir de ahora, será el Poder Ejecutivo quien defina las políticas de investigación y extensión agropecuaria. El cambio no es solo administrativo: implica que las líneas de investigación, extensión rural y soberanía tecnológica dejarán de responder a demandas territoriales para alinearse con los designios de las 'fuerzas del cielo'.
Sobre lo que puede ocurrir con la prestigiosa institución dio un claro indicio Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien escribió en su cuenta de X: “El funcionamiento del INTA había perdido su rumbo estratégico. Las líneas de investigación quedaban libradas al criterio de cada investigador, sin vínculo con las necesidades reales del sector agropecuario. Así, en lugar de generar tecnologías y conocimientos aplicables a la producción, el organismo migró hacia el desarrollo de la agricultura familiar, o financiaba proyectos de investigación más de carácter sociológico que técnico (por ejemplo “Mujeres rurales: celebrar lo común y valorar la diferencia”, “¡Alto!... Una pausa a los cuidados. Mujeres rurales y el derecho al ocio y la recreación” o “Comidas del pueblo wichi”).
El Decreto Delegado 462/25, firmado por el Presidente @JMilei, @GAFrancosOk, @LuisCaputoAR y @Mariolugones_ar, dispone la transformación del INTA en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A su vez, reemplaza su conducción… pic.twitter.com/b4x88mU2Fb
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 8, 2025
Para entender el impacto real de estas medidas en el trabajo cotidiano del INTA y en las comunidades que dependían de sus programas, Periódicas conversó con Cecilia Páez, de la Agencia de Monte Vera.
Una vida dedicada al territorio
Cecilia es trabajadora social y comenzó su camino en el INTA en 2003, cuando se enteró de la existencia de un concurso abierto en el que participó con muchas dudas sobre su transparencia. “Teníamos la lógica de que para trabajar en el Estado tenías que tener algún contacto. Nos presentamos unas 20 personas, distintos profesionales, y para mi sorpresa a los pocos días me avisaron que había quedado para el puesto. Desde ahí me fui dando cuenta de la transparencia del sistema de ingreso”, recuerda.
Así, entró con un contrato para trabajar en el programa ProHuerta, que tuvo una vigencia de casi 34 años y fue una de los primeros que desmanteló el gobierno de Javier Milei en el INTA. El programa estaba enfocado en la autoproducción de alimentos y de semillas y en la soberanía alimentaria. El objetivo era que la gente pudiera producir su propio alimento. Cecilia hacía difusión barrial en municipios y comunas de todo el departamento.
El ProHuerta arrancó en los 90 con una lógica asistencial, para complementar la alimentación de las familias más vulnerables, pero con el tiempo fue creciendo y transformándose. De hecho, su permanencia se debió en gran parte a los matices que les fueron dando les trabajadores en cada territorio. Se incorporaron: manufactura y conservación de alimentos, trabajo con semillas, medicinas naturales; cosas que no estaban en la propuesta original pero que lo hicieron un programa conocido, querido y valorado en todo el territorio.
El programa nacional funcionaba en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que sólo administraba los fondos y definía las políticas alimentarias, mientras que el INTA se encargaba de la ejecución territorial. Con el tiempo, muchos de les trabajadores que habían ingresado como contratados pasaron a planta permanente y se dedicaron por completo al programa: recorrían comunidades, brindaban talleres de capacitación, adaptando las estrategias a las necesidades productivas de cada zona. En la región donde Cecilia trabajaba, por ejemplo, el equipo del INTA acompañaba especialmente a productores y productoras hortícolas, muchos de ellos descendientes de migrantes bolivianos que enfrentaban condiciones de alta vulnerabilidad.
Impacto en el trabajo territorial
Respecto del impacto concreto que pueden tener los cambios, Cecilia señala que van a modificarse las líneas de trabajo institucional: “Estas personas tienen la convicción de que el INTA no necesita hacer extensión. Lo han dicho en varias oportunidades”. Además, detalla que “trabajamos en una región hortícola, con líneas de investigación y extensión sobre piscicultura, horticultura y cinturón hortícola. No sabemos qué va a pasar.”
“Nosotros siempre vimos con muy buenos ojos la incorporación de profesionales de las ciencias sociales al trabajo en producción -afirma Páez-. Incluso cuando eso generaba alguna resistencia en compañeras y compañeros ingenieros. Pero también hubo muchas experiencias de trabajo conjunto, de entender que todo era necesario. Desde mi perspectiva, todo este recorrido —todos estos años de trabajo— muestran que lo interdisciplinario fue enormemente valioso. Nos permitió posicionarnos mejor en los territorios, sumar miradas. Quienes venimos de lo social muchas veces podemos aportar a ver un poco más allá, y eso se enriquecía en el intercambio con nuestros compañeros ingenieros”.
Páez continúa: “Y eso era algo que aprendíamos juntos. Valorar, por ejemplo, en qué condiciones nacía una lechuga: en un terreno alquilado, con esfuerzo, con poca agua, con una apuesta agroecológica de una productora convencida. La mayoría de las veces, eran mujeres las que sostenían esas apuestas. Muchas se volcaron a la agroecología por razones de salud, de cuidado. Y también fueron quienes intentaron convencer a sus compañeros de cambiar la forma de producción".
“Quieren reducir la planta de 6.000 a 4.500 personas, echar a 1500. Internamente ya nos bajaron contenidos por hablar de agroecología. Aunque no haya bajada explícita, sabemos qué se puede decir y qué no”, se lamenta la profesional.
Mujeres y soberanía alimentaria: el rol del INTA
El INTA trabaja desde sus comienzos con las mujeres y la ruralidad, acompañando las mejoras en su calidad de vida como habitantes de ese contexto. Eso se fue transformando, dándole protagonismo a la mujer como un actor fundamental en los procesos de desarrollo, ya que es ella quien comparte y expresa las necesidades sentidas de las comunidades y de las familias productoras y es quien vuelca, al encarar procesos de desarrollo de los territorios, los beneficios de los cambios en la calidad de vida de las familias y comunidades. Eso hace fundamental el trabajo del organismo con ellas, ya que las visibiliza. Pero, además, para comprender e interpretar las dificultades que enfrentan en el acceso al uso de la tierra, al recurso financiero, a la salud y también a la educación.
Periódicas preguntó a Cecilia Páez: ¿Por qué es importante que una institución como INTA trabaje en temas vinculados a género y qué se va a perder en lo concreto si este tipo de trabajo deja de hacerse? “Porque son cosas que debe hacer el Estado. Ningún privado se ocupa ni se va a ocupar”.
“Las mujeres productoras, la agricultura familiar y las comunidades originarias sostienen la producción de alimentos de cercanía -amplía Paéz-. Y eso es parte de nuestra comida diaria. El Estado tiene que hacerlo porque el sector productivo es diverso. Lo que esta gestión no entiende es que producir no es solo generar divisas, sino también alimentos. El rol del INTA es garantizar que quienes viven en las ciudades puedan seguir alimentándose de manera más sana y soberana. Ese cambio, que parece técnico, en realidad modifica profundamente el funcionamiento del INTA. Porque afecta su mirada, sus objetivos y, en definitiva, su razón de ser”.
Autoras: Gabriela Filereto y Lucía Medina
